Por Santiago Fraschina
Tres años de la nueva noche neoliberal-financiera
Un profundo análisis sobre la encrucijada en la que se encuentra el gobierno de Mauricio Macri, a partir de la restauración neoliberal financiera, es realizado por el Director de la Licenciatura en Economía de la Universidad de Avellaneda (UNdAv) para Motor de Ideas 8 #TresAñosNeoliberales.
(Por Santiago Fraschina (Especial para Motor de Ideas)) La Argentina está viviendo una restauración neoliberal financiera. La cuarta crisis fuerte de este modelo, desde que la dictadura emprendió un proceso acelerado de endeudamiento externo. La llegada del macrismo al poder desmanteló en poco tiempo el conjunto de medidas alternativas a la ortodoxia que durante más de una década fue construyendo el kirchnerismo. No obstante, desde el arranque de la gestión, el carácter del nuevo gobierno fue acumulando fracasos, ya que las políticas implementadas y los resultados obtenidos no se condicen en nada con lo anunciado en la campaña electoral.
Desconociendo las especificidades de la economía argentina, el modelo económico vuelve a mostrarse de manual, algo que no debería dar lugar a preocupaciones si no fuera porque las teorías que los sustentan son acordes a los intereses de los países centrales; quienes difícilmente se sientan cómodos con una Argentina de base nacional, pujante y competitiva en materia de industrias y servicios. Así, las primeras medidas económicas se orientaron a desregular el mercado de bienes, eliminado retenciones a las exportaciones y abriendo las importaciones; el mercado cambiario y los de flujos de capitales internacionales, devaluando la moneda y liberando la compra de divisas extranjeras.
En paralelo, como la liberación financiera implicaba un enorme riesgo de pulverizar la moneda local, el gobierno se encargó de que el Congreso aprobara el pago a los fondos buitres (y el resto de los holdouts) por 16.000 millones de dólares, para conseguir vía endeudamiento, las divisas necesarias para hacer frente a la enorme demanda que se preveía traerían las nuevas medidas. A su vez, como era evidente que el peso presupuestario de los intereses de la deuda pública iba a aumentar, se encargó de generar un relato para justificar ante la opinión pública la quita de subsidios a los servicios públicos, lo que contribuyó a que la inflación fuera mucho más alta que las décadas anteriores.
Desde el punto de vista de los defensores del modelo, el accionar económico condujo a un resultado deseado: la caída estrepitosa del salario local medido en dólares, luciendo así una contundente baja del costo salarial de la mano de obra, que se anuncia con bombos y platillos a la hora de querer atraer inversiones. De ostentar en 2015 el primer puesto en la región de salario mínimo medido en dólares, en poco más de dos años y tras la fuerte devaluación de 2018, el país retrocedió al séptimo lugar.
Si el estrangulamiento externo ha sido históricamente el talón de Aquiles de la economía argentina, durante el gobierno macrista la fuga de capitales batió récords para las últimas décadas. La Formación de Activos Externos en el período enero 2016- junio 2018 fue de 45.700 millones de dólares, o sea un promedio anual de USD 18.280 millones, un guarismo incluso mayor que el período 2007-2011, cuando en medio de la crisis política por la resolución 125 se aceleró la salida de divisas, y que terminó derivando en una mayor regulación de todo el sistema cambiario. En materia de comercio internacional, el año 2017 concluyó con un rojo de USD 8.515 millones, uno de los más altos de la historia medido en valores corrientes y constantes. Si bien en 2016 se había registrado un superávit de 2.128 millones, eso se debió a la caída del PBI, algo similar a lo que ocurrió después de la devaluación de mediados de 2018, cuando la contracción económica derrumbó las importaciones. No obstante, hasta el primer trimestre de 2018, se registraba un aumento de 3,4 puntos porcentuales del coeficiente de importación sobre PBI, hasta 15,5 por ciento, respecto del mismo periodo de 2015. Si se analiza la sangría de divisas en un sentido amplio, se toma conciencia de los desequilibrios producidos. El déficit de cuenta corriente en 2016 llegó a USD 15.024 millones; en 2017 fue el doble, alcanzando 30.792 millones, un 4,8 por ciento del PBI y el mayor porcentaje desde 1998, principalmente por el saldo de la balanza comercial, la remesa de utilidades, la formación de activos externos y el pago de los intereses de la deuda externa. El primer semestre de 2018 el rojo de la cuenta corriente llegó al 5,3 por ciento del PBI, unos 17.855 millones de dólares. Posteriormente, la devaluación y recesión económica aminoraron las cifras.
En cuanto a la inflación, después prometer tasas del 10 o 15 por ciento, el gobierno macrista terminó con los niveles inflacionarios más altos desde 2002. Este año la suba de precios al consumidor rondará el 50 por ciento, mientras que los precios mayoristas superaron el 70 por ciento en los primeros diez meses del año. En los tres años que lleva la gestión, los precios minoristas habrán aumentado un 155 por ciento. La devaluación, desregulación y los tarifazos son las principales causas que explican el salto inflacionario. La suba de precios sería un problema distinto si no fuera por la enorme pérdida de poder adquisitivo a la que se somete la gran parte de la población, desde trabajadores asalariados, hasta jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH. En 2018 los salarios promedios llevan perdido unos 12 puntos porcentuales contra la inflación y las jubilaciones unos 20 puntos. Las cifras del INDEC muestran la enorme trasferencia de ingresos que significa la política actual, cuando los trabajadores asalariados pierden más de 10 puntos porcentuales en la distribución del PBI a favor del excedente bruto de explotación, quedando holgadamente por debajo del 50 por ciento. En paralelo, crece en el país la pobreza energética, que se sufre cuando un hogar destina más del 10 por ciento de sus ingresos al pago de los servicios públicos. Por los constantes tarifazos, que dieron lugar a subas de luz, gas y agua del 1.490 por ciento, 1.297 por ciento y 996 por ciento respectivamente, el peso de los servicios públicos en el salario mínimo paso del 6 por ciento en 2015 al 21 por ciento en 2018.
La actividad productiva tuvo un comportamiento dispar. En 2016 sintió el impacto de la devaluación y los tarifazos, registrando una contracción del PBI. En 2017 cobró impulso por la fuerte entrada de dólares vía endeudamiento. Este año el tipo de cambio estuvo estable y varió menos que la inflación, por lo que se impulsó el consumo de automóviles, bienes durables, viajes al exterior e inmuebles con créditos hipotecarios indexados. Pero la burbuja se pinchó a medidos de 2018, con un salto del tipo de cambio nominal de más del 100 por ciento. Con el mercado interno deprimido, la respuesta de los sectores productivos no se hizo esperar. La industria muestra los peores resultados, con capacidades ociosas del promedio del 40 por ciento como contracara de una singular caída en las ventas minoristas que en noviembre llegó al 15 por ciento con retrocesos en todos los rubros; del descenso del despacho de automóviles cayó el 46 por ciento (el mayor desde 2002) y más del 50 por ciento el de motos; la venta de propiedades se contrajo un 40 por ciento en octubre en CABA y la construcción un 6,4 por ciento. El EMI está en rojo desde mayo de este año y a octubre acumula un atraso de 2,5 por ciento. La industria tuvo un retroceso en el volumen producido de 12 años, a niveles de 2006. Se calcula que en el sector industrial manufacturero se perdieron en tres años alrededor de 80.000 puestos de trabajo desde fines de 2015. Si se cumplen los supuestos de presupuestos 2019, Cambiemos terminará su mandato con una contracción del PBI de -0,58 por ciento en promedio.
La desocupación y la precariedad laboral son otra de las consecuencias de este modelo. En el segundo trimestre de 2018 la tasa de desocupación se ubicó en 9,6 por ciento, unos tres puntos más que en el mismo período de 2015. Además, el incremento en la desocupación entre el segundo trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2018 afecta en más del doble a las mujeres y aquellas personas con mayor preparación educativa. Este hecho va en línea con la pérdida de empleos más calificados en sectores industriales o de servicios. El aumento del empleo cuentapropista es otra de las consecuencias de las políticas aplicadas, que atentan contra los derechos laborales conquistados. El crecimiento del empleo monotributista, calculado en más de 145.000 puestos, con un 7,4 por ciento de suba, es consecuencia de ello, y muestra cómo con este modelo el cierre de fábricas se corresponde con el aumento de las changas y el empleo esporádico.
La aceleración en la fuga de capitales de los últimos años se vio acompañada por un alto proceso de endeudamiento en moneda extranjera por parte del sector público, principalmente del gobierno nacional. En el segundo trimestre de 2018 la deuda externa bruta total ascendió a USD 261.483 millones, un incremento del 27,6 por ciento respecto de 2017. De enero de 2016 a marzo de 2018, el sector público aumentó su endeudamiento en moneda extranjera en más de USD 83.000 millones, una magnitud que a la anterior gestión le había llevado ocho años, multiplicando por cuatro el ritmo de endeudamiento anual. Así la deuda en dólares pasó de representar un 33,8 por ciento del PBI en septiembre de 2015, a un 41,6 por ciento en el primer trimestre de 2018. Por otro lado, se calcula que, al cierre del segundo trimestre de 2018, la deuda pública nacional alcanzara los 330.000 millones de dólares, o el 80 por ciento del PBI. Si se tiene en cuenta el salo cambiario del segundo semestre de 2018, tanto la deuda externa como la pública habrían aumentado casi 20 puntos en términos del Producto. El presupuesto nacional 2019 luce las consecuencias de la nueva política, mientras el gasto primario en funciones sociales se reduce en alrededor de 358 mil millones, los intereses de la deuda pública crecen casi un 50 por ciento hasta los 593.000 millones y se transforman en el segundo rubro más importante, representando el 16 por ciento del gasto, unos 8 puntos más que en 2015. La firma del acuerdo con el FMI y su pronta revisión por alrededor de USD 57.000 millones revela la fragilidad de un modelo que en poco tiempo agotó la posibilidad de seguir tomando deuda en los mercados internacionales. Ante la crisis cambiaria, las autoridades respondieron con un programa ultra ortodoxo, elevando la tasa de interés por arriba del 60 por ciento, lo que está ahogando a las empresas y consumidores, tal como muestran los últimos indicadores de coyuntura, y reflotando la bicicleta financiera (carry trade).
La política tributaria del gobierno de cambiemos es sumamente regresiva. Después de la realización de un blanqueo de capitales, por alrededor de 100.000 millones de dólares, que benefició enormemente a contribuyentes que deberían haber tributado tasas del 35 por ciento, se dispuso a achicar y/o eliminar impuestos a los bienes personales, derechos de exportación, ganancias corporativas, contribuciones patronales para las grandes empresas, deducción del impuesto a los créditos y débitos a cuenta de impuesto a las ganancias, eliminación de impuestos internos coparticipables y aranceles de importación sobre productos electrónicos importados e incremento de alícuotas sobre bienes de consumo masivo como cigarrillos y bebidas alcohólicas.
Los cambios tributarios generaron una importante modificación en la estructura de recaudación, con impacto en la actividad económica y la distribución del ingreso. Así, los gravámenes que crecieron en recaudación más que la inflación son netamente regresivos, como el IVA (+2,5 por ciento real), que grava el consumo y el impuesto a los combustibles, mientras que los progresivos como ganancias y bienes personales disminuyeron su tributación real en un 5,1 por ciento y 3,2 por ciento respectivamente, en tanto que los derechos de exportación, que grava a los sectores con mayor productividad relativa, bajaron un 14,2 por ciento.
Las consecuencias sociales de toda esta política no se hicieron esperar. A fines de 2018, prácticamente todos los indicadores relacionados con las condiciones de vida y la distribución del ingreso muestran una regresión. Más allá de la cuestión metodológica, el macrismo terminará su mandato con un índice de pobreza mayor a cuando empezó. La canasta básica de la pobreza acumula a octubre una suba de 54, 6 por ciento, ya que la devaluación le pega de lleno al precio de los alimentos. Lo mismo sucederá con la relación entre los sectores de mayores y menores ingresos (decil 10 en relación al decil 1), que a fines de 2015 era de 16,1 veces, en el primer trimestre de 2018 ascendía a 18,8 veces. El coeficiente de GINI, que en diciembre de 2015 era de 0,367, en el primer trimestre de 2018 subió a 0,440 y terminará el año aún más arriba.
Por lo expuesto, al cumplirse tres años de administración macrista, la economía argentina está repleta de encrucijadas. Se manifiesta a las claras un deterioro en todas las relaciones fundamentales de la macroeconomía, un agotamiento notorio de las condiciones para el empresariado nacional y deterioro de la situación social para el grueso de la población. Si bien esta etapa neoliberal-financiera pretende lucir un rostro más humano, manteniendo ciertos subsidios y políticas sociales, los resultados son similares a los vividos en otros períodos: primarización, timba especulativa y desindustialización con una excluyente y regresiva distribución del ingreso.
- Director de la Licenciatura en Economía (UNdAv) e integrante del colectivo Economía Política para la Argentina (EPPA).
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