Por Mariano Kestelboim
Se acelera la apertura
(Por Mariano Kestelboim) La intensidad en el uso de los instrumentos de protección comercial por parte del Gobierno intenta compatibilizar tres de sus objetivos centrales: reducir la inflación, complacer el interés de los principales organismos multilaterales (FMI, BM y OMC) para evitar poner en riesgo la política de endeudamiento y preservar el empleo. Este último objetivo, contradictorio con los dos anteriores, ha representado un sostén de las políticas de administración de las importaciones heredadas.
El pobre avance en la lucha contra la inflación, sobre todo considerando lo que los funcionarios públicos esperaban, parece haber obligado a replantear la regulación comercial. Y, en los últimos meses, se aprecia un mayor crecimiento de la importación, facilitada por el atraso cambiario, un ocultamiento de información y cambios de reglas.
Primero es preciso reconocer la gradualidad que ha venido teniendo el proceso, sobre todo en comparación con la anterior experiencia aperturista. A pesar de la devaluación y de la caída de la demanda en 2016, la importación de bienes de consumo creció un 9,1 por ciento en ese año. En los primeros ocho meses de 2017, sin un reverdecer nítido de la demanda, avanzó un 15,5 por ciento. Esa suba fue más acelerada aún en los últimos dos meses con información disponible: 19,7 por ciento (julio) y 23,6 por ciento (agosto). Es importante también tener presente que la economía en los últimos cinco años del kirchnerismo no estuvo cerrada como ha impuesto el discurso dominante: el promedio anual de importación de bienes de consumo de esos años fue un 33 por ciento mayor que el del lustro anterior. Ahora bien, el peligroso ritmo actual de crecimiento está lejos de la apertura de principios de la Convertibilidad. Lo importado de bienes de consumo, en los dos primeros años de ese régimen, había sido ocho veces y media mayor que lo registrado en 1989 y 1990.
Por encima de todos los cambios que se han implementado, el más agresivo en favor del negocio importador y que atenta contra de la competitividad de la industria nacional fue el repentino corte de la difusión de las estadísticas de comercio exterior desde hace ya tres meses. El apagón fue sin preaviso y tampoco se ha informado cuándo se restablecerá el sistema. El argumento público que ha trascendido es la necesidad de realizar cambios en los sistemas de control. En el medio, se acelera el crecimiento de las importaciones. Planificar esquemas de especialización productiva y estrategias comerciales con mucha menos información sobre la oferta dificulta la labor de cualquier empresa. Confiar en las señales de precios para diseñar estrategias de mercado, en una economía que padece una crónica inestabilidad agudiza los problemas de las empresas, especialmente de las más pequeñas que suelen tener menos datos y sobre todo son más débiles para negociar con proveedores y clientes.
A la vez, impedir el acceso a un seguimiento frecuente y detallado de las importaciones, como sí puede hacer cualquier empresa en una economía de mercado moderna y como se hacía en Argentina libremente en las últimas décadas, limita en gran medida la velocidad para poder detectar prácticas comerciales desleales que ameriten una defensa a partir de la aplicación de medidas antidumping, derechos compensatorios o salvaguardias. El gobierno le ha comunicado a la UIA que brindará (sin especificar fecha) información sectorial, pero a nivel agregado. En materia de precios, por caso, sólo se podrá acceder a valores promedio, máximos y mínimos por unidad estadística (puede no coincidir con la comercial). Es información es insuficiente. Conocer la dispersión en la distribución de los precios es fundamental para determinar el impacto perjudicial que podría estar afrontando una industria. Para acceder a más datos, habrá que pedirlos especialmente al Ministerio de Producción, lo cual demorará las acciones de defensa de mercado.
También el gobierno frenó la aplicación de valores criterio, esenciales para combatir la subfacturación que lesiona el interés fiscal e implica una competencia desleal para la industria, trata a China como una economía de mercado en los procesos antidumping y estableció nuevas etapas de análisis para la iniciación de investigaciones antidumping. Todo enlentece la posibilidad de establecimiento de medidas.
Estas políticas perjudican a la industria y sus trabajadores y buscan que sean la variable de ajuste del intento de “desinflacionar” la economía.
- Economista, consultor y docente Undav.
(*) Fuente: Página 12
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