Por TavoCibrerio

Publicidad oficial: El fin de una era.

Según el propio estado nacional, la publicidad oficial es toda forma de comunicación, anuncio y/o campaña institucional de carácter oneroso, gratuito o cedido por imperio legal, efectuado a través de cualquier medio de comunicación, por los organismos enumerados en el artículo 8º de la ley 24.156, el banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculas, para difundir acciones o informaciones de interés público. En otras palabras, las administraciones estatales, en sus diferentes configuraciones, tiene la obligación legal de dar a conocer sus iniciativas, notificaciones y propuestas de futuro.

Desde hace un largo tiempo, y para cumplir con dicho requerimiento reglamentario, los presupuestos públicos comenzaron a destinardinero para obtener esos espacios en los diferentes medios de comunicación,la vía pública e Internet. Esa lógica, rápidamente, se transformó en una herramienta fundamental de comunicación y, para los y las dueñas de esos sitios, en una fuente legítima de ingresos y financiación. Sin embargo, su implementación estuvo acompañada siempre de mucha discusión y contrariedades.

Fundamentalmente, en su distribución. O, mejor dicho, en su mala distribución. Con el correr de los años, y sobre todo durante estos últimos cuatro de gestión neoliberal, su asignación - o no - fue destinada a premiar o castigar lealtades, por un lado. Y, con ribetes que rozan lo escandaloso, a potenciar miradas inocuas, incapaces de esbozar alguna crítica importante sobre la gestión saliente, por otro.

Según datos oficiales de la Secretaria de Comunicación Pública – dependiente de la jefatura de gabinete de ministros -, en 2018, el gobierno volvió a bendecir al Grupo Clarín con la mayor parte de la torta disponible. Seguido por el grupo Grupo América y Telefe. Del sector alternativo, popular y comunitario, ni noticias. No existen, al menos en una primara búsqueda, datos concretos sobre este sector y su relación con la difusión estatal.

Desde una mirada empírica de la situación, se puede afirmar que la llegada de esta publicidad a los medios populares se da, en la mayoría de los casos, por amistad o bolseros publicitarios. No hay, salvo en contadas excepciones, una decisión política al respecto.

Además, copiando lo ocurrido en 2017, el soporte donde se buscó, y encontró, más lugar fue la televisión hegemónica abierta. Ese soporte se llevó el 27 % de la inversión total. Seguido por la gráfica (19.5 %), radio (16.6 %), Internet en todo concepto (14.3 %), señales de cable (13.3 %) y vía publica con un 7.7 %. El casi 2 % restante se fue en sponsoreo de eventos y cine.

En su discurso de asunción, sorprendiendo a propios y extraños, Alberto Fernández anunció un nuevo mecanismo para el reparto de la pauta pública. Sin entrar en detalles, adelantó que el nuevo paradigma perseguirá objetivos innovadores y muy diferentes a los actuales. Se intentará abandonar la vieja lógica de la publicidad estatal, aquella que sólo registra visibilizar las cuestiones positivas de la administración de turno y, en paralelo, buscará ser una contribución positiva a la educación federal.

A su vez, afirmó la eliminación de las partidas individuales, destinadas a periodista - devenidos en operadores políticos - para costear programas propios de radio, televisión y/o páginas web sin empleados y con pocas visitas. Por cierto, incoherente y recurrente maña oficialista, no exclusiva de ningún partido político, pero que Cambiemos viene utilizando fuerte desde su primera gestión en la Ciudad de Buenos Aires.

En contra partida, según el presidente, sólo las empresas periodísticas y los medios de comunicación tendrán la potestad de acceder a este tipo de pauta. Sin dudas, además de cuidar el dinero público, la decisión explora originales concepciones y funcionamientos, intentado alejar el fantasma de Lowfare, tan de moda hoy por estas latitudes, y de las Fake News. No obstante, el debate no finaliza aquí. Por el contrario, recién empieza. El estado debe articular sus medidas sin olvidar ningún sector. Hoy, en nuestro territorio, existen normativas claras, y en vigencia, de cómo se debe distribuir la pauta oficial, en forma equilibrad y con todos los espacios adentro.

Obviamente, la masividad es fundamental para obtener resultados positivos en las campañas sanitarias o de prevención. A pesar de ello, dentro de este escenario, el estado tiene la posibilidad de cumplir, en simultaneo, otro rol. Fomentar, potenciar y asegurar la existencia de otra forma de comunicar, sin olvidar la disputa por la pauta privada, es la otra oportunidad que brinda la pauta pública…Ojala así sea está vez.

TavoCibrerio. Comunicador popular, docente e integrante de Ucaya.

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