Por Néstor Piccone

HACIA UN CONTRATO SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN

(Por Néstor Piccone (*) Especial para Motor de Ideas 11) Recorrido histórico sobre la conformación del sistema de Medios argentino, con sus particularidades, alcances y limitaciones. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual marcó un hito en pos de amplificar la multiplicidad de voces. El sistema de comunicación actual exige la conformación de un contrato social que incluya la defensa de la soberanía tecnológica e informática nacional.

Todos adentro: de Clarín a los pueblos originarios, de los satélites al celular. Desde el nacimiento de la radiofonía, en la década del 20 del siglo pasado, la comunicación argentina tuvo un sesgo comercial. El mito fundacional de que los Medios son un negocio perdura hasta nuestros días. Los gobiernos liberales y las dictaduras militares profundizaron la tendencia.

A pesar de casi 100 años de existencia, ese concepto de la comunicación como principio excluyente fue, es y será interpelado por las grandes mayorías de los ciudadanos que buscan garantizarse el derecho a la información y a la libertad de expresión por distintas vías.

En 1989, con la privatización de los canales de televisión, Carlos Menem habilitó la hegemonía de Clarín entregando por “chaucha y palito” la licencia de canal 13, el monopolio de la televisación del fútbol y por, ausencia de controles, facilitó que el Grupo avanzara en el interior del país con el manejo del 60 % de los abonados al cable. En el año 2003 con un país devastado, sin moneda, en quiebra económica, con índices de desocupación como nunca antes; el sistema de Comunicación entró en crisis al punto de que el gobierno tuvo que diseñar una Ley a la medida del Grupo Clarín. El objetivo fue evitar que por imperio del avance tecnológico y el financiamiento de la economía quedara en mano de empresas extranjeras.

Por esos años la agenda de las fuerzas populares y del propio gobierno de Néstor Kirchner no tenía como prioridad la derogación del Decreto de Radiodifusión de 1980 firmado por Jorge Videla y Martinez de Hoz. Sin embargo, en el año 2009 se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dictada por amplias mayorías en el Congreso de la Nación y promulgada el 10 de octubre por Cristina Fernández de Kirchner. Su redacción tuvo una autoría múltiple: a través de un sistema asambleario, cientos de organizaciones sociales, sindicales, de pueblos originarios, universitarias, cooperativas, de pequeñas y medianas empresas de la comunicación de arraigo local, gestaron una legislación que se convirtió en modelo de alcance internacional.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) tenía dos pilares: limitar la monopolización mediática y amplificar la multiplicidad de voces. Definió que todos los Medios son un servicio de interés Público y que en ese sentido: las licencias que son patrimonio de la Nación y administradas por el Estado deben integrar proporcionalmente: 1) las empresas de gestión estatal (incluidas las 33 etnias de pueblos originarios); 2) las privadas comerciales y por primera vez en la historia nacional se debía preservar un tercio de las frecuencias para la economía social de cooperativas y Medios comunitarios.

Mauricio Macri, representante de las grandes empresas, atacó rápidamente al sistema de Medios derogando por decreto los artículos de la Ley que planteaban la desconcentración económica y los límites al capital extranjero en el sistema audiovisual. El 80 % del articulado de la LSCA destinado a garantizar la legalidad de las emisoras de radio, televisión y cable de las organizaciones libres del pueblo, las cooperativas, las universidades y los medios de los gobiernos provinciales y municipales no fue derogado. Macri no sólo facilitó la integración vertical del Grupo Clarín y habilitó su ingreso a la telefonía con la venta de Telecom, sino que permitió el avance transnacional de las grandes empresas privadas globales como Google, Amazon, Facebook, WhatsApp y Netflix. Empresas que tienen la hegemonía de plataformas, formatos y contenidos en la red de redes: Internet. También desmoronó la estructura de Medios Públicos con manejo estatal: Canal 7, Télam y Radio Nacional.

El gobierno, hoy repudiado en las urnas, puso en crisis todo el sistema, condicionó la soberanía comunicacional dejando inerme a los ciudadanos frente al capital extranjero. Neutralizó el desarrollo de ARSAT, clausurando el Plan Satelital Argentino, distribuyó indiscriminadamente las bandas de frecuencias móviles y otorgó inequitativa e injustificadamente los fondos del Sistema Universal de las Telecomunicaciones.

El sistema de comunicación exige algo más que una ley

Son innumerables los estragos que produce en la cotidianeidad ciudadana el avance privatista y comercial. Ya no sobre el control de los Medios, sino sobre el derecho a la privacidad de las personas, poniendo en riesgo las históricas reglas del juego del Estado de Derecho y de la democracia.

Las actuaciones de Smartmatic para el control de las últimas elecciones, los manejos de la Inteligencia Artificial, el Big Data y las redes por parte del gobierno (no del Estado), la transnacionalización del sistema de Satélites, el otorgamiento indiscriminado de las bandas de frecuencia para los servicios móviles ponen al próximo gobierno en la obligación de convocar a un debate nacional y plural, no ya sobre una Ley de Medios, sino para establecer los términos de un Contrato Intersectorial que sostenga la Soberanía Tecnológica e Informática Nacional.

Por un Contrato Social que incluya la defensa de la soberanía tecnológica e informática nacional

La introducción acelerada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) impactan sobre el derecho a la Comunicación, pero afectan indisimuladamente la organización de la producción y el trabajo. Por lo tanto, cualquier Contrato Social y Económico por la Soberanía Tecnológica-Informática Nacional debe contar con la participación de los sectores empresarios privados, incluidos los grupos económicos nacionales, cooperativo, el Movimiento Obrero y, por supuesto, bajo la dirección del Estado Nacional en su extensión federal, incluyendo a las provincias y municipios. Apuntes para un Contrato Urgente sobre la comunicación y la introducción de las nuevas tecnologías del conocimiento.

1. GARANTIA DE INVERSION CONSTANTE Y CRECIENTE EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Es fundamental que se establezcan políticas de Estado (que ningún cambio de gobierno pueda derogar) sobre los montos y los destinos de la inversión nacional en ciencia y tecnología. Con participación de técnicos, científicos y trabajadores del sector.

2. RESPETO DE LA SOBERANÍA DIGITAL EN LINEA CON LOS DERECHOS ESTABLECIDOS O A ESTABLECERSE INTERNACIONALMENTE.

Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, también el avance indiscriminado de las empresas multinacionales que se movilizan en la red, deben respetar las fronteras y la soberanía nacional y la privacidad de los ciudadanos.

1. RECUPERACIÓN DEL SISTEMA SATELITAL NACIONAL

La capacidad científica, técnica y profesional de los argentinos ya demostró la posibilidad de contar con un sistema satelital autónomo y eficiente con perspectivas de desarrollo y alcance internacional.

1. REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS COMUNICACIONALES DE ACUERDO A PORCENTAJES CONSENSUADOS, PARA LOS SECTORES PRIVADO NACIONAL, ESTATAL Y SIN FINES DE LUCRO.

Para que la comunidad argentina, cualquiera sea su poder adquisitivo, pueda ejercer el acceso a la información y el derecho a comunicar se deben garantizar porcentajes consensuados de licencias y frecuencias para las empresas de gestión privada (incluyendo los Grupos Concentrados) las empresas estatales y de los pueblos originarios, las cooperativas y de las pequeñas y medianas empresas de arraigo local.

1. LEGALIZACION URGENTE DE LAS FRECUENCIAS DE RADIO, TELEVISIÓN.

Está pendiente de resolución: la legalización de cientos de frecuencias, fundamentalmente en el sector de las cooperativas, comunitarias y pymes.

1. SOSTENIMIENTO DE LOS MEDIOS PÚBLICOS DE GESTION ESTATAL Y SIN FINES DE LUCRO.

Para evitar el manejo discriminatorio de la Pauta Publicitaria Estatal se propone la creación de un Instituto que, con recursos del Tesoro Nacional y de fondos de la facturación de la pauta publicitaria privada, garantice la permanencia de los Medios de gestión que no persiguen fines de lucro.

1. FONDO CONCURSABLE PARA LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CONTENIDOS.

Con el modelo del Instituto Nacional de la Música (INAMU) que tiene participación de los músicos de todo el país, el Poder Ejecutivo Nacional y los gobiernos provinciales - por vía de propuestas colectivas y concursos participativos- garantice la producción de contenidos plurales para radio, televisión e internet.

1. ACCESO UNIVERSAL A INTERNET

La educación, la formación, el derecho a la comunicación exigen que el Estado Nacional garantice la universalidad del servicio de Internet.

1. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA

2. Los nuevos valores de la alfabetización mediática deben estar basados en el pensamiento crítico, en la libre valoración de juicios, en el derecho a la información, en la igualdad de acceso y en la distribución igualitaria entre competencias y capacidades. Creemos en la capacidad de la sociedad y en los movimientos sociales para crear información de calidad, para evaluar críticamente y para tomar de decisiones. El conocimiento creado por las TIC debe ser compartido y beneficiar a toda la sociedad, no sólo a unos privilegiados. Se debe potenciar la creatividad y la innovación para la mejora social y económica (Pérez-Tornero y Varis, 2012, p. 70).

   (*) Periodista y Psicólogo. CODEHCOM. Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación.

···