Por Eduardo Fernández

Tres años de neoliberalismo recargado. Las Pymes reclaman un proyecto productivo nacional

En la nota escrita por Eduardo Fernández, titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), especialmente para Motor de Ideas 8 #TresAñosNeoliberales, se realiza un llamamiento a no dar prebendas a las pymes aniquiladas por la política económica del macrismo y aunar propuestas para revertir la situación que atraviesan las Pymes.

(Por Eduardo Fernández (Especial para Motor de Ideas)) En noviembre se confirmó que la economía entró técnicamente en recesión. Todos los análisis coinciden en que la caída en la actividad continuará durante lo que resta de 2018 y, como mínimo la primera mitad de 2019. El Gobierno entregará su mandato con una contracción del PBI hasta 3,9 por ciento respecto del que recibió en 2015.

El Estimador Mensual Industrial marcó un derrumbe histórico del 11,5 por ciento en septiembre respecto de igual mes del año pasado. Fue la mayor caída interanual desde julio de 2002, cuando hubo un retroceso del 12,2 por ciento. Las actividades industriales registraron caídas en 33 de los 34 meses de la gestión de Cambiemos cubiertos por las estadísticas oficiales.

Durante la actual gestión de Gobierno se destruyeron 107.300 puestos de trabajo en la industria. La cifra representa el 8,5 por ciento de la dotación de trabajadores manufactureros que existía a fines de 2015.

El deterioro de la estructura laboral se explica por la contracción de la demanda interna, el impacto de los tarifazos y la apertura comercial. A ese cóctel se sumaron este año la corrida cambiaria y el ajuste recesivo implementado para intentar contenerla.

En este contexto se produjo una marcada caída en la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores registrados. La remuneración promedio experimentó en septiembre un alza interanual del 25,2 por ciento mientras que la inflación marcó en el mismo período un alza del 40,5 por ciento, según el Indec. La pérdida en el poder adquisitivo no solo afecta las condiciones de vida sino que impacta directamente sobre las empresas industriales cuya producción depende del consumo interno. Así La pérdida de poder adquisitivo, y una recesión que aún no toca fondo, se refleja en un constante aumento en la morosidad de los créditos a la familia y la cantidad de cheques rechazados.

La pérdida de puestos de trabajo alcanzó a sectores hasta hace poco tiempo más dinámicos como la construcción donde se contabilizaron en septiembre 4300 puestos de trabajo menos que en agosto. La caída frente al mismo mes del año pasado asciende hasta las 4100 posiciones. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) evidencian el impacto que tuvieron el frenazo en la obra pública y los proyectos privados y el profundo recorte en la inversión estatal contemplado en el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional.

Los datos de la Secretaría de Trabajo contabilizaron en septiembre la pérdida mensual de 20.400 mil puestos de trabajo asalariados del sector privado. Fue la segunda caída más pronunciada desde que asumió Macri. La marca anterior corresponde a diciembre de 2015. Frente al mismo período del año pasado hay 35.600 empleos menos en relación de dependencia.

A las pérdidas observadas en la industria y la construcción se suma el rubro comercio, que contabilizó en septiembre 3900 puestos menos que en agosto. La actividad agropecuaria también mostró una contracción significativa al perder 4100 posiciones mientras que el rubro transporte anotó una pérdida de 1800 empleos. También el sector inmobiliario sufrió un fuerte retroceso por la caída del crédito.

Como resultado de este estado de cosas, en los últimos doce meses, la canasta de pobreza subió un 54,6 por ciento y la de indigencia, 51,5. El promedio de las paritarias de trabajadores registrados anota una caída de 10,2 puntos porcentuales en 2018 frente a la inflación, calculó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav).

Con el deterioro de las condiciones de vida de la población, sigue cayendo la demanda en el mercado interno, sustento del 99,9 por ciento de las Pymes. Estas empresas, que proveen más del 70 por ciento del empleo, deben además afrontar costos dolarizados imposibles de trasladar a precios.

Para la población en general, esto implica en lo inmediato más pobreza y mayor desempleo. Para el conjunto de las Pymes, significa una constante pérdida de rentabilidad por el sustancial deterioro de la demanda del mercado interno, principal sustento de las empresas de nuestro sector. Sin olvidarnos de sumar en ese juego de pinzas el efecto producido por los aumentos desmesurados de costos que derivan de los fuertes incrementos tarifarios y alzas de insumos a precios dolarizados. La situación descripta sucintamente ya ha producido el cierre de más de 7.000 Pymes.

En el primer semestre se incrementó 8 por ciento interanual la presentación de concursos y quiebras, en particular de las Pymes, la industria y las empresas dedicadas al consumo interno. Este proceso se profundizó con la brutal devaluación y el consecuente traslado a precios de las materias primas e insumos necesarios en los procesos productivos.

En este contexto las Pymes sintieron en carne propia la ruptura en la cadena de pagos y debieron endeudarse para cubrir el faltante de su caja diaria. Según un relevamiento realizado entre las Pymes industriales del AMBA, el 52 por ciento tuvo que endeudarse en el primer semestre, y de ese número el 60 por ciento destinó esos fondos para pagar gastos corrientes. Eso incluye sueldos, materias primas y servicios.

Dicho endeudamiento se genera por la pérdida de capital de trabajo en razón de las grandes caídas en los niveles de rentabilidad que lleva a las Pymes a sobrevivir a costa de ahorros puestos a resguardo en épocas más florecientes, siempre con la idea de acudir a esas reservas cuando baja el nivel de actividad, a fin de preservar la fuente de trabajo.

Las Pymes tienen problemas para financiar capital de trabajo, en su gran mayoría con el mercado de descuentos de facturas y cheques. Las entidades financieras cobran tasas de más del 70 por ciento.

No son “dificultades”, es el modelo

Esta situación no es fruto de “inconvenientes” o “dificultades” que atraviesa supuestamente la economía del país como si se estuviera frente a fenómenos meteorológicos, sino que es fruto de las políticas neoliberales aplicadas durante los últimos años.

Desde el mes de diciembre de 2015 se viene implementando un modelo económico basado la desregulación financiera, la apertura importadora, y una política monetaria y fiscal contractiva y de libre flotación del dólar que ha llevado a compensar la escasez creciente de divisas con un fenomenal endeudamiento externo.

Desde nuestra entidad alertamos ante las primeras medidas económicas dispuestas por la actual gestión: “En estos primeros 30 días de gobierno, hay una certeza: se trata de desmantelar todos los elementos de que dispone el Estado para intervenir efectivamente en áreas esenciales. Desde la perspectiva de las Pymes y los productores, lo primero que surge es la desorientación en cuanto a las variables en los planos productivo, impositivo, financiero y de protección de la industria nacional”.

Muy sintéticamente podemos citar:

a) la llamada “salida del cepo”, es decir, la disposición de cambiar drásticamente las regulaciones en el mercado cambiario, que significó una sucesión de devaluaciones que acentuó un proceso de incrementos de precios en toda la cadena productiva y de comercialización, donde tienen peso decisivo corporaciones con altos niveles de cartelización y capacidad de imponer sus condiciones a proveedores, clientes mayoristas y consumidores.

b) La quita de retenciones a las exportaciones de amplios sectores de la producción agrícola, a las industrias (que en su mayoría son grandes empresas) y a la minería, hecho que acentuó la suba en los insumos difundidos para los clientes Pyme,a causa de la capacidad de empresas oligopólicas y monopólicas de imponer los precios internacionalizados en las cadenas de valor.

c) La disposición de no aplicar análisis y controles a las cadenas de valor y al proceso de formación de precios, que acentúa y cristaliza la situación descripta.

d) La desregulación del sistema financiero y cambiario y una política monetaria basada sobre una suba de tasas de referencia de 40 por ciento, que se traduce en tasas activas no menores al 70 por ciento, excluye el acceso al crédito para el sistema el sistema productivo, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas.

e) Las modificaciones en el sistema de regulación de las importaciones. Ante la necesidad de modificar el régimen de las Declaraciones Juradas de Importación (DJAI) se implementó en su lugar un nuevo régimen de aplicación de licencias automáticas y no automáticas que protege a un 10 por ciento de posiciones arancelarias y en los hechos resulta impreciso y poco efectivo a la hora de impedir la entrada masiva de productos que se fabrican en el país, de lo cual dan cuenta diversas situaciones reflejadas por las cámaras textiles, del calzado, electrodomésticos y otros rubros de consumo masivo.

f) La baja del régimen de facilidades impositivas vigente en el periodo anterior y su reemplazo por otro con tasas más caras y fundamentalmente con restricciones que hacen inviable el financiamiento de las deudas de las Pymes, que no especulan con estos recursos sino que los necesitan para afrontar efectivamente sus obligaciones, como lo vienen haciendo .

e) La drástica quita de subsidios a las tarifas de electricidad, gas y transporte, que afecta en forma indiscriminada al grueso de la población. A ello se suma el aumento de los combustibles que en el primer trimestre alcanza un 30 por ciento. En el caso de las Pymes, las subas no representan sólo una fuerte incidencia en sus esquemas de costos, sino que directamente llevan a que no sea viable la actividad, ya que estas empresas no tienen espaldas para afrontar el nuevo esquema tarifario en iguales condiciones que empresas de mayor tamaño.

e) Desde el Banco Central se decretó la eliminación de las líneas de crédito para la inversión productiva, uno de los últimos vestigios de políticas industrialistas y orientadas a las Pymes. Al mismo tiempo, se continuó pretendiendo atacar la inflación por medio de altas tasas y el ingreso irrestricto de mercaderías al país. El resultado no ha sido el freno a la inflación sino el estímulo especulativo, el endeudamiento, la salida de divisas, la paralización del crédito y el corte en la cadena de pagos.

f) La disparada del incremento de los precios al consumidor, sin regulaciones que amortigüen su impacto en la demanda local.

El paquete de leyes económicas que se puso en marcha el Gobierno a fines de 2017 bajo el signo del “reformismo permanente” preanunció la profundización del el sesgo regresivo de la economía. Medidas y leyes en muchos casos presentadas en nombre de las Pymes y la inversión productiva coinciden con los reclamos y sugerencias desreguladoras de corporaciones y organismos internacionales, no con las necesidades de la economía real.

En este contexto, desatada una crisis económica, productiva y social de imprevisibles consecuencias, bajo una sucesión de corridas cambiarias derivadas de la fragilidad del esquema monetario ante los embates externos, la respuesta del Gobierno siguió siendo la profundización de las políticas en curso, ahora bajo las consabidas recetas de ajuste del Fondo Monetario Internacional.

Las condiciones descriptas han llevado a la emergencia a una gran mayoría de establecimientos de la industria, el comercio, los servicios y la producción agraria. Diversos relevamientos de cámaras y entidades presentan una alarmante perspectiva de disminución de la rentabilidad, parálisis y cierre de empresas.

Cuando comenzaron a hacerse sentir las consecuencias negativas de la desregulación cambiaria y financiera, la apertura comercial irrestricta y la caída de la demanda en el mercado interno, desde APYME y otros sectores se comenzó a pedir la Emergencia Pyme..

El Gobierno avanzó redoblando la apuesta hacia un modelo económico basado sobre el endeudamiento externo para cubrir el enorme déficit en dólares que esas políticas trajeron aparejado.

Propuestas superadoras

Por supuesto, no todos los sectores pierden. Al empobrecimiento de las Pymes, los sectores productivos no oligopólicos, profesionales, de trabajadores, las capas medias y los segmentos más desprotegidos de la sociedad, se contrapone una fenomenal transferencia de ingresos en favor unos pocos actores económicos concentrados y extranjerizados: el complejo agroexportador y las mineras, el sistema financiero especulativo, los grandes exportadores y formadores de precios y las empresas de energía. La alta concentración y la ausencia de regulaciones llevan a reemplazar las inversiones genuinas por la remarcación abusiva, la fuga de divisas y la especulación.

Hoy, ante el peligro de insolvencia al que al que llevó el desproporcionado crecimiento de la deuda, se pide a los sectores más castigados realizar mayores sacrificios, tal como lo demandan las consabidas recetas de ajuste del Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, los micro, pequeños y medianos empresarios advertimos que el sacrificio es altamente desigual. La crisis que perjudica a las Pymes y al trabajo nacional, beneficia al sector financiero de intermediación, a los especuladores locales y globales, a las grandes empresas formadoras de precios, al complejo agroexportador, las compañías mineras y de energía, que ven crecer sus dividendos con viento a favor. En tanto, las Pymes cierran o deberán “reconvertirse”. Que es lo mismo, porque ninguna pequeña empresa se crea, crece y se sostiene con esfuerzo de generaciones para terminar cambiando de rubro, perdiendo capital achicándose y despidiendo a sus empleados.

Esto no sucede a causa de la “ineficiencia” de las empresas, sino por las antedichas decisiones de políticas económicas que nada tienen que ver con el fomento de la producción y el trabajo nacional, y de un Estado que renuncia a su papel de velar por los intereses del conjunto de los sectores que constituyen el entramado económico y social.

Esta concepción se relejó en Presupuesto Nacional impuesto por el Gobierno y el FMI. Tal como está planteado, es un Presupuesto para el sector financiero, no contempla un crecimiento del consumo interno ni el fomento de la economía real, quita recursos al trabajo y a las políticas de apoyo sectorial.

Lamentablemente, los recursos obtenidos a través del endeudamiento, no se destinarán a la inversión productiva y la creación de empleo genuino, sino a atender los intereses de la deuda para continuar por el mismo camino que nos ha llevado al aumento de las cifras de pobreza. El nuevo programa que anunciaron y festejan la directora del FMI junto con el ministro de Hacienda profundiza este camino de mayor pobreza, recesión y pérdida de puestos de trabajo para millones de compatriotas. El ministro de Producción insiste en que el futuro será para quienes exporten. Es decir, para un mínimo porcentaje de empresas Pymes.

En este marco, desde nuestra entidad se viene advirtiendo que si no se ataca la emergencia con políticas específicas para las Pymes, es imposible que el apoyo al sector supere las “buenas intenciones” o los anuncios de paliativos insuficientes. Reactivar el mercado interno, abrir líneas de crédito con tasas subsidiadas y cerrar las importaciones de bienes de consumo que compiten con la producción local, resultan medidas imprescindibles y de urgente aplicación.

Recientemente desde el Ministerio de Producción se han anunciado medidas de simplificación de trámites y estímulos para “Pymes exportadoras” (las cuales estimamos que pueden representar un 1 por ciento), lo cual resulta inocuo en el actual contexto. En tanto, como se ha expuesto, la mayoría de las Mipymes se encuentran en “zona de riesgo”, es decir, de pérdida casi total de rentabilidad, y con pocas expectativas en el corto y mediano plazo.

El mismo ministro de Producción Dante Sica admitió que “las altas tasas son incompatibles con la producción”.

La ya inoperante ley 27.264, que establecía un Régimen de Fomento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, creó expectativas favorables prontamente disipadas. Esa ley se enfocaba en estimular la oferta en una hipotésis económica con perspectivas de crecimiento, no en proteger al sector. Se dejó de lado toda referencia a la Emergencia Mipyme, que fue el planteo inicial, con lo que se terminó beneficiando a empresas medianas y a subsidiarias de grandes corporaciones. Los pocos beneficiados de las líneas de financiación y otros beneficios pertenecen al tramo II de las medianas Pymes.

Como resultado se agravó la situación fiscal y financiera de miles de empresas, por lo cual se ha reclamado en varias ocasiones a AFIP planes de facilidades de pago adecuados ante la imposibilidad de hacer frente a la carga de deudas tributarias y previsionales por parte de las Pymes que no pueden cumplir con sus obligaciones a causa de los efectos de la crisis. Los empresarios Pymes no somos los que “un día serán grandes”. Ese razonamiento relega a decenas de miles de productores, industriales, prestatarios de servicios y comerciantes a la base de una pirámide donde sobrevive el más “apto”.

Lo que necesitamos no son prebendas, alivios ni discursos salvadores, sino aunar propuestas junto con todo los sectores perjudicados por el actual modelo para confluir hacia un un proyecto económico, productivo y social que nos incluya y no nos deje librados a la peor tormenta, la de un país que renuncia a sus decisiones soberanas, a su propio desarrollo y a una vida digna para todos sus habitantes.

• Presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme)

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