Por Mariana Vazquez – Profesora de la UBA – Ex Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social del MERCOSUR
El MERCOSUR que preside Bolsonaro: entre el libre comercio, el ajuste estructural y el negacionismo. Sobre la reciente reforma estructural del MERCOSUR
El MERCOSUR con presidencia brasileña. Entre el libre comercio, el ajuste estructural y el negacionismo
A principios de julio de este año, Brasil asumió la presidencia pro tempore del MERCOSUR, en un clima de gran tensión que ya lleva largo tiempo. Hemos escrito recientemente sobre los conflictos que existen hoy en el bloque en cuanto a su agenda económico-comercial y de negociaciones comerciales. Sin embargo, el día 27 de julio nos encontramos con la aprobación de la primera norma en el marco de la presidencia del país vecino, concentrada en otra cuestión: la arquitectura institucional del bloque. Se trata de la Dec. 01/21 del Consejo del Mercado Común, que lleva por título “Estructura Institucional del MERCOSUR”. La norma establece un ajuste en la estructura del bloque, en el “Estado mercosureño”, que abarca varias áreas y marca un sendero de mayor ajuste. Palabras conocidas por estas tierras, que suenan “razonables”, como “racionalización”, “eficiencia” o “concentración de los esfuerzos en objetivos prioritarios”, esconden, por un lado, un importante ajuste de las capacidades institucionales del esquema de integración en su integralidad, y el desmantelamiento de facto de instituciones creadas durante la convergencia política reciente de gobiernos populares, con el consecuente abandono de las políticas que llevaban adelante.
Los “objetivos prioritarios” de los gobiernos de derecha que constituyen la mayoría hoy en el MERCOSUR, con la excepción de Argentina, explicitados más de una vez, no plantean un horizonte más allá de la liberalización comercial urbi et orbis. En este escenario, la figura del Alto Representante General del MERCOSUR había sido eliminada en los comienzos de la oleada restauradora; luego le tocó el turno a la Unidad de Apoyo a la Participación Social; y ahora la topadora llegó a los muros del Instituto Social (ISM) y del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDDHH). De ajustes presupuestarios de facto por falta de aportes de los Estados Partes que encubrían vaciamientos, se pasó a la institucionalización de recortes de la estructura y de las capacidades de gestión. A modo de ejemplo y considerando la relevancia que tiene para nuestro país esta cuestión, vamos a concentrarnos en el caso del IPPDDHH.
El Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR. Un poco de historia
La creación del IPPDDHH es tributaria de un proceso de convergencia de las voluntades políticas de los liderazgos regionales para profundizar políticas públicas regionales de derechos humanos y de un proceso superador en materia de promoción y defensa de los derechos humanos en toda la región, que comienza en 2004 con la creación de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADDHH) (Dec. CMC 40/04). Es un momento en el que se aprueban numerosos instrumentos, como el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Protección y la Promoción de los DDHH; y se amplía la democratización del bloque con la creación de instituciones como el Parlamento del MERCOSUR. El IPPDDHH fue creado por la Dec. CMC No. 14/09, con el objetivo de “(…) contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho de los Estados Partes, mediante el diseño y seguimiento de políticas públicas de DDHH y contribuir a la consolidación de los DDHH como eje fundamental de la identidad y el desarrollo del MERCOSUR.” La creación del IPPDDHH constituyó una importante muestra del compromiso político regional en materia de protección y promoción de los DDHH. El establecimiento de su sede en la ciudad de Buenos Aires, obedeció al determinante impulso y compromiso de Argentina por la creación de este Instituto, que incluso contó con un fuerte apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos argentina para lograr su puesta en marcha.
En el año 2010, mediante la Dec. CMC Nº 12/10, bajo presidencia argentina, en un esfuerzo por cimentar la institucionalidad del Mercosur en materia de DDHH, se estableció la primera Estructura del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos IPPDDHH, que comprendía 1 Secretario Ejecutivo y 4 Departamentos: Departamento de Asesoramiento Técnico; Departamento de Asistencia Técnica; Departamento de Estudios e Investigación; y Departamento de Administración, Comunicación y Desarrollo Institucional, compuestos paritariamente por técnicos nacionales de cada uno de los Estados Parte. En el año 2015, esta Decisión fue sustituida por la Dec, CMC 55/15, mediante la cual se agregó la creación de un nuevo departamento, para ser en total 5 departamentos, a cargo de las siguientes áreas: relaciones institucionales; investigación y gestión de la información; asistencia técnica; comunicación y cultura; y, administración y recursos humanos.
El primer secretario ejecutivo fue el argentino Víctor Abramovich. El segundo secretario ejecutivo fue el brasileño Paulo Abrao, quien dejó el Instituto para asumir como Secretario de la Comisión Interamericana de DDHH. Fue perseguido con encono, mientras desempeñaba ese cargo, por Jair Bolsonaro y Luis Almagro. Es pertinente destacar que Argentina pidió ser sede del Instituto, que se encuentra en el predio de la ex ESMA, y durante todo el primer período financió su funcionamiento, dada la ausencia de los aportes del aportante mayoritario, Brasil, que solo llegaron durante la gestión del secretario de su nacionalidad. Esto se hizo por la inclaudicable convicción del gobierno argentino acerca de la relevancia de las políticas públicas en derechos humanos y de la cooperación regional institucionalizada al respecto.
El Instituto ha desarrollado durante estos años, particularmente en los tiempos de convergencia política de gobierno populares, una amplia labor en cada uno de sus temas de competencia, con un diálogo amplio y fecundo con las instituciones y organizaciones y movimientos sociales de la región. Ha logrado que su Escuela Internacional de Políticas Públicas en DDHH sea una referencia. Sólo en 2019 hubo más de cuatro mil postulantes para realizar estudios en ella. Asimismo, se ha trabajado ampliamente en el fortalecimiento de los espacios de diálogo y consenso para fortalecer y mejorar las políticas de derechos humanos en el bloque. Desde el 2015, a través del Foro de Participación Social del IPPDDHH, se han realizado 9 consultas públicas sobre los temas relevantes que hacen a la institucionalidad y las políticas de derechos humanos. Asistencia técnica, campañas de comunicación, en fin, una importante conquista institucional y política en la región. Asimismo, las políticas de memoria, verdad y justicia han constituido un eje prioritario en la agenda del IPPDDHH desde su creación, promoviendo el intercambio de información, la cooperación técnica y el multilateralismo para coordinar una agenda regional en esta materia, consolidada en la creación de la Guía de Archivos y Fondos Documentales “Acervo Documental Cóndor”; el Archivo Oral Memoria, Verdad y Justicia y la publicación “A 40 años del Cóndor: De las coordinaciones represivas a la construcción de las políticas públicas regionales en derechos humanos”
¿Qué implica la reforma recientemente aprobada?
La primera propuesta de reforma estructural en el sentido planteado fue hecha por el gobierno argentino de Mauricio Macri. En 2019, el gobierno uruguayo del Frente Amplio opuso su veto al desguace del Instituto, frente a la presión del gobierno argentino y del gobierno golpista de Brasil. Hoy, los principales defensores de ese sendero son los gobiernos de Brasil y Uruguay, bajo una lógica de ajuste y negacionista en el primer caso; y bajo una lógica fundamentalmente de ajuste en el segundo.
Detrás del argumento de la racionalización hay entonces, en primer lugar, un claro proceso de ajuste de toda la institucionalidad del MERCOSUR. En el caso concreto del IPPDDHH del bloque esto se acompaña por un sendero aún más grave, dada la historia de nuestro país y de nuestra región: un claro retroceso en las políticas de derechos humanos y en situar a éstas como un eje irrenunciable del proceso de integración.
La Dec. No. 01/21 que aprueba esta reforma fue adoptada, como establece el derecho del bloque, por consenso, es decir, con el acuerdo de todos los Estados Partes. El gobierno de la República Argentina buscó morigerar el impacto de la propuesta brasileña y es el país que cumple con sus aportes al sostén de la Institución. Sin embargo sorprende, en un sentido no grato, que no se haya vetado este avance, aún en la comprensión de la compleja situación actual del MERCOSUR. La política exterior de la República Argentina tiene como uno de sus elementos centrales la defensa de los derechos humanos. Es un eje incuestionable de nuestro accionar internacional y de la identidad internacional del país.
En cualquier caso, este desmantelamiento de facto es una evidencia más de que la democracia, el Estado de derecho y la vigencia de los DDHH, que aparecían hace no tanto tiempo como conquistas en el Sur de América, ya no lo son y de que sólo la organización y el poder popular regional podrán frenar este avance. Con derechas golpistas e incluso aquellas que, llegando al poder como Mauricio Macri, suspendieron las elecciones para el Parlamento del MERCOSUR por decreto, nos preguntamos cuál será el siguiente objetivo a derrumbar ¿El Parlasur tal vez?
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