La cruda realidad

Denuncian 111 hechos represivos en conflictos socio-laborales en la era Cambiemos

Un contundente informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) destaca que en los primeros 23 meses de la administración Cambiemos se registraron 111 hechos represivos en distintos conflictos socio-laborales.

Los datos relevados dan cuenta que en estos hechos se detuvo a 354 manifestantes, y resultaron heridos alrededor de 328. El promedio indica: un caso cada siete días, un detenido cada dos días y un herido también cada dos días.

En el año 2016 se produjeron 55 hechos de represión y en 2017 hasta el mes de noviembre totalizan 56 casos. Es decir, en 2016 el promedio alcanzó los 4,58 casos por mes, mientras que en 2017 el promedio asciende a más de 5 casos por mes.

El aparente acrecentamiento de la cantidad de casos represivos motivó la realización del informe que presentó el Cepa.Y citan una frase que el 15 de abril de 2017 hizo el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni: “Hay una orden de reprimir a la protesta pública y eso no se da si no hay una orden de arriba (…). Si no se da una orden la policía no lo hace. No es que la policía se suelta por sí misma, eso viene de arriba. Nos estamos apartando del Estado de Derecho y nos vamos acercando al Estado de la Policía (…) (Por) esta escalada de represión de la protesta, desgraciadamente no va a tardar mucho en haber un muerto” (Diario Clarín, 15-4-2017).

Según Cepa, las recientes muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en el marco de la actuación de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación, colocan al presente debate en el centro de la agenda pública.

Más de la mitad de los hechos represivos se llevaron a cabo contra la movilización de trabajadores –formales e informales-, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad.

Entre las causas, mencionan que el 31,5% de estas protestas responden a los despidos y reclamos salariales, el 18% a reclamos de alimentos y asistencia mediante programas sociales y al derecho a poder trabajar en la vía pública, el 17,1% fueron protestas contra las políticas de ajuste y el reclamo de fuentes de trabajo, el 13,5% se refirió a reclamos contra desalojos y por daños causados por temporales (inundaciones).

Las policías provinciales participaron en el 73% de los conflictos, 78% de las personas detenidas y 75% de los heridos. La gendarmería participó en el 13% de los casos, 2,5% de las detenciones y 5% de los heridos. Cuando actuaron en conjunto gendarmería nacional con policías provinciales, abordaron el 8% de los casos, 2,5% de las detenciones, 0,5% de los heridos. La Policía Federal actuó sola en el 3% de los casos, pero significó el 10% de las detenciones y 2,5% de los heridos. Y finalmente, en el 3% de los casos actuaron la Policía Federal en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, implicando ello 7% de los detenidos y 17% de los heridos.

El 37,8% de los hechos represivos se realizaron en conflictos socio-laborales de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las provincias del NOA se registraron el 19,8% de los hechos represivos. El 18% se produjo en las provincias de Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos, en las provincias de la Patagonia el 16,2% y, por último, en las provincias del NEA el 4,5%.

La judicialización de la protesta alcanzó la detención de dirigentes sociales, dirigentes de gremios, e incluso diputados.

(*) Fuente: El Ciudadano

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