Eduardo Blanco/ Instituto para la Producción Popular

Solidaridad y crisis profunda, las dos caras de las cooperativas de trabajo

( Eduardo Blanco/ Instituto para la Producción Popular ) La Cooperativa Nuevo Amanecer, una empresa láctea recuperada en 2013, organizó un sistema destinado a la donación de tres mil litros semanales de leche para comedores populares de Mar del Plata, Tandil y Balcarce. Los trabajadores de Mardygraf, una imprenta recuperada en 2014, han donado miles de barbijos y alcohol en gel a 12 hospitales del partido de Escobar y la Ciudad de Buenos Aires. Un grupo de 10cooperativas patagónicas ha donado 30 mil kilos de alimentos en 12 localidades de Chubut y Río Negro. Son solo tres casos de centenares que se están desarrollando a lo largo de todo el país. Pero no es la solidaridad el único punto común de estas experiencias populares, también los une la contracara de una situación legal precaria, que no ha sido encarada por ningún gobierno y que, en medio de la pandemia, desnuda el tratamiento desigual de parte del Estado.

Los camiones de Nuevo Amanecer llevan sin costo la leche donada por un grupo de tamberos para comedores, merenderos y organizaciones de la zona en la que sus productos se venden desde antes de que 75 trabajadores se hicieran cargo de la firma Amanecer, que quebró en 2012.

Actualmente son 200 socios cooperativizados, que esperan seguir creciendo pese a las permanentes amenazas a su fuente de trabajo. Hace apenas seis meses, la falta de acción del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal que no hizo efectiva la expropiación de las plantas de Tandil y Mar del Plata, imprescindible para que la fragilidad legal que los amenaza, los puso al borde del cierre. La nueva administración de Axel Kicillof les ha dado garantías y despejó la incertidumbre, pero la expropiación todavía no se ha efectivizado.

Es solo un ejemplo entre centenares de casos. El movimiento de empresas recuperadas tiene 400 cooperativas nucleadas y representa 18 mil puestos de trabajo. Pese a ser una experiencia de economía social reconocida a nivel mundial, nunca pudieron lograr un encuadre legal que las ampare y que les permita acceder a los derechos de otras unidades productivas.

Pese a la singularidad del proceso de autogestión en la Argentina, no es un caso jurídico excepcional. En Italia, existe desde 1985 la Ley Marcora, que establece un mecanismo de fondos estatales para ayudar a financiar la compra de empresas por parte de sus trabajadores y contempla que se habiliten líneas de crédito para las cooperativas que se forman. Hubo 257 empresas italianas que pasaron a manos de sus trabajadores desde entonces.

Las cooperativas de trabajo que se crearon por diversos mecanismos con posterioridad a la crisis de 2001 también atraviesan momentos difíciles. Pensadas en origen con un carácter asistencial y temporario, sus trabajadores están mayoritariamente comprendidos por el régimen de monotributo social y su situación queda en un limbo en el que no se les terminan de reconocer sus derechos laborales y económicos. El cálculo de las organizaciones que los agrupan estima que entre empresas recuperadas y el resto de las cooperativas de trabajo hay unos 80 mil trabajadores cuya precariedad laboral queda expuesta como nunca con la crisis derivada del paro económico de la pandemia.

“Estamos pésimamente mal, me he convertido en un francotirador que pide por cuanto canal existe que incluyan a las cooperativas de trabajo en las ATP. No puede ser que les estén pagando parte de los salarios a las pymes y a grandes empresas, y que no les paguen uno o dos salarios mínimos a las cooperativas de trabajo para que paguemos por mes los adelantos de excedentes, que por otra parten no tenemos”, describe Federico Tonarelli, titular de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas (FACTA).

Para dar cuenta de la situación, Tonarelli, integrante de la cooperativa de trabajadores del Hotel Bauen, ilustra con dos ejemplos: “Nosotros en el Bauen hace hoy (por el viernes 22) 61 días que tenemos facturación cero. Tenemos una parva de cheques rechazados, todos los plazos de pago caídos; es irremontable si no nos permiten pagar los sueldos con los ATP y, por otro lado, si no nos apalancan hasta bancar la salida del aislamiento con un subsidio o un crédito a tasa menos cero. El Bauen así, cierra. En la Federación tenemos un montón de cooperativas muertas. Los restaurantes, por ejemplo, Los Chanchitos (parrilla ubicada en el barrio porteño de Caballito) paga 460 mil pesos por mes de alquiler ¿cómo van a hacer para levantar un millón y medio de alquiler de acá a fines de septiembre?”.
Los ATP son los fondos del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, que cubre parte de los salarios que paga el sector privado y en mayo alcanzó a 2,6 millones de trabajadores. La información de que entre los beneficiarios estaban los trabajadores de grandes empresas concentradas y oligopólicas como Ledesma, Clarín y Techint, generó malestar en las organizaciones que nuclean a las cooperativas de trabajo, que no están contempladas en este programa, sin que haya una explicación oficial que justifique la decisión..

“Se puede aducir que las grandes corporaciones de empresas representan un número importante de puestos del trabajo y que asistirlas (a sabiendas que promueven a diario la ruptura del aislamiento social y preventivo para torcerle el brazo al gobierno) permite sostener el empleo de compañeros/as.

Con el mismo razonamiento, las y los trabajadores asociados en cooperativas reclamamos la inclusión en la ATP”, sostiene un comunicado de FACTA, fechado el 18 de mayo. El gobierno de Alberto Fernández hereda una situación compleja y empeorada por la pandemia. Durante el gobierno de Mauricio Macri la política oficial fue la destrucción de las cooperativas de trabajo, incluso se llegó al absurdo de que en agosto de 2017 la vicepresidenta Gabriela Michetti le recomendara a un grupo de trabajadores riojanos de la empresa de motos Puma, que buscaban cooperativizarse, que era mejor que prepararan “carpetas con curriculums”.

Desde el INAES se estudia un posible plan de ayuda al sector, pero la solución de fondo será darle un marco legal que les permita a las cooperativas de trabajo y a las empresas recuperadas tener la posibilidad de participar de la economía con sus derechos respetados. Tanto por su origen como por sus propósitos estas experiencias deben formar parte de una alternativa económica sustentada en la atención de las necesidades sociales. En medio de la crisis pandémica y a pesar de todas a las dificultades que atraviesan, están demostrando que la solidaridad es uno de los motores que los impulsan.

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