Por Javier Lewkowicz

El modelo económico de las persianas bajas

La cifra representa un aumento respecto de los 716 casos de 2017 y los 666 de 2016. Además, la presentación de concursos preventivos pasó de 210 a 227 y 368 casos en 2016, 2017 y 2018, respectivamente. La profundización de la crisis anticipa que lo que viene será peor.

En 2018 se registraron 795 quiebras de empresas decretadas en el área de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, lo cual implica un aumento frente a los 716 casos de 2017 y los 666 de 2016. Además, la presentación de concurso preventivos de crisis avanzó de 210 a 227 y 368 casos en 2016, 2017 y 2018, respectivamente. Estos datos muestran un franco deterioro de la salud de las empresas argentinas, que es otra forma de ver el empeoramiento de las condiciones laborales de la clase trabajadora. Los datos fueron relevados por Ezequiel Paz, Marcelo Galvano y Nicolás Salerno, investigadores del CEPA. Una nueva caída de la producción y del consumo en el mercado interno para 2019 anticipa la continuidad en la curva ascendente de las quiebras y de los concursos preventivos.

La debacle económica ya no hace distinción de tamaño entre las empresas. A las pymes, naturalmente más afectadas porque tienen menor espalda financiera, se le suman grandes empresas con números en rojo que aprovechan el momento económico y la facilidad política para achicarse e implementar planes para corroer las condiciones de trabajo en sus plantas. Esta semana fue el turno de la presentación del procedimiento preventivo de crisis de la planta embotelladora de Pompeya de Coca-cola Femsa, donde trabajan 600 personas y recientemente se conocieron casos de otros “grandes nombres” como Fate, Avianca, Editorial Atlántida y antes el supermercado Carrefour, además de la catarata de despidos y suspensiones que atraviesan a todos los sectores de la economía en empresas de todos los portes.

Con el expediente del concurso preventivo se busca que las empresas renegocien deudas a través de la solicitud de una medida cautelar que permita congelar la propiedad de los bienes en tanto se negocie un plan entre los actores involucrados. Si ese proceso fracasa, el siguiente paso es la quiebra y liquidación de los activos vía remate judicial para la cancelación de los compromisos contraídos (o lo que alcance de estos). 

Según los datos relevados por el CEPA, el año pasado se decretaron 795 quiebras en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Esto implica un aumento frente a los números de 2017 (716 quiebras) y de 2016 (666 quiebras). El principal salto se dio en el sector industrial, que tuvo 114 quiebras en 2016, 133 al año siguiente y 154 quiebras en 2018, en línea con el fuerte retroceso de producción. También hubo una notable suba de las quiebras en el sector de servicios, de 299 en 2016 a 357 en 2017 y 435 quiebras en 2018. En cambio, en el sector del comercio y construcción se registraron más quiebras en 2017 que en 2018.

En el caso de los concursos preventivos, los 368 registrados el año pasado también implican un aumento frente a 2017 (227 concursos) y 2016 (210 concursos). Los concursos en empresas industriales subieron de 40 a 83 casos entre 2017 y 2018, mientras que en el sector de servicios, el incremento fue de 121 a 183 casos. En la medida en que los concursos que no llegan a buen puerto terminan en quiebras, el incremento de los primeros presagia también una dinámica alcista en el remate de las empresas.

A diferencia de los concursos preventivos de acreedores, que transitan por la vía judicial, los procedimientos preventivos de crisis se presentan ante la Secretaría de Trabajo y por lo general son impulsados por empresas que buscan aplicar un fuerte achicamiento de la plantilla o reorganización de la producción con el aval oficial para minimizar el conflicto gremial.

Este último es el reciente caso de la embotelladora de Pompeya de Coca-cola Femsa, que justificó que “atraviesa una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar la estructura de trabajo”. En la misma situación está la fábrica de neumáticos Fate, que pide al gobierno una serie de medidas de apoyo para no tener que “desafectar líneas completas de la producción” y echar a más de 400 empleados. El año pasado fue el turno de Carrefour, que consiguió cerrar once sucursales, echar a 300 empleados y que un número mucho más alto de trabajadores ingresen al plan de retiros voluntarios.

(*) Fuente: Página 12

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