El ajuste mata

Ajuste en Discapacidad: la lucha para evitar la restricción en el número de terapias

( Por Estefanía Cendón )Organizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad se congregaron hoy a las 12, miércoles 25 de septiembre, en la Superintendencia de Servicios de Salud ubicada en Roque Saenz Peña 530. El motivo de la convocatoria fue, principalmente, la derogación de la Resolución 1231/19 y el cese de las medidas de ajuste en el área de discapacidad. Durante la gestión macrista 170.000 pensiones fueron dadas de baja y 200.000 pensiones en trámite frenadas.

“Nos gustaría tener una gran movilización, pero las personas con discapacidad presentamos distintos tipos de restricciones y en la Ciudad, también, nos encontramos con barreras que sortear. Aun así, queremos participar de las tomas de decisiones en las políticas públicas que nos competen a nosotros. Por eso esta convocatoria”, sostiene Celeste Dimeglio quien es coordinadora de la Comisión de Discapacidad de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), seccional 2.

Entre los reclamos que expone el colectivo de personas con discapacidad resuena con fuerza la derogación de la resolución 1231/19 dictada el 2 de septiembre. Mediante esta resolución se restringen la cantidad de terapias, medida que contradice lo establecido por la Ley 24.901 de Prestaciones para las Personas con Discapacidad, donde se sostiene que las terapias deben ser irrestrictas y cubiertas al 100%. La movilización de estas organizaciones permitió la suspensión de esta resolución el 14 de septiembre, hasta que se realice una nueva revisión. En la jornada de hoy se exigió la derogación de la resolución ya que, al reducirse la cantidad de terapias, no se contempla la situación particular de cada paciente, ni las indicaciones de los profesionales de la salud.

Otro de las consignas que movilizan este reclamo es “Devuelvan los mil millones de dólares –decreto 908/16”. Este dinero pertenecía a las partidas destinadas a la Agencia Nacional de Discapacidad y fue reasignado, a través de un decreto. “Si se subejecuta esta cantidad de dinero, en los presupuestos que vienen ese monto ya no existe”, sostiene la coordinadora de la UEJN.

El ajuste de la gestión actual, en relación a pensiones por discapacidad, arroja un saldo de 170.000 pensiones dadas de baja entre 2016 y 2017 y 200.000 expedientes que continúan frenados. Esto evidencia que no sólo se quitaron pensiones, sino que las que estaban en trámite no fueron otorgadas. Además, La Prestación Social Incluir Salud, ex PROFE, encargada de garantizar el acceso a los servicios de salud a las personas con discapacidad que no cuenten con Obra Social o prepagas, ha sido desfinanciada. Como consecuencia, tanto los prestadores como quienes se encargan de la movilidad de las personas con discapacidad llevan más de seis meses sin cobrar por sus servicios.

La coordinadora de UEJN Dimeglio denunció: “los prestadores no tiene dinero para ponerle combustible a sus camionetas para trasladar a quienes necesitan hacer sus rehabilitaciones”.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 698/2017 se creó la Agencia Nacional de Discapacidad. Esto implicó la disolución de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que dependía del Ministerio de Desarrollo Social. Disolución donde, lejos de ser absorbidas estas dos comisiones por la Agencia Nacional de Discapacidad, se perdieron prestaciones y lugares donde se tramitaban las mismas. A modo de ejemplo, tras la desaparición de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales se cerraron los Centros de Asistencia Local (CAL), por lo que quienes necesitaban tramitar pensiones durante la gestión macrista debían dirigirse a ANSES. “En ANSES no sabían lo que tenían que hacer. Hubo en tiempo en el que la gente no pudo tramitar pensiones”, afirmó Celeste Dimeglio.

La ley Nacional 22.431 habla del cupo laboral en el Estado para empleados con discapacidad: establece un 4% como piso obligatorio para el Estado, los tres poderes y las empresas que dependan del Estado. En CABA ese piso es del 5%. Si bien el colectivo de personas con discapacidad busca empoderarse a través de la educación, el trabajo y la autonomía, el cupo laboral que contempla la ley no se cumple. En correlación, Dimeglio asegura: “Es un círculo virtuoso el poder trabajar ya que hace que las personas con discapacidad salgan del asistencialismo e ingresen en la toma de decisiones y en el sistema, haciendo valer sus derechos”. También, a pesar de que las personas con discapacidad deberían acceder a la planta permanente, hay casos en los que son contratados incurriendo en precarización laboral desde el mismo Estado.

Numerosas organizaciones participaron de la convocatoria. Entre ellas: Asociación de Familias; Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (AFAPPREI); ATE (Área Discapacidad); Madres Autoconvocadas; Observatorio del Derecho de las Personas con Discapacidad Nación; Asociación De Electrodependientes; CEDIMA.CENTRO DISCAPACITADOS DE LA MATANZA; PADRES TGD RED Federal; Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados, y Adultos Mayores del País (CONJUB); CTA (Área Discapacidad); Asociación Polio-Postpolio Argentina (APPA); jObservatorio de CABA y Prestadores Precarizados SyE.

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