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El Gobierno quiere echar al juez Alejo Ramos Padilla
El gobierno decidió avanzar a fondo contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de espionaje ilegal y extorsión en la que estarían involucrados el falso abogado Marcelo D'Alessio, agentes de inteligencia nacionales y extranjeros, fiscales como Carlos Stornelli, periodistas y dirigentes políticos. Al finalizar la tarde, el Poder Ejecutivo le pidió a su representante en el Consejo de la Magistratura, Juan Pablo Mahíques, que inicie el proceso de juicio político contra el magistrado.
Según difundió el Ministerio de Justicia a través de un comunicado, el gobierno de Mauricio Macri fundó la solicitud en la "manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas". El hecho principal que se le recrimina es la exposición del magistrado en el Congreso, el 13 de marzo. La decisión provocó un fuerte rechazo de abogados y dirigentes políticos. Fuentes del oficialismo en el Consejo adelantaron que el pedido de juicio político podría presentarse este mismo lunes.
La embestida de Cambiemos contra Ramos Padilla lleva ya varias semanas pero se desencadenó ayer, justo el día en que el juez federal de Dolores envió un nuevo pedido de citación a indagatoria para el fiscal Carlos Stornelli (para el 20 de marzo) y realizó una ampliación de la indagatoria a D'Alessio, quien se negó a declarar. También cuando el caso comenzaba a ramificarse y profundizarse, entre otras cosas, a partir del pedido de indagatoria del juez Luis Rodríguez a otro fiscal, Juan Ignacio Bidone, quien también reconoció haber colaborado con D'Alessio para realizar tareas de espionaje. En los allanamientos y la investigación sobre D'Alessio, pudieron encontrarse varias pruebas de presuntos vínculos tanto con la ministra de Justicia, Patricia Bullrich, así como con la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió y su principal espada en la Justicia, la diputada Paula Oliveto. También contactos con integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia y con periodistas de medios afines al Gobierno Nacional.
Expertos en derecho penal consultados por Página/12, especificaron que la acusación del Gobierno es débil y no alcanza a disimular la evidente intención de impedir que avance una investigación judicial que lo compromete. Destacan que mientras no exista el secreto de sumario los expedientes son normalmente públicos, y lo único restringido a las partes es la participación activa en ellos.
En una nota dirigida por la cartera que conduce Germán Garavano al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, el Ejecutivo afirmó que el juez tiene "intencionalidad", “afirmando como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”. Le pide entonces al Consejo que determine si el juez incurrió en "incumplimiento de sus funciones", y argumentó que “hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”. “No sólo careció de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal”, manifestó la nota.
Asimismo, se señaló que “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un Juez Federal”. Y concluye que, “con motivo de todo lo hasta aquí expuesto, le solicito que por su intermedio se expongan los hechos descriptos precedentemente ante el Consejo de la Magistratura a los efectos de que se dé inicio al procedimiento legalmente previsto.
La comisión de Acusación del Consejo, que deberá analizar la acusación contra el juez, está presidida por el senador del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto.
Fuente: Página 12
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