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Régimen de Promoción de Empleo: el Ministerio de Desarrollo Productivo avanza en acuerdos con las provincias y aclara dichos del gobierno de Mendoza

El Ministerio de Desarrollo Productivo informó que ha firmado acuerdos para la implementación de los Regímenes de Promoción de Empleo con las provincias de San Juan, Mendoza y Entre Ríos. Dichos acuerdos "permiten la creación de nuevos empleos en un esquema a partir del cual el FONDEP se hace cargo de una proporción de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social" . Asimismo, las provincias firmantes tienen a su cargo la difusión y la realización de los controles de aplicabilidad para determinar si las empresas cumplen las condiciones de acceso a los beneficios que otorga el Estado nacional para la creación de puestos de trabajo.

A raíz de información que ha trascendido en medios de la provincia de Mendoza, donde autoridades provinciales señalaron que este MDP rechazó solicitudes de 11 empresas, el Ministerio salió a aclarar que dichos controles "estaban a cargo del Ministerio de Economía y Energía de la provincia de Mendoza, quien debió haber rechazado dichas solicitudes por no estar debidamente encuadradas en lo dispuesto por la Resolución 245/2021, habiendo remitido los expedientes a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores (SEPyME) sin haber cumplido con el paso previo a su carg6".

"La cartera provincial no detectó que, por un lado, 8 solicitantes no correspondían a actividades productivas alcanzadas por el programa, y que las otras tres empresas no cumplían con las condiciones necesarias para acceder. Entre otras inconsistencias, estas últimas tres firmas ni siquiera incrementaban su nómina de personal, -una de las condiciones básicas para acceder al programa-, y hasta en algunos casos se constataron reducciones de personal o modalidades de contratación (contrato a plazo fijo) que no estaban contempladas en la normativa vigente", precisó el Ministerio de la Producción.

"De acuerdo al convenio de adhesión firmado entre Mendoza y Nación, es la provincia la responsable de verificar que las empresas cumplan con los requisitos para obtener los beneficios del programa".

De hecho, en la nota de adhesión al Programa Federal de la Reactivación Productiva suscripta por el gobernador de la provincia de Mendoza se establece la obligación del organismo provincial de realizar las verificaciones tendientes a elevar solamente aquellas solicitudes que cumplan requisitos previstos en las “BASES Y CONDICIONES” de la Resolución 245/2021 y sus modificatorias. Por su parte, el listado de las actividades incluidas se encuentran detalladas en el Apéndice B de la Resolución 245/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo.

"Todos los requisitos de acceso al Programa, procedimientos y tiempos administrativos fueron acordados entre la Nación y la Provincia de Mendoza y luego plasmados en la convocatoria de la Provincia de Mendoza, Resolución Conjunta 1/2021 de la SEPyME y la SIECyGCE",

DOCUMENTO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Agrega el escrito oficial ante los datos falsos del gobierno mendocino :"La SEPyME, en su calidad de autoridad de aplicación del Programa Federal de Fortalecimiento de la Reactivación Productiva, debe verificar la inexistencia de deudas previsionales, laborales y/o de la seguridad social vigente o impositivas exigibles; la inexistencia de sanciones laborales conforme la información obrante en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL); que el trabajador o trabajadora por quién se realiza la solicitud de Aporte No Reembolsable (ANR) permanezca en la nómina del empleador o empleadora; y que el empleador o la empleadora haya incrementado su nómina respecto al mes base (marzo 2021)".

El régimen promoción de empleo busca fomentar las inversiones y la creación de nuevos puestos de trabajo a través de la asistencia de $225 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) para acompañar el proceso de recuperación productiva y crecimiento que han mostrado las empresas de Mendoza de los sectores industrial y agroindustrial.

El régimen tiene una duración de 3 años: durante el primer año el Gobierno nacional se hace cargo del 70% de las contribuciones patronales; en el segundo, del 45%; y el el tercer año, del 20%. Además, la bonificación sobre los aportes patronales será mayor en caso de que la persona contratada sea mujer o de identidad no binaria, alcanzando el 80%, 55% y 30% por año.

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