OIT y la Políticas Públicas para la Economía Social y Solidaria en Costa Rica, Brasil, Nicaragua, Filipinas y Europa
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) posee una larga tradición y experiencia sobre economía social y solidaria, de hecho el primer documento oficial que hace referencia directa a empresas de la economía social se remonta al año 1922. El compromiso de la OIT con el avance de la economía social y solidaria se basa en su Constitución y en Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa del 2008 donde se afirma que, en un mundo globalizado, “las empresas productivas, rentables y sostenibles, junto con una economía social sólida y un sector público viable, son fundamentales para un desarrollo económico y oportunidades de empleo sostenibles”.
Economía Social y Solidaria es un concepto que se está utilizando cada vez más frecuentemente para referirse a un conjunto de actividades económicas que, incluyendo organizaciones tales como asociaciones, cooperativas, fundaciones, mutuales y empresas sociales, están dirigidas por principios, valores y prácticas que tienen que ver con la participación, la democracia, la solidaridad y el compromiso con el medio ambiente, teniendo como prioridad una finalidad social. El sector de la economía social no solo ha sido resiliente a las crisis económicas en términos de empleo, sino que está siendo una respuesta concreta a sus propias necesidades, desde la sociedad civil, por ejemplo a través de la provisión de servicios básicos que los sistemas tradicionales de estado de bienestar (welfare state) ya no están en condiciones de proveer y que el sector privado tradicional no tiene interés en proveer
La Economía Social y Solidaria sigue expandiéndose en muchos países y el reconocimiento de su rol para un desarrollo sostenible e inclusivo crece. De hecho, siempre más gobiernos ven la Economía Social y Solidaria como un área de trabajo relevante para abordar desafíos relacionados con el empleo, la provisión de servicios, y el nivel de cohesión social, entre otros.
Estos documentos examinan los casos de Filipinas, Brasil, Costa Rica, Nicaragua y Europa, donde las políticas públicas, entendidas en sentido amplio como marcos legales, políticas publicas relacionadas con el tema del crédito, la fiscalidad, la formación, la educación, la salud, la infraestructura y las licitaciones públicas, han sido diseñadas explícitamente para apoyar la Economía Social y Solidaria. El texto apunta a describir y explicar el contexto general y la evolución, desde un punto de vista histórico e institucional, del proceso que ha fomentado un marco político más favorable.
(*) Fuente: Economía Solidaria.org
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