Un decretazo de López Obrador vuelve a militarizar a México

El presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, publicó el lunes un decreto por el cual entrega a las Fuerzas Armadas mexicanas el control de la seguridad pública del país por los próximos cuatro años, una decisión no exenta de polémica.

La decisión del mandatario viene, de hecho a legalizar y formalizar algo que ocurre en México desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narco y sacó de los cuarteles a los miliares para que cumplan funciones policiales, como la lucha contra el crimen organizado.

El argumento que usó López Obrador para avanzar con un medida conflictiva en México fue que tanto el Ejército como la Marina cumplirán funciones de seguridad pública como respaldo de la flamante Guardia Nacional –creada bajo su gobierno- y por ello la vigencia será mientras el nuevo organismo de seguridad militarizada completa su estructura.

La Guardia Nacional, recordó Expansión, fue creada para hacer frente a los altos niveles de inseguridad que prevalecen en México desde hace años. El gobierno afirma que los indicadores de violencia se encuentran dentro de una “línea de contención”, no obstante marzo se convirtió en el mes con más homicidios de esta administración al registrarse 3.078 casos.

El decreto es, para analistas, ni más ni menos que el golpe final de un abrumador cambio de discurso de López Obrador quien, durante los años en que lideró la oposición, fue el mayor crítica a la política de militarizar la seguridad pública y la lucha contra los cárteles del narcotráfico en México.

Es, además, una cesión casi total de poder a las Fuerzas Armadas, denunciadas por ONG por violaciones a los derechos humanos y por poseer estructuras corruptas en su interior, todo como parte del combate al narco.

Alejandro Madrazo, académico del CIDE y experto en políticas de seguridad, citado por el diario español El País, afirmó que “lo que acaba de implantar López Obrador es la misma estrategia que fundó Felipe Calderón y extendió de Peña Nieto, centralizar las labores de seguridad pública en el Ejército”.

“En la nueva norma no se establece ningún mecanismo de supervisión, no obliga a la subordinación al mando civil, sino la mera coordinación, no delimita sus funciones y no está suficientemente regulado”, advirtió.

Los principales partidos de la oposición –que en pasado apoyaron la salida de los cuarteles de los uniformados- reaccionaron ahora denunciando la militarización de México y el incumplimiento de garantizar un mando civil de las funciones policiales, tal era el objetivo de la Guardia Nacional.

Los observadores esperan una lluvia de denuncias por inconstitucionalidad que frene en la justicia el decretazo de López Obrador. Cabe recordar que, dos atrás, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de Seguridad Interior el entonces presidente Enrique Peña Nieto, la cual normalizaba la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

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