Por Diputada Cristina Brítez
Entrega e ilegalidad: Pilares del modelo Pro
(Por Diputada Cristina Brítez (Especial para Motor Económico)) Cuando hablamos de la instalación de bases extranjeras en la zona de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay nos estamos refiriendo a una cuestión que data ya desde hace varios años.
Para poner en contexto la problemática debemos referirnos en primer lugar a la cuestión social. La región es lugar del asentamiento de cientos de comunidades provenientes de occidente entre las que se cuentan chinos, coreanos y árabes principalmente, las cuales se dedican al rubro comercial que es el principal fuerte de la economía en la zona.
Esto sumado al gran tráfico constante de personas durante todo el año que se corresponden con el turismo mundial debido al atractivo que representan las Cataratas del Iguazú, formaron quizás una combinación perfecta para que los Estados Unidos pusieran la mira en la región.
Sabemos que en la actualidad cuando las potencias llevan adelante sus proyectos de colonización sin utilizar la fuerza de las armas se valen de la instalación mediática, de mecanismos y argumentos que permitan preparar el terreno para lograr sus metas y así de alguna manera lograr un consenso social.
En este caso y como señaláramos en ocasiones anteriores la preparación a su “intervención salvadora” estuvo dada por la supuesta existencia de células terroristas en la triple frontera que financiarían las actividades en países de medio oriente, un artilugio que les permitió instalarse en la República vecina del Paraguay.
Para que se concreten acciones de este tenor es necesario que los gobiernos de los países afectados presten su consentimiento, y como es de público conocimiento en la actualidad tanto los presidentes de Argentina, Brasil y Paraguay provienen de partidos neoliberales de Derecha alineados con las políticas impuestas por Washington por lo tanto, el momento para que se desarrollen cuestiones de este tipo es más que oportuno.
Cuando el objetivo de interés principal de fondo se hizo público, las discusiones sobre la presencia de tropas extranjeras en la región tomaron otras connotaciones. Se trataba de la apropiación de los recursos naturales, con el acuífero Guaraní como principal protagonista.
Actualmente el solo hecho de la mención de la posible instalación de fuerzas militares extranjeras en nuestro país es rechazada en su amplia mayoría por la sociedad, y más aún cuando se conoce el verdadero interés que poseen: los recursos naturales de nuestro territorio, motivo por el cual tomando nota de esta situación decidieron innovar los argumentos de nuestra “necesidad” de colaboración por parte de los EE.UU., en este caso con el narcotráfico.
La situación tomó estado público cuando se conoció la noticia de que el Ministerio de Seguridad de la Nación había suscripto un convenio para el entrenamiento de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales por parte de la DEA a fines de combatir el narcotráfico en la región. Para ello la propuesta consistía en la instalación de una “task forcé” que tendría asiento en la ciudad de Posadas en la provincia de Misiones y en la cual se capacitarían agentes locales y nacionales en la lucha contra el narcotráfico.
En principio tanto el gobierno nacional, como provincial intentaron poner paños fríos a la cuestión haciendo énfasis en la importancia que implicaría la concreción de dicho acuerdo. Posteriormente ante el masivo rechazo de la población negaron que se instalaría dicho cuerpo extranjero en la región aseverando que los miembros de las fuerzas de seguridad viajarían al exterior a capacitarse.
Si bien hemos señalado en reiteradas ocasiones que no se trata de una cuestión inexistente, sino que por el contrario es un flagelo que va en aumento, no obstante de ninguna manera se justifican los intentos por concretar la instalación de una “task forcé” de la DEA en suelo Argentino. Las experiencias de México y Colombia son más que suficientes para demostrar que contribuyen solamente a agravar los problemas y no a brindar las soluciones que prometen; simplemente porque su interés real es otro, es sentar bases permanentes con fines propios.
Desde un primer momento por medio de la Cámara de Diputaddos de la Nación hemos remitido pedidos de informe manifestando nuestra preocupación y solicitando la remisión de los convenios suscriptos con las fuerzas del exterior, cuestión que ha sido dilatada en reiteradas ocasiones intentando colocar un manto de misterio en las acciones que lleva adelante el Gobierno Argentino con respecto a los permisos y concesiones que pretende realizar con las potencias extranjeras sin el previo análisis y aprobación por parte del Congreso de la Nación tal como lo establece nuestra carta magna.
Estamos ante una encrucijada y no debemos perder de vista la problemática que sigue presente y pretende pasar desapercibida para consolidarse, debido a que la agenda mediática nos impone a diario cuestiones de su propio interés y es en esos momentos en que acciones de este tipo terminan por realizarse a espaldas de la sociedad que mira atentamente hacia otro lado.
- Diputada Nacional por la Provincia de Misiones FPV-PJ
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