Por Nahuel Sosa
Disputar qué tipo de Justicia queremos
(Por Nahuel Sosa/Especial para Motor Económico) A partir de la consolidación de un neoliberalismo recargado en gran parte de América Latina, se han reconfigurado los modus operandi que utilizan las distintas corporaciones, entre ellas la judicial, para intervenir en las pujas de poder. El abuso y la acción de desvirtuar las figuras jurídicas como la prisión preventiva o el juicio político marcan un cambio de paradigma respecto al rol de la justicia en las sociedades modernas.
Podemos caracterizar por lo menos tres momentos significativos en los que el poder judicial asumió distintas funciones durante el siglo XXI. El primero se refiere a su posición con respecto a los procesos de emancipación popular,que emergieron con un profundo carácter antineoliberal como los de Argentina, Ecuador, Brasil, Venezuela y Bolivia. En líneas generales se observa que ante cualquier intento de los gobiernos por transformar, sea de forma parcial o estructural el aparato judicial, la respuesta siempre fue la defensa a ultranza de la corporación por encima de cualquier interés general y una alianza explícita o implícita con los sectores opositores. La puesta en escena de una justica ejemplar y republicana frente al avance del autoritarismo populista, fue el caballito predilecto de la industria mediática. En el segundo momento se produce un desplazamiento que coloca al poder judicial en un agente central de los procesos destituyentes y en la construcción de una renovada Doctrina de Seguridad Nacional. El aval de la corte suprema hondureña a la destitución del jefe de Estado Manuel Zelaya (2009), el juicio político exprés al presidente de Paraguay Fernando Lugo (2012) son algunos de los antecedes que se sumaron a la tipología de “golpes institucionales” que tuvo su expresión máxima en Brasil con el impeachment caricaturesco que logró derrocar a Dilma Rousself. El último momento es el que estamos atravesando en estos días, donde cada vez se hace más evidente el entramado de las elites latinoamericanas con los aparatos mediáticos y judiciales.
Hoy la justicia opera en dos dimensiones simultaneas: por un lado como tapón de posibles alternativas políticas, la proscripción a Lula es su expresión más cabal y por el otro como garante del orden neoliberal mediante la criminalización de la protesta y la legitimación de la violencia institucional.
Si bien no es algo nuevo que la justicia actué acorde a los intereses de los sectores dominantes, hay algunos elementos significativos que son particulares de esta etapa. Entre ellos podemos mencionar: el papel protagónico en los golpes de estado de nuevo tipo, los niveles de desacreditación ante la opinión pública, la guerra jurídica como forma de solucionar los conflictos socio-políticos, la judicializacióndel quehacer político yla mediatización de la práctica judicial.
No se trata de analizar a la justicia como un todo compacto con intereses homogéneos que estáexceptuado de contradicciones y matices internos. Hay fracciones, hay incluso corrientes que batallan cotidianamente por una justicia al servicio de las mayorías postergadas. Pero de lo que se tratar es de comprender cuál se impone en cada momento histórico. Tal vez estemos en presencia de una nueva doctrina que condena con indicios sin que haya prueba, que renuncia al principio de inocencia y ejercita un punitivismo demagógico para linchar las memorias insurgentes.
Transformar de raíz los pilares que sostienen una justicia funcional a los intereses del poder real fue una deuda pendiente en la mayoría de los procesos populares. Sin embargoen tiempos de reflujos y de crisis en la representatividad que tienen determinadas corporaciones asumir el desafío de disputar qué tipo de justicia queremos, es una tarea esencial para ganar las futuras batallas judiciales y culturales.
(*)Licenciado y Profesor en Sociología (UBA)
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