Segunda parte de la entrevista a Sabina Frederic

“Un esquema de policiamiento efectivo no lo sostiene la saturación policial, sino una articulación eficiente con la comunidad y los estados locales”

(Por Estefanía Cendón) La experta en Seguridad Sabina Frederic define cuáles son los desafíos en el diseño de políticas para la prevención del delito. El incremento de los casos de gatillo fácil durante la gestión Cambiemos y la necesidad de una visión integral en materia de Seguridad.

ME: Durante la gestión de Cambiemos se evidenció un crecimiento de los casos de gatillo fácil. La “doctrina Chocobar” generó adhesiones y muchas disidencias. ¿De qué manera se logra un control civil de las fuerzas de seguridad?

SF: Efectivamente los casos de violencia institucional crecieron, no sólo de la policía, también en el servicio penitenciario. Por ahora hay que tomar los datos del registro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), ya que no hay un registro oficial. Creo que primero tiene que haber un control político de quienes conducen las fuerzas de seguridad. El discurso del gobierno de Cambiemos fue muy perjudicial porque atenta contra los derechos de la ciudadanía, produce una hostilidad y hostigamiento innecesarios. También va en contra de los propios integrantes de las fuerzas de seguridad que no tienen amparo ante lo que el Poder Ejecutivo ordenaba. Lo principal es que quienes conducen las fuerzas de seguridad ubiquen a sus subordinados en una legalidad que este gobierno apartó.

Algunas organizaciones proponen el control civil popular de las fuerzas de seguridad. Habría que ver cómo se implementa ese programa. Para que eso ocurra tiene que haber protocolos que sean consensuados por las fuerzas de seguridad y las organizaciones barriales para que el apartamiento de los efectivos, a partir de ese protocolo, sea denunciado y luego sancionado. En principio no me parece mala idea, pero tiene que haber primero una claridad conceptual y doctrinaria que sea aquella que parta del Estado y establezca reglas de juego acerca de lo que se debe hacer y lo que no. El deber hacer debe ser del orden de lo legal. La policía no está sólo para prevenir y reprimir, está para cuidar y proteger a la ciudadanía. Durante estos años cualquier hecho supuestamente delictivo que ocurriese habilitaba a las fuerzas policiales a una intervención desproporcionada. Esto tiene que terminarse. Hay que recuperar el sentido de los procesos judiciales: la policía no está para juzgar, detiene la comisión de un delito y, en todo caso, pone a la persona a disposición del poder judicial para que defina si es o no culpable y qué tipo de sanción le corresponde. También es importante introducir sanciones que no impliquen la cárcel, que haya un gradiente hacia el encierro. Otro tipo de sanciones que sean progresivas.

ME: Esto ayudaría a normalizar la situación del sistema carcelario. ¿Qué otros efectos tendrían esos gradientes o sanciones progresivas a nivel social?

SF: Sí, ayudaría. Tendrían un efecto pedagógico en algún sentido. Para eso el Estado tiene que crear mecanismos que hoy no existen para contener, por ejemplo, toda la población de jóvenes que tienen un problema de salud en relación al consumo de drogas. El Estado invierte el 95% de su presupuesto en penalizar a los consumidores problemáticos y tiene un 5% de su presupuesto para atender a esa gente. La policía también tiene que tener instancias del Estado que permitan derivar para que no todo termine en el ámbito de la Seguridad y el ámbito penitenciario. Son claves desde espacios de atención sanitaria, hasta formas de la sanción que le den a la persona que comete un delito la posibilidad de modificarse a sí misma, de encontrar otra salida.

*ME: Se refiere a una visión de la Seguridad más amplia, que integra a las áreas de Salud, Educación.**

SF: Claro. Asistimos a cuatro años de securitización de problemas que son del orden sanitario, educativo, social, son de otro orden. La policía terminó siendo el único espacio estatal para lidiar con un montón de problemas. El gobierno de Cambiemos se encargó de desmantelar muchos programas sociales, lo que hay que hacer es restituir y mejorar. Con esto no quiero decir que hay que volver a lo que se hacía antes, hay que mejorar el modo en que el Estado se aproxima a la ciudadanía.

ME: En diálogo con Abelardo Vitale, integrante del Grupo Fragata, él sostiene que si bien mayores niveles de igualdad son positivos, no se puede esperar a que haya igualdad para solucionar la inseguridad. ¿Cuál es su opinión?

SF: Coincido. Asistimos a una sociedad muy desigual, ya sabemos que el mejoramiento de los índices no necesariamente reduce el delito porque hay otros aspectos que están asociados al Capitalismo de consumo en el que vivimos. La relación entre expectativas de consumo y de pertenencia y de integración social a través del consumo y su satisfacción van a destiempo. Podés tener índices que indiquen que disminuye la desigualdad, pero las personas tienen otro ritmo. Hay que intervenir integralmente, ofrecerle a la ciudadanía la idea de continuidad, que el Estado está presente no sólo como controlador, que ofrece desde condiciones sanitarias mejores, hasta acceso a la cultura. Resolver el hambre es urgente, pero también hay que ofrecerle a la gente la posibilidad de expresarse.

Claramente hay un incremento de los delitos, pero también hay una serie de incertidumbres que, convertidas en inseguridad, producen una fragmentación con el otro. El otro se vuelve enemigo, hostil, peligroso. Colocar problemas sociales y económicos en el plano de la inseguridad sólo potencia el problema. La Argentina tiene una característica valiosa: si bien se ha incrementado la distancia entre los sectores de mayor poder adquisitivo y los sectores medios y más bajos, todavía conservamos espacios de encuentro entre las clases sociales. En otras ciudades de América Latina se han perdido. Hay que ampliar esos puntos de encuentro.

ME: Pareciera que la inseguridad toca de manera diferente a quienes pertenecen a una clase media-alta y no se contempla la inseguridad que sufren los sectores populares.

SF: Los problemas de delito y violencia, homicidios, son más problemáticos en los sectores bajos sin dudas. Hay que atenderlos con urgencia. No sólo tiene que haber policía, tiene que haber muchos otros espacios para brindarles a aquellas personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, de pérdida de expectativas. Hay que ofrecerles un horizonte de vida que no los empuje al orden delictivo. No se soluciona sólo poniendo a la policía.

ME: Alberto Fernández habló de la posibilidad de crear un Consejo Nacional de Seguridad. ¿Cómo será su funcionamiento?

SF: El Consejo de Seguridad está aún redefiniéndose. Para mí la clave es sacar de la agenda de Seguridad temas que no le corresponden. Al incorporarlos a la agenda de Seguridad se produce un incremento del problema, en vez de discriminar las cuestiones que están asociadas a la inseguridad.

ME: ¿Podría mencionar algún ejemplo?

SF: El fenómeno de los jóvenes que muchas veces ocupan el espacio público, molestan a las personas que andan en el barrio, fuman y, probablemente, en algún momento pueden llegar a robar. Estos chicos que se convierten en una amenaza para sus propios vecinos, en lugares más segregados, hay que atenderlos en cuanto al horizonte social que se les ha ofrecido. A veces consiguen reunir dinero con la venta de drogas, hay toda una articulación de prácticas que muestran la dificultad que ha tenido el Estado Argentino en atender y procurar las condiciones para que estos jóvenes tengan un horizonte de vida. Están cada vez más cercados y sus vecinos también. Si van presos y salen, por esos delitos no están mucho tiempo, cuando salen tienen antecedentes, la inserción es mucho más compleja.

ME: ¿Cuáles son los desafíos en el diseño de políticas de seguridad para la prevención del delito?

SF: El desafío tiene que ver con estratificar los delitos y vincularlos a ciertos espacios geográficos, características de actividad comercial, industrial, poblacional, etc. El punto de partida es nuevamente la investigación criminal, algo importante para desarticular economías ilícitas que atentan contra la inseguridad porque hay que distinguir aquellos delitos contra el Estado que generan inseguridad, de aquellos que no lo hacen. Existen economías ilícitas que producen un mercado que alienta delitos callejeros, algunos violentos. Al mismo tiempo hay que contar con un esquema de policiamiento efectivo que no esté sostenido en la saturación policial, sino en una articulación eficiente con la comunidad, por un lado, y los estados locales por el otro. Hoy en las grandes ciudades, los suburbios, juega un papel clave la relación de la ciudadanía con su municipio. Ahí hay que generar esquemas de policiamiento, también de proximidad. El mejor modelo en Argentina, por ahora, es el que se desarrolla con el sistema de las unidades de prevención barrial, que tiene Gendarmería y, en menor medida, la Policía Federal. Eso hay que tratar de replicarlo con las salvedades de las características particulares de cada población, comunidad y municipio. Debemos trabajar en varios planos: uno que apunte a los mercados ilícitos que generan violencia e inseguridad, tener una policía con un esquema de policiamiento que atienda a las necesidades específicas de los diferentes territorios y poblaciones y mantener el policiamiento que hay en zonas comerciales, pero con un uso más eficiente de la policía. Esto va a requerir una capacitación y reentrenamiento de la policía con la que hoy contamos. Una política de prevención del delito debe atender las especialidades que hay que forjar dentro de la policía, sostener y valorar.

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