El Concejo Deliberante de Luján se opuso al arribo de Farmacity
El Colegio de Farmacéutico de Luján advirtió sobre los riesgos para los comercios y los conflictos de intereses. El Concejo aprobó por un proyecto en defensa de la Ley Provincial que Farmacity busca derogar.
La empresa Famarcity consiguió un espaldarazo para su desembarco en la provincia de Buenos Aires con el dictamen de la Procuración General de la Nación. A pesar que su fallo no es vinculante, declaró inconstitucional uno de los artículos de la ley que regula la actividad farmacéutica en el territorio bonaerense y ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver el reclamo de la empresa.
En ese contexto, el Concejo Deliberante de la ciudad de Luján aprobó por unanimidad un proyecto de resolución de resolución en defensa de la Ley Provincial N° 10.606, que “establece un modelo sanitario que promueve la instalación de nuevas farmacias en barrios y pequeñas localidades”.
Hernán Segura, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Luján, planteó ante los ediles el apoyo a un proyecto de ley que el diputado Lisandro Bonelli, del Frente Renovador, defenderá en la Legislatura bonaerense para “poner un freno al avasallo y atropello que se está cometiendo hacia una ley que regula la actividad profesional farmacéutica en la provincia de Buenos Aires”.
En esa línea, expuso que la normativa “tiene más de 30 años de vigencia, fue promulgada por el gobernador radical Raúl Armendariz y fue ratificada y mejorada por los sucesivos gobiernos, no importa la bandera política. Es una ley que garantiza la distribución de las farmacias en cada rincón de la provincia y pueblo. Sabemos que cuando no hay centros médicos u hospitales, siempre la farmacia es el primer punto donde el ciudadano recurre para solucionar sus problemas sanitarios”.
Por otra parte, explicó que “la ley fue nombrada como ejemplar por la Organización Mundial de la Salud por esta distribución y que evita la concentración en las grandes ciudades y centros donde el caudal de gente es mayor y la rentabilidad es mayor”.
Sin embargo, “desde 2012 esta ley está siendo avasallada por un grupo empresarios que pretende instalarse en la provincia de Buenos Aires. El CEO era Mario Quintana, hoy vicejefe de Gabinete, le inicia un juicio a la provincia porque pretende instalar una farmacia en Pilar y el Ministerio de Salud se lo prohíbe porque no encuadra en la ley vigente. Lo pierde en las tres instancias y en la Corte Suprema de Buenos Aires en forma unánime”, explicó Segura.
En los últimos años, Farmacity volvió a la carga con el arribo de Quintana a la función pública. “Está ejerciendo una presión en la Justicia porque pide que el juicio se revea por la Corte Suprema de la Nación. Con esto, estaríamos perdiendo la autonomía de las provincias y la capacidad de dictaminar sus leyes”, expuso el presidente del Colegio de Farmacéuticos.
Además de marcar la celeridad con que la Corte Suprema tomó el caso, expuso que dos de sus integrantes fueron patrocinantes de Farmacity en la primera denuncia contra la provincia. Por otra parte, dos días después que Quintana anuncia que se iba a- desprender de sus acciones de la empresa, “el procurador interino que fue nombrado por el gobierno ya que no fue designado por el Congreso, en un informe dictamina a favor de Farmacity”.
“Vemos con mucha preocupación la presión que se ejerce desde el gobierno hacia la Justicia. Por eso, protestamos y elevamos la voz para que esto no suceda y mantener la independencia de poderes”, apuntó Segura. Y aclaró que “no estamos en contra de que Farmacity se instale dentro de la provincia siempre que lo haga dentro de las leyes vigentes. Hay una ley que todos respetamos. Farmacity quiere una ley a medida de su empresa, de una sociedad anónima. No sabemos quiénes son las cabezas visibles de esos fondos de inversión. Sí en una farmacia unipersonal o SRL, vas a encontrar un farmacéutico responsable de todo lo que en ella ocurra como marca la ley”.
La ley vigente establece que las farmacias no son un comercio, sino un servicio público como extensión del sistema de salud y determina que no puede haber una a menos de 300 metros de otra. Además, permite como titulares a empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro (mutuales) pero no a sociedades anónimas, como es Farmacity.
Tras el dictamen del procurador que asumió en su cargo tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, ahora la Corte deberá resolver. Como dos de los magistrados, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, se excusaron de votar por sus supuestos vínculos con la empresa, serán tres los jueces que lo harán y se necesitan la unanimidad para fallar a favor de la cadena.
(*) Fuente: El Civismo
···
