POR HORACIO ROVELLI
SI NO SE TRABAJA, NO SE COME
La historia de la salud pública muestra ejemplos de cuán difícil es controlar una pandemia, especialmente cuando la infección se propaga con la rapidez del Covid-19, no se tiene ni se cuenta con un conocimiento acabado de cómo se contagia, no hay tratamiento ni vacunas efectivas, la incertidumbre y el temor social se agigantan y no hay pautas claras de cómo actuar. De allí la medida elemental y necesaria de la “cuarentena” y el aislamiento de afectados, que conforma una de las pocas estrategias efectivas. Pero no puede ser eterno, porque en nuestro país (y en mayor o menor medida en todo el mundo), si no se trabaja, no se come.
La disyuntiva es por cuánto tiempo y cuántas personas pueden guardar cuarentena, y más cuando no se puede precisar el lapso necesario por el propio proceso de contagio. Lo critican al Presidente Andrés López Obrador, pero gracias a las políticas liberales de flexibilidad laboral y según estadísticas oficiales de México, el 85,6% de la ocupación se desempeña en microempresas con 10 o menos empleados donde trabajan sin contrato el 67,8% del personal y el Estado federal no cuenta con medios para atender las necesidades mínimas de casi 25 millones de trabajadores con sus respectivas familias, que están en esas condiciones.
En los EE.UU. al día 26 de marzo, los pedidos de asistencia por desempleo alcanzaron los 3.450.000 personas, superando en cinco veces a la crisis de 2009 que fue de 665.000 trabajadores. Esa Nación cuenta con importantes recursos y emite dólares, pero por la lógica de mercado no puede contener a millones de parados por un lado y, por otra parte, al ser su sistema de salud esencialmente privado (bajo la misma lógica), no tiene forma de frenar la pandemia que hasta ahora se ha desarrollado esencialmente en los sectores altos y medios de ese país, superando los 1.000 muertos y con decenas de miles de infectados.
El Covid-19 puso en descubierto, en todos los países que se basan en la lógica del mercado, la precariedad de la salud pública y la ausencia del Estado y de la planificación, con un “mercado laboral” desregulado, precarizado y mercantilizado en extremo, con niveles de desigualdad y pobreza económica, habitacional y energética que conforman el eslabón más débil de la sociedad.
Los países desarrollados que cuentan con recursos toman medidas de emergencia económica, social y sanitaria. En los EE.UU., el proyecto de ayuda superará los 2 billones de dólares (más de cinco veces y media el PIB argentino) y tiene tres componentes: pagos directos por 1.200 dólares mensuales para trabajadores, ampliación de los beneficios por desempleo y un pago adicional de 500 dólares por hijo; un fondo de 500.000 millones de dólares para las empresas, de los cuales unos 75.000 millones se aplicarán a actividades específicas ligadas al turismo, como las aerolíneas y hotelería; y un programa de préstamos para las pequeñas y medianas empresas por 367.000 millones de dólares para que los pequeños negocios sigan pagando salarios mientras se obliga a sus empleados a quedarse en casa.
En Europa, otro tanto. En Italia al día 26 de marzo hay 8.165 fallecidos y 80.539 infectados. España registra más de 4.300 muertos y supera los 57.600 contagios. En ese marco, el Banco Central Europeo emite euros por 750.000 millones y los distintos gobiernos reasignan recursos para asistir a los enfermos y sostener a la mayor parte de sus trabajadores que se queden en sus casas.
Pero ellos, mal o bien, pueden hacerlo. No es el caso de la Argentina, con los gravísimos problemas de vivienda y desempleo y precariedad laboral que se refleja en que el 35,4% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, con cinco millones de monotributistas, 4.800.000 trabajadores en negro y 1.900.000 desocupados, que viven del trabajo diario.
Hay que preservar los ingresos de estos trabajadores y para ello se requiere que el Estado —nacional, provincial, municipal— les genere asistencia médica y alimentaria. Para que con los debidos controles sanitarios y aplicación del test sobre el Covid-19 se generen puestos de trabajo y su correspondiente pago y que los trabajadores se organicen por barrios, por cuadras, por tareas, etc. Los recursos están. Hay alimentos, vestimentas, medicamentos, instrumentos de trabajo, personal médico y paramédico, y si no lo hay en cantidad suficiente se los produce: es una economía de guerra y se deben movilizar todos los recursos, con desgravaciones impositivas, de aportes previsionales, de colocación de bonos, cheques, pagarés, vales estatales que superada la crisis el Estado nacional va a cancelar. La utilización de moneda no convertible en divisas y demás activos financieros debe emplearse para pagar impuestos, tasas y comprar los bienes e insumos más indispensables, como fueron las monedas provinciales en la crisis de los año 2001 y 2002.
China y las economías de decisiones centralizadas
El problema de Covid-19 se origina en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular China. En dos semanas en esa ciudad se construyeron dos hospitales nuevos de 1.200 camas uno y 1.500 camas el otro, movilizando grandes máquinas y gran cantidad de trabajadores, a quienes equiparon y dotaron de 450 médicos y de diez veces esa suma en personal paramédico. Fallecieron por el Covid-19 solamente en esa ciudad 2.524 personas y 3.160 en toda la provincia de Hubei. Por otra parte, el número total de infectados diagnosticados en toda China desde el inicio de la pandemia es de 81.171, entre los que han perecido 3.277 personas. También se ha dado de alta a 73.159 personas tras haber superado con éxito la enfermedad.
Las autoridades sanitarias de la República Popular China decidieron levantar el 8 de abril la cuarentena a los habitantes la ciudad de Wuhan.
Si uno se detiene unos segundo a pensar cómo hizo China, la combinación no puede ser más elemental y lógica: planificación y trabajo. Un Estado fuerte que piensa y que tiene como principal objetivo la grandeza de su Nación, que en este caso puntual llevó a reasignar todo los recursos posibles para resolver el tema sanitario.
Si uno estudia cómo se gesta la inversión en China, el rol del capital trasnacional y un Estado presente, ve detrás una gran planificación estatal, que como todo plan debe tener objetivos claros y precisos. Es lo que le permite, paralelamente a ocuparse del problema sanitario y ante la fuerte baja en el precio de las acciones de empresas trasnacionales en ese país, que el Estado chino las compre con lo que se convierte en el accionista mayoritario de las empresas construidas por europeos y estadounidenses en su país.
EE.UU. y los países desarrollados tienen muchos más recursos, pero no cuentan con un Estado que planifique y trabaje por el bien común. Cuentan en cambio con especuladores de todo tipo que se beneficiaron con el derrape de los precios de los títulos y acciones para quedarse por menos de la mitad con algo que vale el doble. A esas conductas no se les ponen límites, al contrario: se las toma como lógicas y hasta correctas.
No digo que sea fácil vivir en China, pero sin haber descubierto la vacuna, le ha puesto un freno a la pandemia. Desgraciadamente, en el autodenominado «mundo libre» los muertos y los infectados se van a contar de a miles, mientras que los efectos del descenso de la actividad económica en su magnitud y en su prolongación en el tiempo serán desconocidos. Ni tan siquiera en esos países ricos se puede garantizar un testeo masivo de la población, que hace imposible saber cómo evoluciona el contagio del virus, mientras en Wuhan a partir del 8 de abril el Estado otorga “códigos verdes” a sus habitantes.
En la Argentina
El Estado bajo la conducción del Presidente Alberto Fernández y de un equipo en salud que no dudó en convocar a los principales sanitaristas e infectólogos del país, enfrenta la pandemia que al día 26 de marzo reconoce 12 muertos y 589 contagiados. Rápidamente se declaró la cuarentena y se compraron equipos para hacer frente al problema sanitario, centrando más en la prevención, tarea que debe apuntalarse con imprescindible testeo médico.
Se dotó de recursos al Ministerio de Desarrollo Social, a los gobiernos provinciales y a las intendencias para la compra de comida y asistencia a los comedores y viandas; paralelamente se compran materiales y herramientas para realizar tareas comunitarias, que siempre son insuficientes ante la magnitud del problema y la precariedad desde donde se parte.
A eso se le suma el auxilio a los cuentapropistas —monotributistas y trabajadores informales— con un bono extraordinario de 10.000 pesos que se hará efectivo en abril e implicará una inyección de unos 40.000 millones de pesos por mes para asistir a cuatro millones de personas en una segmentación hecha por tasa de pobreza e imposibilidad de reemplazar la actividad con teletrabajo.
Como lo dijo el Presidente, las dos variables para que no se profundice el problema y la pobreza son los precios de los alimentos y su abastecimiento y mantener las «changas», el trabajo informal.
Todos saben que si el tema se prolonga, la cuestión social en los Conurbanos de las grandes ciudades del país se tornará crítica.
También saben —el suscriptor a El Cohete a la Luna Hernán, de Rosario, nos los recuerda— las medidas adoptadas en los EE.UU. en la crisis de 1930 por el Presidente Franklin D. Roosevelt en el New Deal, donde se aplicó por ejemplo la Ley de Adaptación Agrícola y el apoyo a desempleados a través de los Estados de ese país, para generar trabajos en la construcción y reparación de carreteras, adecuación y mejoras de colegios, jardines, juzgados y otros edificios públicos que nosotros podríamos extender a viviendas, red cloacal, de agua, de gas, etc.
Los recursos están, como dijo en su discurso ante la pandemia el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele: “Ustedes se privan de una parte de lo que les sobra y el pueblo se priva menos de lo que le falta”.
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