Por Clara Razu

Juventud vulnerada por las políticas económicas

Todos los niños tienen derecho a una alimentación, vivienda, y atención médica adecuada. Todos los niños tienen derecho a una educación gratuita y de calidad. Todos los niños tienen derecho a la igualdad de oportunidades, esas que “el mercado”, les niega.

(Por Clara Razu) Las tardes de domingo en los barrios de Ramos Mejía y Villa Luzuriaga, tienen ese perfume de almuerzos tardíos y familias reunidas, en fin, de burguesía tranquila.

En el predio limitado por las calles Don Bosco y Nicaragua y las vías del ferrocarril se encuentra la Plaza Alberto Etcheverry. Una plaza rescatada por los vecinos, que aún no es declarada espacio público, debido a un conflicto por los terrenos que, al lindar con las vías, pertenecen al ferrocarril. Escenario de mates familiares, juegos infantiles y reclamos vecinales, el domingo fue escenario de una jornada en defensa de los derechos de los niños y adolescentes.

Bajo la mirada de Santiago Maldonado, que, desde el mural, pintado por los vecinos sigue pidiendo que su búsqueda no se detenga, niños y jóvenes disfrutaron de una tarde con juegos, payasos, planetario móvil, música, ajedrez y difusión de programas para la defensa de sus derechos. A un costado del escenario había una mesa atendida por jóvenes trabajadores sociales que informaban sobre los programas del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes de La Matanza. Este servicio trabaja para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos reconocidos en el ordenamiento legal vigente. También se daba en el lugar difusión a un interesante programa, el PROPICIAR: Programa para la Integración Comunitaria de la Infancia y Adolescencia en Riesgo. Distintos procesos socioeconómicos llevaron a que los niños y adolescentes de nuestro país sean considerados “una amenaza social”. Los imaginarios sociales alimentados por el amarillismo de los medios de comunicación masivos, así como la funcionalidad de distintos sectores políticos, han materializado sus mayores miedos en la figura del adolescente, por lo general de barrios marginales, pobre, morocho y con determinada forma de vestir.

Sobre esta figura estigmatizada es que se suele justificar cualquier tipo de accionar como “una suerte de ajusticiamiento”, que van desde las golpizas hasta linchamientos y asesinatos, sin reparar en que esas acciones son ilegales y vuelven a la sociedad más violenta. Para disminuir los niveles de violencia este programa trabaja a través de operadores sociocomunitarios con jóvenes de hasta 18 años en situación de riesgo penal.

Una de las razones del aumento de la vulnerabilidad de los niños y adolescentes es la vulnerabilidad económica que aumento a partir de diciembre de 2015 como consecuencia directa de la aplicación de una política económica que expulsa a gran parte de la población al desempleo y marginalidad.

Es notable el incremento de la población juvenil, que abandona la escuela para ayudar al sostenimiento de sus familias. Además, como no concluyen sus estudios solo acceden a empleos temporarios, informales y con baja remuneraciones.

El desempleo y la informalidad entre los jóvenes y adolescentes supera el promedio nacional. Con una tasa media del 9,2 por ciento para la población general, la desocupación en los varones que tienen entre 14 y 29 años asciende al 17,2 por ciento y entre las mujeres de esa franja de edad sube al 20,1 por ciento, según los datos difundidos por el INDEC.

La situación geográfica también influye a la hora de encontrar trabajo, la evolución del desempleo fue diferente, ya que los jóvenes de los partidos del Gran Buenos Aires tuvieron mayores dificultades para conseguir empleo que sus vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien hay un aumento de las oportunidades de acceder a la educación secundaria y superior, planes de terminalidad de secundaria (FINES) o aumento de universidades en el conurbano (resultado de la “pesada herencia”), un porcentaje considerable de jóvenes no tiene todavía la oportunidad de cursar estudios, sobre todo porque se ven obligados a trabajar para complementar los ingresos de sus hogares. Esta situación los pone en riesgo de permanecer atrapados en la pobreza, pues complica su acceso a mejores empleos.

En Argentina, la tasa de actividad (ocupados más los que buscan trabajo) de los adolescentes y jóvenes es alta. Mientras el promedio es del 57,2 por ciento, la de los varones jóvenes asciende al 56,2 por ciento y entre las mujeres al 37,2 por ciento. Estas cifras desmienten el diagnóstico de que los jóvenes no estudian, no trabajan ni buscan trabajo (los Ni-Ni).

Las cifras del mercado de trabajo evidencian algunos déficits serios: persistencia de un sector informal, heterogeneidad de la estructura productiva y posibilidades limitadas de acceso a un trabajo pleno de derechos. La informalidad y el desempleo continúa siendo un problema a resolver. Los sectores más afectados siguen siendo los que residen en villas y asentamientos precarios, los integrantes del nivel socioeconómico muy bajo, aquellos integrantes del hogar que no son jefes de hogar, las mujeres, los jóvenes y adultos mayores, los que no culminaron los estudios secundarios y los ocupados en el sector informal de la economía.

Resulta paradójico que ante esta realidad desde el Ministerio de Trabajo insistan con planes de flexibilización laboral que solo profundizarían la situación de vulnerabilidad de los trabajadores, sin afectar el desempleo y la caída de la actividad económica.

Tampoco contribuyen a mejorar la situación la puesta en práctica de pasantías o sistemas de “prácticas profesionales”, que le quitarían a los jóvenes tiempo de formación.

Mientras tanto, la vulnerabilidad económica agrava las situaciones de vulnerabilidad social, y son los niños y los jóvenes algunas de sus víctimas.

Y si bien la capacidad de los gobiernos locales sobre las medidas estructurales es limitada, es bienvenida y un abrazo de contención que intenta proteger y rescatar a los que el modelo empuja a los límites de la dignidad.

• Lic. en Economía. Docente. Colaboradora de Motor Económico

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