Por Raúl Dellatorre

Bicicletocracia: Cuando opinar distinto puede ser delito

Sin pruebas ni más elementos que la evaluación de sus “actitudes”, una comisión bicameral de mayoría macrista aprobó el pedido de remoción de Biscay formulado por Sturzenegger. De inmediato, Macri lo resolvió por decreto.

(Por Raúl Dellatorre) El Poder Ejecutivo decidió remover de su cargo a Pedro Martín Biscay, hasta ayer director del Banco Central, “por mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La muy grave acusación, apuntada en el decreto que lleva las firmas de Mauricio Macri, Marcos Peña y Nicolás Dujovne, se fundamenta en el dictamen de mayoría de una comisión bicameral encabezada por Federico Pinedo, que resolvió por tres votos contra dos que “las actitudes del mencionado director no se compadecen con las obligaciones de su cargo y que afectan el marco de legalidad del Banco Central (…), lo que configura un caso de mala conducta y violación de los deberes de prudencia y responsabilidad requeridos por la función que desempeña”. El dictamen no aporta mucho más, no hay denuncia de hechos o dichos “concretos” que sustenten esa posición extrema de condena, salvo la mención en general de “actitudes del citado Director que no guardan relación con las obligaciones de su cargo”. Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, le advirtió a Biscay en 2016 que “no debía formular declaraciones sobre temas técnicos o de coyuntura que se encontraran en tratamiento por parte de órganos internos del banco, así como otros de importancia institucional”. La comisión bicameral, de mayoría de Cambiemos, consideró que tal restricción no era violatoria del derecho a la libertad de expresión. Marcos Peña y el diputado Pablo Tonelli, no tuvieron empacho en señalar que su remoción tenía que ver con su origen “kirchnerista” o por “estar en contra de las políticas monetaria y económica”. Una de los artículos que la comisión legislativa le cuestionó a Biscay es una columna de opinión en Pagina 12 (22 de junio de 2016) en la que analiza el blanqueo y critica el cierre de los sumarios por irregularidades cambiarias que dispuso la ley. No era, precisamente, un artículo en contra de las funciones que le corresponden al Banco Central, que es lo que se le imputa a través de la calificación de “mala conducta” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Sino todo lo contrario: la defensa del ejercicio del rol de control de la autoridad monetaria.

El decreto de remoción hace constantes alusiones a la experiencia de otros bancos centrales del mundo, mencionando que “se ha considerado la existencia, tanto en la Unión Europea (Banco Central Europeo), y en los Estados Unidos de América (en la Reserva Federal) como en la República Argentina, de una política de comunicación del Banco Central”. Políticas a las cuales la comisión considera que las expresiones públicas de Biscay “no se adecuan en lo más mínimo”, quedando justificada así su remoción.

El Poder Ejecutivo decidió remover de su cargo a Pedro Martín Biscay, hasta ayer director del Banco Central, “por mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La muy grave acusación, apuntada en el decreto que lleva las firmas de Mauricio Macri, Marcos Peña y Nicolás Dujovne, se fundamenta en el dictamen de mayoría de una comisión bicameral encabezada por Federico Pinedo, que resolvió por tres votos contra dos que “las actitudes del mencionado director no se compadecen con las obligaciones de su cargo y que afectan el marco de legalidad del Banco Central (…), lo que configura un caso de mala conducta y violación de los deberes de prudencia y responsabilidad requeridos por la función que desempeña”. El dictamen no aporta mucho más, no hay denuncia de hechos o dichos “concretos” que sustenten esa posición extrema de condena, salvo la mención en general de “actitudes del citado Director que no guardan relación con las obligaciones de su cargo”. Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, le advirtió a Biscay en 2016 que “no debía formular declaraciones sobre temas técnicos o de coyuntura que se encontraran en tratamiento por parte de órganos internos del banco, así como otros de importancia institucional”. La comisión bicameral, de mayoría de Cambiemos, consideró que tal restricción no era violatoria del derecho a la libertad de expresión. Marcos Peña y el diputado Pablo Tonelli, no tuvieron empacho en señalar que su remoción tenía que ver con su origen “kirchnerista” o por “estar en contra de las políticas monetaria y económica”. Una de los artículos que la comisión legislativa le cuestionó a Biscay es una columna de opinión en Pagina 12 (22 de junio de 2016) en la que analiza el blanqueo y critica el cierre de los sumarios por irregularidades cambiarias que dispuso la ley. No era, precisamente, un artículo en contra de las funciones que le corresponden al Banco Central, que es lo que se le imputa a través de la calificación de “mala conducta” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Sino todo lo contrario: la defensa del ejercicio del rol de control de la autoridad monetaria.

El decreto de remoción hace constantes alusiones a la experiencia de otros bancos centrales del mundo, mencionando que “se ha considerado la existencia, tanto en la Unión Europea (Banco Central Europeo), y en los Estados Unidos de América (en la Reserva Federal) como en la República Argentina, de una política de comunicación del Banco Central”. Políticas a las cuales la comisión considera que las expresiones públicas de Biscay “no se adecuan en lo más mínimo”, quedando justificada así su remoción.

(*) Fuente: Página 12

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