Por Comisión de Personas con Discapacidad-Instituto Patria

Preocupación por el DNU de Macri que crea un "super organismo" para atender la discapacidad

(Por Comisión de Personas con Discapacidad-Instituto Patria) El nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia 95/2018 de la gestión del ingeniero Macri, interviene en la materia, entre otros temas; y, acciona del siguiente modo:

1) Suprime el SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN responsable, entre otros temas del Certificado Único de Discapacidad y la categorización de prestadores de servicios de atención para personas con discapacidad en el marco de la Ley 24.901, en la ámbito del MINISTERIO DE SALUD y lo transfiere a la órbita de la “nueva” Agencia Nacional de Discapacidad dependiente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

2) Sustituye el artículo 3º de la Ley Nº 22.431 y sus modificatorias, atribuyendo a la Agencia la función de certificar “la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado e indicará, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar” pero también exigiendo que los certificados emitidos por las provincias adheridas a la Ley Nº 24.901, tendrán Idéntica validez en cuanto a sus efectos,” previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan por reglamentación”.

Llama poderosamente la atención que la gestión actual de Mauricio Macri se encuentre tan pre-ocupada y ocupada en absorber, entre otros, al Servicio Nacional de Rehabilitación y los asuntos del Certificado Único de discapacidad cuando en su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la única jurisdicción que desconoció por siete (7) años el Modelo Único de Discapacidad y el Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad aprobado en la Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad en 2008 y por Resolución 675/2009 del Ministerio de Salud, “aceptándolo” cuando cursaba el año 2015.

Este afán por generar un “super organismo”, que centre y monopolice los asuntos que le incumben a las personas con discapacidad, golpea el trabajo que se viene realizando en el mundo entero para transversalizar la perspectiva del modelo social de la discapacidad en la política públicas y en la gestión y que, contrariamente a lo propuesto, no sea una cuestión de un “exclusivo” o “especializado” organismo.

Si algo busca claramente el modelo social de la discapacidad es precisamente superar el modelo de “expertos”, - entiéndase también un “organismo experto”,- construido y sostenido por el modelo médico, demostrando lo pernicioso y opresivo que ha sido en la construcción de la identidad de las personas con discapacidad pero también en las políticas y gestión de gobierno.

Este actual DNU nuevamente no ha sido elaborado consultando a las personas con discapacidad y sus organizaciones como lo ordena la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26378 y 27044) y también ha omitido en la presente decisión la participación del Consejo Federal de discapacidad que otorga la voz a las provincias.

Por otra parte, no habiendo considerado la voz de las personas con discapacidad y sus organizaciones, tampoco pudieron realizar efectivas y avanzadas propuestas. Esto evidencia, una vez más, que el objetivo no es propiciar y ejecutar políticas que efectivicen derechos en pos de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

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