Por Carlos Heller

Argentina | Vientos de cambio

( Por Carlos Heller / NODAL ) Los negativos efectos económicos que generó la pandemia (además de los aún más importantes impactos sanitarios) alentaron a las principales potencias mundiales a plantear reformas tributarias que no habían sido tema de debate hasta ahora, al menos en el ámbito de los organismos multilaterales, un tema que ya señalé en mi anterior columna.

Una de ellas tiene que ver con la propuesta del gobierno de Joe Biden, por un lado, y los países miembros del G7 (Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido), por el otro, de aplicar un impuesto global del 15% a las grandes corporaciones, cuya evasión impositiva actual alcanza sumas astronómicas: según los cálculos de Tax Justice Network (TJN), unos 245 mil millones de dólares anuales.

En este marco, el ministro de economía argentino, Martín Guzmán, destacó algunos aspectos interesantes en el reciente seminario organizado por el G24, en el que se dan cita varias naciones emergentes como China, Brasil, Colombia, México, Sudáfrica y Argentina, entre otras. Guzmán expresó que durante la pandemia se profundizaron “las desigualdades y las asimetrías entre los países avanzados y el resto”. Como consecuencia de ello, ratificó que la tasa propuesta por el G7 “es demasiado baja (…) desde Argentina consideramos que una tasa del 21% sería mejor, una del 25%, aún mejor”. Aclaró no obstante que “es algo positivo y pensamos que el hecho de que se esté discutiendo es un paso en la dirección correcta”.

Desde los centros de análisis internacionales, se plantea cómo se repartirán los 275.000 millones de dólares de recaudación estimada a partir de este impuesto global. “Si se siguen las reglas de la OCDE”, aclara Alex Cobham, experto de Tax Justice Network, “los países del G7, que representan un porcentaje muy bajo de la población mundial, se llevarían el 60% de esos recursos”. Esto ocurriría porque se “plantea que gran parte de la recaudación debe ir primero a los países donde está la casa matriz de las multinacionales”. Cobham considera que si prima esa distribución, entonces se generará un cambio de las reglas fiscales internacionales pero al mismo tiempo, una profundización de la desigualdad entre países ricos y el resto.

Volviendo a las palabras de Guzmán en el G24, el ministro alertó en similar sentido que “nos enfrentamos a un gran riesgo de que aumenten las desigualdades” y enfatizó que hay que establecer “una fórmula que se base en un número de variables (…) existe un riesgo sustancial de que los países en desarrollo obtengan muy bajos ingresos, por lo que necesitamos luchar contra los grupos de presión”.

No caben dudas de que será un proceso difícil. Aquellos países que ofician de guaridas fiscales como Irlanda, cuya tasa tributaria efectiva es del 2%, intentarán aliarse para oponerse. Por otro lado, las multinacionales, que aún con una tasa del 15% mantendrían el 85% de sus considerables ganancias, tampoco se quedarán en silencio.

El debate sobre este tema que se genere en la inminente reunión del G20 en Italia será un paso clave para evaluar la aplicación y el alcance de esta propuesta y que la misma se vaya transformando en realidad.

El Estado argentino, siempre activo

Coherente con su discurso desde que asumió, el mismo que sostuvo durante la campaña electoral y más aún a partir de la inesperada pandemia, el gobierno argentino continúa invirtiendo en distintos programas económicos con el eje puesto en quienes más lo necesitan. De forma tal de achicar cada vez más las asimetrías distributivas.

Con la ampliación de los montos asignados y la cobertura de la “Tarjeta Alimentar” a niñas y niños de hasta 14 años (era hasta los 6 años), se garantiza el acceso a la alimentación de 3,8 millones de niños, niñas y adolescentes argentinos.

Según un reciente informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), un centro de estudios local, si se suman los montos recibidos a través de la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo/a (AUH), ambos beneficios recibidos por los hogares argentinos más vulnerables, se cubre la Canasta Básica Alimentaria de los menores. Esta última mide la línea de indigencia según el Indec, la agencia oficial de estadísticas de Argentina.

Adicionalmente, y en el mismo sentido, se amplió el tope de reintegro por las compras de alimentos efectuadas con tarjeta de débito, un beneficio que alcanza a 7 millones de jubilados/as con el haber mínimo y también a los beneficiarios/as de la AUH, entre otros, además de ampliarse el universo de productos alcanzados, incluyendo farmacias.

En cuanto a las medidas de protección a los/as trabajadores/as, se prorrogó la prohibición de despidos sin justa causa y la de efectuar suspensiones hasta fin de año. Vale la pena recordar que a mediados de junio se reglamentó la ley de modificación del impuesto a las ganancias que grava a los trabajadores formales, incrementando el mínimo no imponible para los salarios más bajos alcanzados por este tributo. La ley beneficia a 1,3 millones de personas aproximadamente. Además del importante alivio en el bolsillo de los beneficiados, será significativo el impacto que esta medida tendrá en dinamizar la economía, a través del consumo.

Otra de las recientes novedades a destacar tiene que ver con el favorable acuerdo con el “Club de París” que alcanzó el equipo económico argentino encabezado por el ministro Guzmán. Este grupo de acreedores involucra a países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, España y Japón, entre otros. Como consecuencia del incumplimiento (por parte del gobierno anterior) de la última cuota adeudada al Club, la Argentina debía afrontar un pago de 2.450 millones de dólares a fines de julio. Ahora, en cambio, se acordó hacer frente a un monto menor, 430 millones de dólares en dos cuotas, una en julio y otra en febrero de 2022, momento en el que se espera llegar a un acuerdo más permanente.

Para finalizar, y como corolario de lo que se expuso, ante las expresiones de algunos sectores que intentan instalar la supuesta necesidad de una devaluación (no es la primera vez que esto ocurre), es importante señalar que no existen definitivamente razones macroeconómicas objetivas que apoyen esta postura.

Son varios los motivos que explican los equilibrios macroeconómicos: el alivio de la deuda en dólares a corto y mediano plazo, un tipo de cambio real que se encuentra en niveles competitivos con respecto a los principales destinos de nuestras exportaciones, las necesidades de financiamiento del Tesoro sobrecumplidas con títulos en pesos (que reducen los requerimientos de emisión monetaria), y las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina en ascenso. Por lo tanto, no hay ninguna razón que justifique una devaluación.

En la sumatoria de la negativa herencia recibida, más los efectos de la pandemia, incluida la incertidumbre que ésta genera, el gobierno manejó las cosas de tal manera que estamos con perspectivas de una recuperación sostenida. En palabras de Guzmán: “no es casualidad que la economía se esté recuperando a la velocidad a la que lo está haciendo, es la consecuencia de políticas públicas que preservaron la capacidad productiva de nuestra economía”.

(*) Diputado Nacional por el Frente de Todos y Presidente del Partido Solidario.

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