El gobierno arremete contra el Instituto de Asuntos Indígenas

El ministerio de Modernización ordenó despedir al 25% del personal en el ente encargado de relevar las tierras de comunidades originarias del país. Allí “no se ejecutan políticas públicas hace dos años”, dijo un delegado de ATE. Para la Confederación Mapuche neuquina, quieren “hacer desaparecer” al organismo.

os trabajadores del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se encuentran en estado de asamblea permanente con cese de actividades debido a que el ministerio de Modernización de la Nación, de acuerdo a su informe de “dotación óptima”, días atrás ordenó despedir a 45 empleados, que significa alrededor del 25% del personal.

Los despidos en el organismo vienen a ratificar una política del gobierno nacional de vaciamiento del INAI que en los hechos ya se estaba ejecutando ya que. según informó el delegado de ATE Lisandro Arijón, “desde el 2016 no ejecutó el presupuesto del INAI y no llevó adelante las políticas que tenemos que realizar”.

“El Instituto no ejecuta políticas públicas hace dos años”, dijo el dirigente a Va Con Firma, y agregó que “desde el 2015 no hacemos relevamientos territoriales, no generamos proyectos de acceso al agua, a la vivienda, a la salud, a la educación, a sostener economías comunitarias, no tenemos servicios jurídicos en las comunidades, que trabajaban para resolver conflictos con las mineras, con las petroleras”.

Dijo que tampoco está funcionando correctamente el “Consejo de Participación Indígena, que es un órgano del Estado que dialoga en la construcción de políticas públicas” y está formado por representantes de los 40 pueblos originarios que hay en el país, y donde el INAI “garantizaba las elecciones y las reuniones periódicas para construir de manera intercultural, leyes y avances que tengan que ver con el buen vivir de las comunidades”.

El INAI es el organismo encargado de realizar el revelamiento técnico-jurídico-catastral de las poblaciones indígenas de todo el país previsto en la Ley 26.160, que fue prorrogada por el Congreso el año pasado y que suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmete por las comunidades.

Arijón explicó que “los relevamientos territoriales están por la mitad o un poco menos”, ya que “hasta el 2015 se abordaron 800 comunidades de las 1.700 registradas, y se entregaron 600 carpetas técnicas, que son el resultado final del relevamiento”.

Pero al mismo tiempo “quedaron 200 carpetas pendientes de entrega y eso tampoco se hizo en estos dos años, o solo se entregaron muy poquitas, y además no se hicieron nuevos relevamientos ni se avanza en los que están activos”, amplió el representante sindical.

Luego precisó que en total “faltan hacer unos mil relevamientos en todo el país”, y en el caso de la provincia de Neuquén “hay varias carpetas que no fueron entregadas, por lo que las comunidades están peleando” para que ello se cumpla.

El militante de ATE manifestó que “esta gestión de gobierno entregó la potestad del relevamiento a las provincias y sabemos que los poderes reales en las provincias son reticentes a la cuestión de la tierra y de las comunidades”, como pudo verse “en la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y también en el conflicto en Villa Mascardi, donde Prefectura asesinó a Rafael Nahuel”.

Sostuvo que “no hay mucho interés de los poderes provinciales en que se hagan relevamientos; siempre fue el Estado nacional el que medió a favor de las comunidades o al menos lo intentaba”.

En cuanto a los despidos, indicó que “sabemos que esta gente fue a buscar plata al FMI, que les pone sus condiciones y que las estamos pagando los trabajadores”, y confirmó que en ayer tuvieron una reunión con el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Claudio Avruj -secretaría de la cual depende el INAI-, quien les “informó que la decisión lo excede a él, que viene desde el gobierno y que tiene que ver con achicar el gasto del Estado y reducir los presupuestos”.

Un dato no menor que aportó el delegado gremial, es que la presidenta del INAI, Jimena Psathakis, “es una representante de las mineras que fue puesta en el lugar por (el jefe de gabinete) Marcos Peña”, utilizando “la misma lógica que tienen con Aranguren” en el ministerio de Energía “o en otros sectores del gobierno”.

Arijón sostuvo finalmente que recibieron “apoyo de muchas comunidades de todo el país y las organizaciones indígenas están expresando la preocupación por la falta de políticas públicas en materia de derecho indígena”, y agregó que “las organizaciones y los trabajadores del INAI defendemos lo mismo, que es el sostenimiento de las políticas públicas en las comunidades”.

Preocupación de la Confederación Mapuche de Neuquén

La Confederación Mapuche de Neuquén advirtió en un comunicado que son “conscientes de que esto es mucho más que un tema sindical, y tiene que ver con un modelo que quiere reducir la capacidad del Estado para dejarlo todo en manos de las corporaciones”.

Agregó que el INAI, que “desde el arranque no tiene jerarquía administrativa ni autonomía jurídica, ni tampoco un presupuesto a la altura de la tarea de relacionarse con más de 40 naciones originarias del país, será reducido a su mínima expresión para luego hacerlo desaparecer”.

“El objetivo es transferir su tarea incumplida a las provincias, donde la impunidad, el autoritarismo y el racismo están a la orden día”, remarcaron en el comunicado, y consideraron que los despidos se realizan “como si la deuda histórica de respetar los derechos indígenas ya estuviera cumplida, como si el relevamiento que es la base para las restituciones territoriales estuviera finalizado, como si los pasos hacia un Estado plurinacional ya estuvieran dados”.

En el documento recordaron la promesa que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, le hizo al líder del pueblo Qom, Felix Díaz, de que el INAI se iba a convertir en ministerio, “y que el líder Qom creyó, como si fuera algo serio”, dijo la Confederación Mapuche neuquina.

(*) Fuente: Va Con Firma

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