Por Héctor Bernardo
América Latina 2019: avances y retrocesos en un territorio en disputa
En Chile, Colombia y Ecuador, el pueblo se levantó contra el neoliberalismo; en Bolivia, la derecha dio un golpe de Estado; en Argentina, el campo popular recuperó el gobierno y en Uruguay Lacalle Pou se impuso en el balotaje. En Perú, Vizcarra cerró el Congreso, en Venezuela, Maduro asumió su segundo mandato y Guaidó se autoproclamó "presidente". En Paraguay, Abdo Benítez estuvo al borde del juicio político; en Brasil, Lula recuperó su libertad; y en Cuba aprobaron la Reforma Constitucional.
Durante 2019, en América Latina se pudo apreciar, con una claridad inusitada, la lucha entre dos modelos económicos, políticos y sociales: por un lado, el modelo neoliberal impulsado por las oligarquías locales, en alianza con los sectores internacionales del capital financiero especulativo, el Departamento de Estado norteamericano, los grandes conglomerados multinacionales y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por otro lado, los proyectos populares (en todas sus variantes) que buscan la reindustrialización, la recuperación de los derechos de sus trabajadores, la defensa de la soberanía y la reconstrucción de los espacios de integración regional.
Como un breve y rápido repaso sobre los hechos más trascendentes acontecidos en la política regional durante el año que se acaba de terminar, se puede marcar lo que sigue.
El 1° de enero de 2019, mientras en Cuba se festejaban los sesenta años del triunfo de la revolución socialista, en Brasil asumía el gobierno el ultraderechista Jair Bolsonaro, que rápidamente expulsaría a los médicos cubanos que llevaban una tarea loable prestando servicios en los rincones más humildes y postergados del gigante suramericano.
En el plano internacional, Bolsonaro se alineó de inmediato con los intereses de Estados Unidos e Israel, y en el plano local realizó una reforma de pensiones que terminó de profundizar el camino iniciado por el golpista Michel Temer al destruir el poder adquisitivo y los derechos de los sectores más vulnerables. El nuevo mandatario brasilero desfinanció la educación e impulsó un programa de privatizaciones y entrega de los recursos soberanos de su país.
Pocos días después, el 10 de ese mismo mes, Nicolás Maduro asumió su segundo mandato como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Dos semanas más tarde, el 23 de enero, el diputado Juan Guaidó (con el mandato de Washington) se autoproclamó en una plaza pública «presidente encargado» de ese país.
Tras un mes de su ficticio mandato (ya que no controla el territorio ni las instituciones y la mayoría de los países no reconocen su autoproclamación), el 23 de febrero, con la excusa de llevar «ayuda humanitaria», Guaidó intentó hacer ingresar por la fuerza, desde Colombia a Venezuela, una serie de camiones (que luego se comprobó que en lugar de alimentos y medicamentos llevaban máscaras de gas y herramientas para los grupos violentos que actúan contra el gobierno). En ese accionar golpista fue acompañado por miembros del Grupo de Lima (espacio al que no se le conoce otra finalidad que agredir sistemáticamente al gobierno venezolano).
Entre quienes acompañaron al autoproclamado «presidente» en este nuevo acto de agresión impulsado por Washington se encontraban los mandatarios de Colombia, Iván Duque, de Chile, Sebastián Piñera, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez. También estaban presentes dos personajes siniestros: Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), uno de los principales alfiles de Estados Unidos para su política de recolonización de la región (que luego cumpliría un rol fundamental en el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales), y Marco Rubio, senador norteamericano ultraderechista del Partido Republicano con vínculos con los grupos terroristas radicados en Miami. Pero los planes de la derecha se vieron frustrados y los camiones no pudieron ingresar.
El 26 de febrero, con más del 86% de los votos, los cubanos aprobaron la nueva Carta Magna. El referendo representó la culminación de un amplio proceso participativo de reflexión y debate de cada uno de los artículos. En la nueva Constitución se remarca el carácter socialista del sistema cubano y rubrica la continuidad con la histórica revolución liderada por Fidel, Raúl, Camilo y el Che y ahora conducida por el presidente Miguel Díaz-Canel. Pocos días antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado (una vez más) el «fin del socialismo», lo que indudablemente fue más una expresión de deseo que una expresión que tuviera algún tipo de sustento en los hechos.
Fuera del continente, pero como consecuencia de la decisión del mandatario ecuatoriano Lenín Moreno, el 11 de abril se produjo la detención del periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange. El presidente de Ecuador autorizó que Assange fuera detenido y sacado por la fuerza de la Embajada de Ecuador en Londres (Inglaterra). Con esa acción, Moreno se transformó en un cómplice necesario del entramado que terminó con el encarcelamiento del periodista de origen australiano y ciudadanía ecuatoriana. El arresto del fundador de WikiLeaks es un golpe a la libertad de expresión, un mensaje terrorista para amedrentar a la prensa independiente.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló en su cuenta de Twitter: «El traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana, Lenín Moreno, permitió que la policía británica entre a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange. Moreno es un corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad jamás olvidará».
Ese mismo mes, el 17 de abril, el ex mandatario peruano líder del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), Alan García, se suicidó al enterarse de que había una orden de detención en su contra. Alan García Pérez fue presidente de Perú en dos ocasiones: en 1985-1990 y en 2006-2011. Con 69 años, estaba acusado de corrupción y, junto a otros funcionarios y exmandatarios, se lo vinculaba al caso Odebrecht.
En julio la crisis política estalló en Paraguay tras conocerse el acuerdo secreto firmado con el gobierno de Brasil por Itaipú. Las protestas populares provocaron la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, el embajador de Paraguay en Brasil, Hugo Saguier, el director paraguayo de Itaipú Binacional, José Alderete, y el titular de la Asociación Nacional de Electricidad (Ande), Alcides Jiménez, y pusieron al borde del juicio al presidente Mario Abdo Benítez.
En el acta, que se mantuvo en secreto durante dos meses, el mandatario paraguayo habría intentado beneficiar a la empresa privada LEROS, vinculada al presidente de Brasil, en perjuicio de la Asociación Nacional de Electricidad (ANDE), de la soberanía paraguaya y de sus ciudadanos.
El mandatario paraguayo debió disolver el acuerdo con su par brasilero y logró evitar el juicio político gracias a las negociaciones con sectores del Partido Colorado representados por el expresidente Horacio Cartes.
En septiembre la crisis se trasladó a Perú. El lunes 30, el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas (a realizarse en enero de 2020). El Congreso intentó nombrar seis nuevos jueces para el Tribunal C. A fin de frenar esos nombramientos, el presidente presentó una «moción de confianza», que le permitía impedir las designaciones.
La oposición fujimorista, que controla el Congreso, desconoció la medida, a la cual catalogó de ilegal. Los legisladores votaron la suspensión de Vizcarra por doce meses por supuesta «incapacidad moral», anunciaron el inicio de un juicio político en su contra y nombraron como presidenta interina a Mercedes Aráos, quien era en ese momento vicepresidenta de la nación. Veinticuatro horas después de su «nombramiento», Aráos presentó su renuncia y reclamó que las elecciones de enero no sean solo legislativas, sino generales. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad habían brindado su apoyo a Vizcarra, al que reconocieron como el legítimo presidente del país. Fue la primera señal del regreso de los militares a la escena política de la región.
En la noche del 2 de octubre, en Ecuador el presidente Lenín Moreno anunció una serie de medidas económicas que formaban parte del paquete pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La oposición denunció que el paquetazo económico decidido por Moreno implicaba: «disminución de salarios a empleados públicos en un 20%, la intención de privatizar aportes jubilatorios y reducción de los mismos, el recorte de un día de trabajo a los empleados de empresas públicas, la quita de subsidios a la gasolina y diésel y la liberalización del valor de la misma (anuncio realizado el mismo día que decidió retirarse de la OPEP, cuando el Ecuador es un país petrolero, lo que derivará en el aumento de precios de todo tipo de bienes, servicios y transporte), así como también se anunciaron la disminución de impuestos a sectores de grandes ingresos y la eliminación de impuestos a celulares, tablets, computadoras, maquinaria, tecnología, como una especie de TLC encubierto».
El pueblo ecuatoriano salió a las calles de manera masiva a protestar contra las medidas anunciadas por Moreno. La respuesta del gobierno fue una dura represión, la detención de un gran número de manifestantes y la declaración del Estado de excepción. Las protestas se extendieron hasta el 13 de octubre. Moreno debió eliminar el decreto que originó el conflicto pero aprovechó la crisis para perseguir a los opositores políticos. Algunos de ellos fueron arrestados (como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el exasambleísta Virgilio Hernández y el activista político Christian González), otros debieron exiliarse (como el excanciller Ricardo Patiño) y algunos debieron refugiarse en la Embajada de México (como la asambleísta Gabriela Rivadeneira).
A pesar de la derogación del decreto la tensión no desapareció, ya que la intención de Moreno de imponer la receta del FMI continúa.
En octubre 27, en Argentina, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner se impuso en las elecciones presidenciales derrotando a la formula oficialista Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto. El resultado implicó que Macri se transformase en el primer presidente argentino que se presenta a una reelección y pierde, y la derrota fue mucho más contundente al haberse producido en la primera vuelta, sin necesidad de balotaje.
Solo una semana antes, el 20 de octubre, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, ganó las elecciones y fue reelegido con un 47% de los votos. El candidato (y expresidente) Carlos Mesa obtuvo 36%. La derecha se negó a reconocer los resultados y veinte días después, el 10 de noviembre, cuando se estaba llevando a cabo una auditoría sobre las actas electorales, los sectores racista y fascista de Bolivia, cuya expresión más burda parece ser el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, junto con las cúpulas de la Policía y el Ejército, con la complicidad de algunos gobiernos de derecha de la región, una vez más el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y claramente la coordinación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana, dieron un golpe de Estado.
Un dato no menor es que una semana antes del golpe el helicóptero del presidente Morales debió hacer un aterrizaje forzoso, en lo que quedó evidenciado fue un atentado contra su vida.
Tras el golpe, y al estar en riesgo su vida, Morales fue asilado en México y luego, en diciembre, se trasladó a Argentina.
La senadora de derecha, Jeanine Áñez, quien no se encontraba en la línea sucesoria que señala la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, se autoproclamó «presidenta interina». Se desató una verdadera cacería contra los miembros del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS). Algunos de ellos fueron arrestados, otros debieron exiliarse y algunos se refugiaron en la Embajada de México.
El pueblo de Bolivia realizó varias protestas contra el golpe y el gobierno de facto respondió con una brutal represión que dejó más de treinta muertos, centenares de heridos, miles de detenidos y un gran número de desaparecidos.
El viernes 25 de octubre, en Chile, más de un millón de personas llenaron la Plaza Italia y las calles principales de Santiago. La manifestación fue calificada como la más grande de las últimas décadas en ese país. La diversidad de reclamos, el repudio al modelo económico y al accionar del gobierno.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, respondió como siempre lo hacen los gobiernos neoliberales, con represión. Se declaró el estado de excepción y el toque de queda. Se militarizó todo el país. Las violaciones a los derechos humanos se transformaron en moneda corriente. Decenas de muertos, centenares de heridos y miles de detenidos (muchos de ellos, menores de edad), torturas, violaciones, vejaciones y desapariciones.
A pesar de la brutal represión, el pueblo siguió en la calle. El gobierno debió retroceder y dar de baja las medidas que generaron el inicio de las protestas, y se anunció la realización de un plebiscito para aprobar o rechazar una reforma constitucional (la Constitución vigente en Chile fue promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet). Las protestas continúan.
El viernes 8 de noviembre, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue liberado este viernes de la cárcel de Curitiba donde estaba injustamente encarcelado desde el 7 de abril de 2018. El jueves anterior, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil había determinado que los condenados en segunda instancia deben estar en libertad hasta que se agoten todas las instancias judiciales para confirmar su sentencia o dictaminar su inocencia.
En Colombia, el 21 de noviembre (21N), el pueblo salió a las calles a protestar contra una serie de medidas económicas (reforma laboral) que impulsaba el presidente Iván Duque y que planeaban profundizar el modelo de desigualdad social instalado en ese país. Las manifestaciones se hicieron cada vez más masivas, la diversidad de reclamos se unificaron. Al igual que en Ecuador y Chile, en Colombia el gobierno respondió con represión. Al igual que en Ecuador y Chile, el pueblo sigue en calle.
En ese marco, siguió el asesinato de líderes sociales y excombatientes. Desde la firma del Acuerdo de Paz, más de ochocientos líderes y liderezas sociales cayeron bajo las balas del paramilitarismo, el sicariato, el crimen organizado y todos aquellos sectores ante los que el gobierno colombiano hace la vista gorda.
El 25 de ese mismo mes, en Uruguay, el neoliberal Luis Lacalle Pou (del Partido Nacional), por solo 30 mil votos de diferencia, se impuso en el balotaje contra Daniel Martínez (del Frente Amplio). La derecha vuelve a gobernar Uruguay luego de quince años de gobiernos del Frente Amplio (Tabaré Vázquez en 2005-2010, José «Pepe» Mujica en 2010-2015, y nuevamente Tabaré Vázquez en 2015-2020).
El 10 de diciembre, Alberto Fernández asumió como presidente de Argentina. El presidente saliente, Mauricio Macri, dejó un país terriblemente endeudado, condicionado por el FMI, con más de cinco millones de pobres e indigentes, un aparato productivo totalmente desmantelado, los salarios depreciados y las reservas totalmente comprometidas. Una verdadera «pesada herencia» que el nuevo gobierno deberá afrontar.
El 23 de diciembre, el gobierno de facto de Bolivia comenzó un brutal asedio con policías y militares contra la Embajada de México en La Paz con el fin de presionar para detener a los dirigentes del MAS refugiados en esa sede diplomática. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, decidió denunciar el accionar ante la Corte Penal Internacional (CPI). La autoproclamada presidenta Jeanine Áñez respondió con la expulsión de la embajadora de México, a lo que se sumó la expulsión del embajador de España que había visitado la sede diplomática mexicana.
En diciembre, el presidente legítimo del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, llegó a Argentina, se reunió con dirigentes del MAS y se puso al frente de la campaña de su partido para las futuras elecciones presidenciales. Morales aseguró que el 19 de enero de 2020 dirán quién es el candidato de su partido.
···
