Por Gaby Tijman
Jujuy, el laboratorio experimental de Cambiemos
En la presente nota que realizara la periodista Gaby Tijman, radicada hace unos cuantos años en la provincia norteña de Jujuy, especialmente para Motor de Ideas 8 #TresAñosNeoliberales analiza cómo Cambiemos convirtió a dicha provincia en un laboratorio de lo que ocurriría en el país y Milagro Sala resultó su objeto experimental.
(Por Gaby Tijman (Especial para Motor de Ideas)) La idea de Jujuy como laboratorio de lo que ocurriría en el país a partir de la asunción de Cambiemos surgió inmediatamente después de la detención de Milagro Sala, el 16 de enero de 2016. Fue el periodista Horacio Verbitsky quien la expresó por primera vez, y desde entonces se repitió desde distintos ámbitos que reclaman ante el deterioro del estado de derecho y la pérdida de garantías.
A pocas semanas de que la fundadora de la Organización Barrial Tupac Amaru cumpla tres años de detención, vale preguntarse qué de aquella idea se fue verificando, y de qué manera.
La detención de Milagro Sala se produjo en medio de un acampe que la Red de Organizaciones Sociales, con la Tupac a la cabeza, había instalado frente a la Casa de Gobierno de Jujuy apenas asumido Gerardo Morales. Milagro le había pedido audiencia formalmente, para conocer cuál sería su política respecto de las cooperativas, y ante la falta de respuestas decidió la medida.
EL 14 de diciembre de 2015, 42 gendarmes murieron en la localidad salteña de Rosario de la Frontera al desbarrancar el micro que los trasladaba a San Salvador de Jujuy para participar de un operativo de prevención, según la información oficial. Ese traslado trunco despertó las alarmas. “El envío de la Gendarmería para realizar la detención de Milagro, que no se pudo hacer por el vuelco, me hizo ver que esta operación excedía claramente los límites de la provincia de Jujuy y que Morales era un adelantado de un plan que era compartido por el gobierno nacional. Por eso desde el primer momento pensé que era un laboratorio de ensayo y que eso se iba a generalizar al resto del país”, repasa hoy Horacio Verbitsky en charla con “Motor de Ideas MI)”.
Tres años es tiempo suficiente como para sacar conclusiones. Sobre todo, porque hace tiempo ya que se viene alertando sobre las prácticas autoritarias del gobierno de Jujuy y sus réplicas, con sus particularidades, a nivel nacional.
A comienzos de septiembre de 2016 se constituyó en San Salvador de Jujuy una Comisión de Organismos de Derechos Humanos y legisladores nacionales y provinciales que recibió una importante cantidad de denuncias que, “por su extensión y gravedad dieron cabal cuenta de la situación represiva y de violación a las libertades democráticas que se viven en la provincia gobernada por la coalición Cambia Jujuy, integrada por Gerardo Morales (UCR) y Carlos Haquim (Frente Renovador)”, según afirma el informe elaborado tras la serie de reuniones.
Aún no había pasado un año de la detención de Milagro Sala, y organismos como el CELS, la LADH, la APDH y la Correpi, y sectores políticos como el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, afirmaban haber constatado que “Jujuy vive una sucesión inédita de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y políticas”.
“A partir de la detención de Milagro, tanto en Jujuy como en todo el territorio nacional hubo un profundo y acelerado deterioro de las instituciones y, en consecuencia, un falso ejercicio de una ciudadanía en el marco del sistema democrático, con muchas otras detenciones de opositores políticos, la mayoría sin condena firme”, analiza Paula Álvarez Carreras, integrante del equipo de abogados y abogadas de Milagro Sala al ser consultada por MI.
El diputado provincial (Unidad Ciudadana) Juan Manuel Esquivel, histórico referente político de la Tupac, viene advirtiendo que “la política represiva del gobierno de Gerardo Morales lo que ha hecho es diezmar la organización Tupac Amaru, no solamente por haber quitado la fuente de trabajo a más de 5000 compañeros que hoy no tienen trabajo, sino también a través de la política persecutoria”.
“Con todo ese escenario, lo que ha producido es que muchos compañeros no quieran salir, ni siquiera nombrar que han pertenecido, pertenecen o están en la Tupac, por el temor que esto impone”, agrega.
El Poder Judicial, el actor principal
Claro que sobre este escenario hay un actor principal: el Poder Judicial. A 10 días de asumido el gobierno de Morales se amplió el Superior Tribunal de Justicia de 5 a 9 miembros. Tres de los que fueron designados nuevos supremos habían votado horas antes la reforma del STJ desde sus bancas como legisladores provinciales por la UCR.
“Con esta mayoría propia en el Superior Tribunal de Justicia, y en todo el sistema judicial, iniciaron una cacería de brujas para demonizar cualquier reclamo obrero y popular, dejando además vía libre a las patronales y al propio gobierno en los planes de ajuste y despidos”, describe el informe elaborado por la Comisión de 2016.
Esquivel repasa que “Jujuy se adelantó a la doctrina Irurzun con la utilización arbitraria y sin límites de la prisión preventiva por motivos políticos”, y marca dos aspectos clave para que esto fuera posible: por un lado, la politización del Poder Judicial, y, por otro lado, los medios de comunicación al servicio de las causas judiciales.
“Primero se estigmatiza al dirigente por supuestos casos de corrupción, y luego aparece la prisión preventiva como respuesta a un clamor popular que le exige al gobierno, sea Morales, sea Macri, que mande al delincuente a la cárcel”, describe el legislador.
Sin embargo, las acciones represivas del Poder Judicial no se dirigen solo a los opositores políticos acusados de actos de corrupción, sino también hacia sus propios representantes legales. En las últimas semanas, Álvarez Carreras y su colega Luis Paz, ambos integrantes del equipo de defensa de Sala y otros tupaqueros y tupaqueras que están siendo juzgados, recibieron sendas sanciones, traducidas en la aplicación de multas y en la amenaza de la suspensión de la matrícula profesional.
La semana pasada, Álvarez Carreras fue notificada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 -que lleva adelante el juicio denominado Pibes Villeros-, de que se le había suspendido la matrícula por decisión del juez residual Pablo Pullen Llermanos y se le había impuesto una multa cercana a los 30.000 pesos.
Pullen es el magistrado que tiene a su cargo la situación de detención de Milagro Sala. Es quien dispuso que se la alojara en la casa de la localidad de El Carmen bajo un régimen aún más estricto que el del Servicio Penitenciario, vigilada por fuerzas federales.
A las pocas horas que su colega, Luis Paz recibió una sanción similar. Más allá de lo que significan estas sanciones como impedimentos materiales hacia los abogados, porque les prohíben, por ejemplo, estar presentes en las audiencias, “están dejando sin defensa a Milagro, que es la principal referente política, que es la persona que está siendo perseguida judicial y políticamente en el ámbito provincial y nacional”, advierte Paz.
“En un proceso de deterioro institucional y de violación de derechos elementales, así avanza el Poder Judicial, que a su vez está presionado por la decisión política de cambiar el eje de lo que es la estricta defensa de los derechos de las personas sometidas a proceso penal, impidiendo que se ejerza esa defensa material”, reflexiona Álvarez Carreras.
Las sanciones vinieron luego de una sucesión de rechazos sistemáticos de planteos presentados por los defensores, siempre bajo el argumento de que son “maliciosos” o “entorpecen el avance de la justicia”, a pesar de que se encuadran en lo que dicta la Constitución Nacional, las convenciones y los estándares internacionales de la Corte IDH, la CIDH y la Convención Americana de los Derechos del Hombre.
Así es como, a la persecución y el disciplinamiento de los opositores políticos, se suman acciones similares hacia quienes ejercen las defensas, “poniendo a los imputados en una situación de indefensión, solo por interpretaciones caprichosas que responden a una demanda y una necesidad política de mantener a los opositores al margen de las disputas que deberían darse en otro ámbito, no en el judicial”, completa la abogada.
El fin último, en suma, es la destrucción de una forma de organización y liderazgo encarnada en Jujuy en Milagro Sala. “Para este gobernador, Milagro no es una adversaria política, es una enemiga. Y lo que buscan este gobernador y este gobierno, lo vengo sosteniendo desde hace dos años, es aniquilarla”, afirma Paz.
“En estos mil días de Milagro presa ilegal, arbitraria e injustamente, Morales sólo puede exhibir como logro de gestión el tener presa a la única dirigente política y social capaz de enfrentarlo en la arena de las promesas de campaña, todas incumplidas hasta la fecha”, suma Esquivel.
El contexto global
Hay por supuesto un contexto que excede al ámbito judicial y político jujeño. Y de esto se trata aquella idea de “laboratorio”.
“Desde que asumió la actual administración, conociendo su objetivo colonizador y su programa de sometimiento al totalitarismo financiero que pulsiona en el mundo, supe que bajo la máscara del autodenominado ‘neoliberalismo’ se ocultaba para los latinoamericanos un proyecto de sociedad con el 30 por ciento de incluidos y el 70 por ciento de excluidos. Por ende, sabía que este programa no puede llevarse a cabo sin represión. Nada de lo que está sucediendo me extraña ahora, porque no es más que lo que era de esperar”, analiza el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni al ser consultado por MI.
El ex juez de la Corte Suprema describe a “una macrodelincuencia transnacional o criminalidad organizada a gran escala, que se apodera de nuestra Nación, valiéndose de agentes locales que ya han consumado el daño e hipnotizan a buena parte de nuestro Pueblo con ‘Boca-River’, veladas de lujo en el Colón, visitas de los lobbistas internacionales, promesas de combatir la ‘delincuencia’ con ‘mano dura’ y mucho circo sin pan”.
La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, también defensora de Milagro Sala, realiza una lectura de la situación desatada en Jujuy casi tres años atrás con lo que fue ocurriendo en los meses posteriores, no solo a nivel nacional sino también regional. “Hoy por hoy en Latinoamérica se está hablando del lawfare, un modo de intervención política que implica un combinado entre los medios de comunicación y algunos operadores judiciales que piden u ordenan las detenciones de líderes populares con una enorme laxitud en la aplicación de las garantías constitucionales”.
Para la abogada, se deben sumar a este análisis las “personas arrepentidas que traen información que habilita esas detenciones” y “algunos jueces que se colocan en un lugar de adalides contra la corrupción y con la utilización de tipos penales abiertos, como la asociación ilícita, o imposibles como la traición a la patria”.
“Eso de lo que hoy todo el mundo escribe sobre Lula, Cristina, Correa, Zelaya, Glas, podemos pensar que en nuestro país y también en parte en la región se inició con la detención de Milagro”, concluye Gómez Alcorta.
Finalmente, la abogada traza una línea que viene a ordenar las piezas: “Creo que a este modo de operar del Poder Judicial se lo conoció de un modo muy descarnado con la detención burda de Milagro, además de ilegal y arbitraria por el acampe, y la necesidad del Poder Judicial de reordenar esa detención a los fines de que, acompañado de los medios de comunicación, se presente como un acto de justicia cuando se trata en algunos casos de hechos de violación de los derechos humanos más importantes de esta época”.
Zaffaroni va en un sentido similar: “Milagro no es un caso de laboratorio, sino que su prisión y estigmatización a través de las mentiras de los medios monopólicos que pertenecen a los títeres locales del totalitarismo financiero era indispensable para el proyecto colonizador de endeudamiento acelerado de nuestra Patria”.
Frente a tal panorama, el jurista propone una mirada centrada en las convicciones y la defensa de los derechos: “No hay que deprimirse. Todo pasa, y el poder pasa rápido. Los genocidas del 76 eran aún más soberbios. La fusiladora del 55 también. Llevamos 500 años de resistencia y lucha contra el colonialismo y aquí seguimos. Como dijo Pepe Mujica, no hay triunfo definitivo, pero tampoco derrota definitiva”.
- Periodista. Editora de El Submarino Jujuy y Diario Digital y columnista de Socompa
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