Por Redcom
Tierra del Fuego: abre sus puertas a Laboratorio multinacional para “ampliar la exclusividad” de un antirretroviral
(Por Redcom) Se trata de la multinacional farmacéutica Bristol Myers Squibb, con quien la provincia de Tierra del Fuego a través del Laboratorio del Fin del Mundo acordó la “producción” del medicamento para el VIH: Atazanavir. La firma del acuerdo traería aparejada la extensión de la exclusividad aprovechando el estado de indefensión preocupante que existe en Argentina. Las patentes ingresarán rápidamente desde EEUU y de la Unión Europea. Una vez expirada la patente se le otorga cinco años más de exclusividad para operar en el mercado. Una de las patentes del Atazanavir venció en 2017 y la otra de bisulfato o sal de Atazanavir vence en 2019.
Uno de los grandes grupos económicos beneficiados con la política estatal es el vinculado a la industria farmacéutica y los laboratorios que operan en nuestro país. Las políticas en materia de salud, les permitirá a los laboratorios farmacéuticos patentar remedios vitales y bloquear el uso de genéricos, dificultando el acceso a la salud. Macri sigue avanzando hacia la privatización de la salud para que los más ricos sigan haciendo negocios a expensas del pueblo.
El 15 de agosto de 2017 la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, firmó un acuerdo con la multinacional farmacéutica Bristol Myers Squibb (BMS) para producir un antirretroviral: el Atazanavir 300 miligramos, para pacientes que sufren VIH. La BMS transferirá tecnología para que el laboratorio del Fin del Mundo (LFM) comience a fabricar el medicamento.
El Laboratorio, en realidad, es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) creado por el gobierno de Tierra del Fuego mediante la Ley 1136, que establece la creación del "Laboratorio del Fin del Mundo Sociedad Anónima", para que la provincia incursione en la producción y comercialización de productos farmacéuticos tales como medicamentos, antibióticos y sueros. Dicha Ley exceptúa a la empresa “estatal” del pago de todos los impuestos provinciales creados o por crearse que se deriven de los contratos y/o actividades que la sociedad del Estado realice. Quedará exenta del pago de impuestos, tasas y gravámenes provinciales, los actos constitutivos de la sociedad, quedando encuadrada en la Ley Nacional de Sociedades Nº 19550.
Para ello, el Ministro de Industria fueguino y también Presidente del Directorio del LFM, Ramiro Caballero, trabajó intensamente con su equipo ministerial para lograr una readecuación normativa que permita los beneficios de la ley de promoción industrial y los mecanismos que posibiliten la exportación de medicamentos. Lo que se busca con estos mecanismos es calificar para la “Food and Drug Administration” (FDA), la agencia responsable de la regulación de medicamentos, alimentos, cosméticos, productos biológicos y derivados sanguíneos de los Estados Unidos.
Libertad de maniobra para las Compañías Farmacéuticas
El contexto nacional, en el que fue creado el Laboratorio fueguino por medio de una Ley promulgada en enero de este año para cerrar un acuerdo con la Bristol Myers Squibb en agosto -quien transferirá tecnología para la producción del antirretroviral-, está dado por las obligaciones que tiene el Estado nacional de responder, con sus compromisos económicos, a las grandes empresas multinacionales que operaron en nuestro país para derrotar electoralmente al gobierno anterior y de esta forma colocar a sus gerentes en las riendas del Estado.
Uno de los grandes grupos económicos beneficiados con la política estatal es el vinculado a la industria farmacéutica y los laboratorios que operan en nuestro país. En el mes de abril se anunció que se “flexibilizaran” los controles para la entrada de ciertos medicamentos en el mercado nacional. Mario Quintana, actual vicejefe de gabinete de Macri, era hasta antes de asumir como tal, gerente de la cadena de farmacias Farmacity. De esta forma se puede ver cuáles son los intereses a los que responden desde el Estado argentino.
El 18 de abril de este año, el presidente Mauricio Macri anunció la reducción del plazo para que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) apruebe los estudios clínicos necesarios para permitir la entrada al mercado de nuevos medicamentos. Hasta ahora, la ANMAT, un organismo regulador y fiscalizador creado en 1992, se tomaba seis meses para sus evaluaciones, pero para los “negocios de Macri y sus empresarios-ministros eso es demasiado tiempo”. A través de la Disposición 4008/2017 publicada en el Boletín Oficial -del jueves 26 de abril-, el artículo 1º indica que “las áreas técnicas intervinientes deberán expedirse en el término de 60 (sesenta) días hábiles administrativos”. En su artículo 3º precisa que en el caso de que el patrocinador presente un pedido de autorización de un estudio de farmacología clínica que esté aprobado por determinados países o por países de la OPS, “los plazos establecidos en el artículo 1° de la presente disposición serán de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles administrativos, para emitir el informe técnico final”.
Es una situación “absolutamente absurda, que después de sesenta días comience el estudio clínico”. Qué pasa si después hay un “daño o se vulneraron los derechos que son contemplados en el marco de la bioética”, es decir, los “derechos a la autonomía de la decisión y de la dignidad de las personas?”. Con todo esto “hemos quedado en un estado de indefensión preocupante, las patentes van a ingresar rápidamente desde EEUU y de Europa, y estudios jurídicos aprobarán con celeridad los medicamentos supuestamente innovadores”, denunció a Redcom Daniel Gollán, ex Ministro de Salud de la Nación y miembro de la Fundación Soberanía Sanitaria.
Esto va junto con la “anulación de las guías de patentabilidad tal como querían las multinacionales” y la aplicación de un procedimiento acelerado para las patentes estadounidenses. El anuncio de Macri sólo “les sirve a las multinacionales ya que la investigación de los laboratorios nacionales está muy acotada”, afirmó Alberto Ferrari, periodista especializado en políticas sobre medicamentos.
“La posibilidad de aprobación automática y sin evaluación de la ANMAT de los ensayos clínicos pone en riesgo la integridad de quienes participan en una investigación”, pues “implica que un laboratorio pueda ensayar en sujetos una droga cuya seguridad, calidad y eficacia no se encuentran garantizadas, delegando la responsabilidad de control del Estado a la industria farmacéutica, principal interesado en que el medicamento se apruebe”, le contestaron a Macri desde la Fundación Soberanía Sanitaria (FSS).
Monopolio Farmacéutico en la Argentina
Las políticas en materia de salud que está llevando adelante el sistema Neoliberal, les permitirá a los laboratorios farmacéuticos patentar remedios vitales y bloquear el uso de genéricos, dificultando el acceso a la salud en el país. Mientras tanto, los pacientes luchan y esperan que los organismos del Estado destraben la situación.
De acuerdo con el Observatorio de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), el 52% de las compras de medicamentos antirretrovirales, en 2015 se hizo a través de licitaciones públicas, el 47% directas y 1% por otros mecanismos. “En ese 47% de los casos se encuentra todo un grupo de medicamentos para cuya adquisición carece de sentido realizar un concurso de precios dado que existe un único proveedor, justamente porque son medicamentos bajo patente”, indica el informe que analizó las compras públicas de medicamentos de VIH.
De este modo, los más beneficiados con la venta de medicamentos antirretrovirales al gobierno entre 2015 y 2016 fueron los laboratorios Global Farm (que es distribuidor de Bristol Myers Squibb y Msd), Gador (concesionario de Gilead), el laboratorio nacional Richmond, Kampel Martian y Jansen Cilag Farmacéutica.
En 2012, el gobierno argentino estableció las pautas para el “examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas”, que indica los criterios de inventiva, novedad y aplicación industrial. “Eso fue una bomba muy grande para las multinacionales”, asegura Sonia Tarragona, directora de la Maestría de Farmacopolíticas de la Universidad Isalud. “Dicen que es inconstitucional, pero lo cierto es que esa guía ha permitido que solamente se le otorgara patentes a aquellas solicitudes que realmente significaban una innovación.”
Según el informe de la Campaña Acceso a Medicamentos de Médicos Sin Fronteras, desde que la Argentina promulgó esta guía, el “95% de las aplicaciones de patentes de ARV han sido rechazadas, un incremento de la tasa de rechazo del 51%”. Un año después, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que agrupa a farmacéuticas de Estados Unidos y Japón, entre otras, demandó al gobierno argentino por esas pautas. El caso se encuentra aún en trámite en el Juzgado Civil Comercial Federal 1.
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(*) Fuente: Telegram RedCom
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