Beni rompe la cuarentena porque la gente tiene hambre.

BOLIVIA AL BORDE DEL ESTALLIDO SOCIAL FRENTE AL CORONAVIRUS.

(Verónica Zapata (*)) El día martes 31 de marzo, la población de Riberalta y Trinidad, del departamento del Beni, al norte del país, cerca con la frontera con Brasil, decidió romper la cuarentena y salir a las calles a reclamar el cumplimiento de la entrega de la canasta familiar que prometió el gobierno de facto, y que no ha cumplido hasta la fecha.

La población se convocó para marchar en pos de hacer oír sus reclamos para exigir comida y trabajo. Los militares fueron rebasados y no pudieron contener a la gente que no puede cumplir con la cuarentena debido a que se ven obligados a salir a buscar comida. Recordemos que en Bolivia, un alto porcentaje de su población vive de la venta ambulante y sus emprendimientos, y depende de ello para subsistir.

El sector de mono taxistas avanzó en la marcha a bocinazos, reclamando que les dejen trabajar al menos medio día, ya que argumentaban que el gremio vive al día. Una señora de Trinidad exigió: “Que la presidenta no se olvide de su pueblo, porque aquí se la apoyó. Ahora no tenemos que comer, no nos dejan trabajar y nuestros hijos nos piden todos los días pan”. Beni es el departamento donde nació Jeanine Áñez y donde tuvo un apoyo político importante en el pasado, que empezó a resquebrajarse hace un tiempo y con la llegada de la pandemia, se acentuó sin vuelta atrás. Otra señora sostuvo “Tengo a mi hijo que tiene tres añitos y me dice que quiere comer (…) No puedo salir afuera (...) porque tengo miedo que me detengan y si soy detenida: ¿Quién va a velar por mi hijo? Reclamo que me dejen salir a buscar comida para mis hijos, porque si no se van a morir de hambre, no de la enfermedad”.

El alcalde de Riberalta, Enzo Roca se desentendió de la situación y afirmó: “Esa no es potestad mía, es potestad de los militares, ellos son los que hacen cumplir el decreto”. A lo que fue increpado: “Nosotros ya no podemos esperar. Esto no es político, es el pueblo boliviano que no tiene que comer”.

En los reclamos de las y los benianos observamos que se exige poder trabajar media jornada para subsistir, porque la gente no tiene otra opción, aún exponiéndose al contagio del coronavirus. De parte del gobierno de facto, no reciben ninguna ayuda económica, el estado en Bolivia está totalmente ausente para la gente humilde. De esta forma, se hace imposible que la gente pueda cumplir con la cuarentena por mucho tiempo más como única forma de evitar contagios mediante el aislamiento y el distanciamiento social.

El gobierno de facto no solo no ayuda económicamente a la población boliviana, sino que además ha profundizado la violencia hacia el pueblo que se expresa en la dureza de las multas excesivas por violar la cuarentena, que oscilan por encima de los 100 dólares. Además, han sido amenazados con hasta 10 años de cárcel para quienes violen la medida como lo sostuvo el ministro de facto, Arturo Murillo recientemente. Esta situación social que atraviesa Beni, se replica en cada departamento de Bolivia, pero aún no ha explotado en todo el país y ello parece cuestión de tiempo. Por este motivo se pide fuertemente la renuncia de Jeanine Áñez mediante cacerolazos que todos los días el pueblo boliviano lleva adelante.

Este panorama de crisis política y social, que ya existía debido el golpe de estado, y que se ha profundizado con la pandemia, se suma a la crisis sanitaria que atraviesa el país donde observamos que el gobierno de facto no cuenta con un plan estratégico serio de cómo afrontar la pandemia, no se sabe la cantidad de respiradores que tiene el país, de test para detentar la enfermedad, no hay capacitación profesional al respecto, no hay insumos y equipos de bioseguridad para el personal de la salud, no hay centros de aislamiento, no hay plan de repatriación serio, etc., y se da el lujo de rechazar ayuda de los médicos cubanos que el pueblo boliviano implora. Tanto el personal de salud como las y los bolivianos están siendo abandonados por el gobierno de facto a su suerte y reina un “sálvese quien pueda”.

No obstante, Jeanine Áñez no ha parado de hacer campaña proselitista y aprovecha la cuarentena para empapelar y pintar las ciudades con publicidad de su partido, lo que demuestra que no se toma en serio la pandemia y el poco valor que le da a la vida de las y los bolivianos. Hasta el Diario Página 7 de la derecha, ha criticado esta actitud solicitando la renuncia a su candidatura.

Bolivia está frente a una encrucijada, que solo podría abordarse asumiendo la responsabilidad que le compete a un gobierno de tomar las medidas políticas adecuadas para cuidar a su población, como por ejemplo el gobierno argentino lo está haciendo. Convocar a la unión de los diferentes sectores de la sociedad, dejando de lado las diferencias ideológicas para afrontar un momento de emergencia social y sanitaria, aunque para ello Áñez carece de legitimidad por ser un gobierno que no surgió de la voluntad popular. Parece lejano ver a Áñez asumir este reto que le compete como presidenta de Bolivia. De cómo vaya evolucionando la crisis política y la crisis sanitaria en el país, se pueden desatar consecuencias impredecibles. Esta situación, además se encuentra enmarcada en un contexto en que E.E.U.U. no deja de velar por sus intereses en Bolivia, por lo que en enero pasado Mike Pompeo, secretario de estado del imperio, dio orden a Jeanine Áñez que no dejar entrar al país a los médicos cubanos.

Ante los reclamos, Áñez puso fecha de entrega de la canasta familiar.

Durante la marcha del día martes 31 de marzo la gente gritaba: “Que salga la presidenta”, lo que sucedió finalmente en T.V. para poner fecha a la entrega de la canasta familiar que será en efectivo para no seguir demorando la entrega: “Este vienes 3 de abril comenzaremos a entregar en dinero efectivo la canasta familiar que prometimos. Entregaremos 400 bolivianos a los hogares de menos recursos. (…) Recibirán estos recursos en efectivo más de un millón de ciudadanos (…) Esta canasta en efectivo es: 1) Para las personas que reciben la renta dignidad, pero que no reciben ninguna otra renta o jubilación. 2) Para las madres que reciben el bono Juana Azurduy. 3) Para las personas con discapacidad. (…) En la segunda semana de abril, entregaremos otra ayuda en dinero a las familias, el bono familia, es un bono de 500 bolivianos por hijo que recibirán todas las familias que tengan hijos estudiando en ciclo inicial, o sea, pre kínder y kínder, en la primaria, en las escuelas fiscales, paralelamente y como ya se anuncio, ratificamos que se rebaja la luz y el agua por tres meses, pero además hoy agregamos a estas ayudas la rebaja al gas domiciliario del 50 % y del mismo modo ratificamos que se postergue el pago de impuestos y de créditos para las familias”.

Luego del mensaje de Jeanine Áñez en redes se desataron reclamos al respecto, ya que estas medidas siguen siendo insuficientes, solo llegan a un sector reducido de la población porque deja afuera, por ejemplo, al transporte libre que también se convocó hace instantes a romper la cuarentena y marchar.

El gobierno de facto, recientemente recibió de parte del Banco Central de Bolivia un préstamo de 1000 millones de dólares, por lo que observamos que dinero no le falta para invertir en salud y en ayuda social. Lo que falta es la decisión política de querer cuidar la vida de las y los bolivianos ante la pandemia, tomando medidas para enfrentar la emergencia en salud y la ayuda económica que implora el pueblo. En vez de ello, lo que sucede es que se refuerzan las políticas de represión. Por otro lado, en plena cuarentena en el mundo, cuando ya se advertía la llegada del virus a Bolivia, se invirtió 5 millones de dólares mediante el decreto 4168 en la compra de armamento para reprimir a la población.

El gobierno de Evo Morales ha dejado un P.B.I. de 40.581 millones de dólares, el más alto de la historia del país y se consolidó por seis años como la economía de mayor crecimiento (2009, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018) de Sudamérica. En este cuadro favorable, se autoproclamó presidenta Áñez, que acaba de recibir un préstamo millonario del Banco Central de Bolivia, y tiene las puertas abiertas del F.M.I., lo que demuestra que no es un tema económico el problema del gobierno de facto para afrontar la pandemia, sino de cuestiones netamente políticas.

(*) Verónica Zapata. Periodista y Psicóloga boliviana.

···