Caso Testigo: Cae la gigante Textil Río Grande y el conflicto podría tener consecuencias a nivel nacional

Por Ana Flores Sorroche (@anisjoplin) La fábrica textil de Tierra del Fuego pasó de pagar salarios en cuotas desde 2018 a no pagarlos y cierra toda comunicación. Los delegados fueron recibidos por los legisladores que buscan medidas ejemplares a nivel nacional.

La otrora exitosa Textil Río Grande, ubicada en Tierra del Fuego, agoniza el cierre. Está en concurso de acreedores hace 2 años y desde entonces presiona a los trabajadores para que se retiren "voluntariamente" o acepten indemnizaciones en cómodas cuotas. Ahora dejaron de pagar y los 100 operarios sobreviven gracias a las ayudas estatales del Municipio, la Provincia y la Nación. Ahora se involucró el Poder Legislativo Provincial y buscan llevar el caso a Buenos Aires para tomar medidas ejemplares que podrían hacer de este un caso testigo.

Textil Río Grande SA forma parte del Grupo Sedamil, que tiene una trayectoria de más de 50 años en el rubro. Así cuentan su historia: "Desde el año 2002, y en el marco de las nuevas regulaciones económicas, la compañía experimentó una importante reactivación con un crecimiento progresivo de las ventas", pero no sobrevivió al 'industricidio' macrista tras la apertura de las importaciones, ni al remate de la pandemia que termina de barrer con el sector. n 2016 la empresa perdió los contratos de Adidas y Nike y desde entonces los trabajadores empezaron a sufrir "presiones constantes tanto sea para desvincularnos de la empresa como para recibir los pagos fraccionados", relata el delegado Walter Hernández en comunicación con InfoGremiales.

En 2018 entró en concurso de acreedores y desde entonces pagó en 2 o 4 cuotas hasta abril de 2020 que directamente dejó de pagar. "Si no hubiéramos estado cobrando los ATP calculo que ya hubiéramos tomado la empresa porque esas son las pocas opciones que tenemos para defender nuestros puestos de trabajo. Ahora deben tres quincenas pero no se hacen cargo de esa deuda. También dejaron de hacer los aportes patronales, de pagar las obras sociales.", declaran con cierta tristeza los delegados ante la Legislatura.

No se trata solamente de un trabajo. Son 100 obreros que fueron calificándose durante décadas (el trabajador con menos antigüedad lleva 6 años en la textil) para la misma empresa que ahora les da la espalda: "Yo trabajo en la empresa hace 25 años, la vi crecer, prosperar, vi cómo se llenaron los bolsillos los empresarios y ahora, que aducen que les va mal, nos quieren pagar indemnizaciones en 12 cuotas.", se indigna uno de los delegados.

Los trabajadores, representados por la Asociación Obrera Textil (AOT) y el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), llevan 3 meses de protestas y 2 de sostener una carpa a la intemperie, en pleno invierno en la provincia más austral del país, que es mucho decir. "Desde el 25 de mayo que montamos una carpa en la empresa porque ni siquiera atienden los teléfonos. Desde RRHH de Río Grande están presionando para que llenemos las planillas de desvinculación pero para nosotros son despidos encubiertos. Han lanzado un plan de pago para las indemnizaciones: en 1 cuota sólo el 30%, en 6 cuotas, el 65% y en 12 cuotas, el 100%.", detalla Hernández.

El 23 de junio pasado fueron recibidos por la Comisión de Economía de la Legislatura de Tierra del Fuego donde fueron escuchados como caso testigo de una situación que azota a la provincia. Así lo describió el legislador Daniel Rivarola (FORJA)­: "Entendamos que fue Macri quien abrió la importación de productos textiles y obviamente destrozó la industria, como destrozó la industria electrónica también con la apertura y baja de aranceles de importación".

El problema cobra importancia a nivel regional, en una provincia que cuenta con una de las tasas de desempleo urbano más altas del país, empatando en un tercer puesto con el Gran Buenos Aires en un 12.4 por ciento, según el INDEC. Rivarola describe brevemente la reacción en cadena: "Cada puesto que se pierde en la industria son 2 o 3 que se pierden en el sector que comercializa esos productos".

Tierra del Fuego además tiene una particularidad: la ley 19640, sancionada en dictadura, establece un régimen especial aduanero y fiscal entre los que se destaca la reducción y/o exención de impuestos nacionales y la importación de bienes con arancel cero. Se suponía que era con el fin de promover el desarrollo económico de la región pero, como era de esperarse, favoreció mucho al enriquecimiento de los empresarios y poco a los habitantes: "Se beneficiaron de la isla durante 40 años. Siempre fue una fábrica de elite, con tantos años buenos, no puede ser que por dos o tres años de crisis y una pandemia, no puedan pagar ni siquiera los sueldos, la gente no lo entiende", explican los delegados.

"Cierran, dejan a los obreros en la calle y se dejan la licencia en el bolsillo. Después la negocian millonariamente, reabren con otro nombre o venden y las familias siguen en la calle. Queremos que tomen una medida ejemplar, para todas las empresas.", reclaman.

El legislador Jorge Colazo (Partido Verde), propuso armar una Comisión de Seguimiento del conflicto y propuso también llevar el reclamo a la Capital: "Porque hoy son ustedes pero mañana es otra fábrica y después otra. Hay que darle un marco jurídico a esto", señaló.

No se trata sólo de esta textil, se trata del modelo productivo industrial provincial y del modelo nacional también. Los legisladores plantean la necesidad de cerrar las importaciones y de abordar a los diputados y senadores que representan a la provincia a nivel nacional para hacerles llegar sus reclamos y apuntar a frenar los cierres y vaciamientos.

Mientras tanto, los trabajadores aclaran que van a ir hasta las últimas consecuencias: "Si nos quieren echar, que nos echen. Si se quieren ir, que se vayan, pero que nos paguen hasta el último centavo que nos deben porque acá nadie trabajó en cuotas".

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