Por Daniel Moreira (*)

Volver al colonialismo

A las históricas dificultades que enfrenta nuestro país en materia de desarrollo industrial, y lejos de promover medidas tendientes a sortearlas, el gobierno de Mauricio Macri se suma ahora a la firma de un acuerdo que pone en riesgo la soberanía nacional y nos devuelve a épocas de subordinación absoluta: el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Un viaje al pasado colonial, sin escalas.

La decisión no sorprende a nadie. En línea con sus tres años y medio de gestión, Cambiemos impulsa una medida más que acarrearía el beneficio de unos pocos, en detrimento de los sectores mayoritarios del pueblo argentino. De cualquier modo, es muy burdo verlo.

Macri juega al TEG para intentar garantizarse un respirador artificial que le dé un poco de aire a su política económica de exclusión y hambre. Para impulsar cuatro años más de negociados propios y retrocesos populares. En el medio está en peligro el entramado productivo nacional y, con él, la vida de todos los trabajadores de nuestra patria. Pues la ratificación del acuerdo sería una sentencia de muerte para la industria nacional.

Es primordial remarcar que este acuerdo no mejoraría la competitividad de nuestra industria, como se ha intentado instalar. Con una matriz productiva desequilibrada y, ante la palpable asimetría entre ambas partes del acuerdo, el tratado sólo redundaría en beneficios para los europeos.

Entonces, ¿quiénes son los ganadores en nuestro suelo? Los mismos de siempre: Argentina “ingresaría al mundo”, pero sólo para jugar un rol de exportador de materias primas, profundizando nuestra así dependencia. Algo que atenta seriamente contra el sector productivo regional (y nacional), y tiende a una reprimarización de nuestra economía.

La brecha entre el MERCOSUR y la UE está a la vista. El de los europeos constituye el segundo PBI del mundo y es unas 36 veces más grande que el nuestro. Así, mientras a ellos se les abre un enorme mercado para colocar sus productos industriales, para el bloque americano supone la colocación -de forma cuotificada- de productos agrícolas.

Pero hay más: el tratado incluye la apertura de las licitaciones de las compras públicas de los países de la región a las empresas europeas, lo cual deja afuera de toda posibilidad de participación a las pymes regionales, que no pueden competir en esas condiciones. Además, restringe la posibilidad de los gobiernos de utilizar las compras del Estado como herramienta estratégica de desarrollo industrial local.

Al brindar igual tratamiento a las empresas nacionales y a las extranjeras, los Estados pierden la potestad de políticas estratégicas en este sentido. Si bien idénticas posibilidades se abren para las empresas del MERCOSUR en el mercado europeo, es a todas luces evidente la asimetría a la hora de competir.

No hay que soslayar en el análisis el recorrido histórico de este acuerdo: lleva más de 20 años de idas y vueltas, desde sus inicios en 1995, durante los cuales el MERCOSUR intentó negociaciones para un pacto más equilibrado. Y no es casual que se suscriba ahora, cuando los dos países más grandes del bloque (Argentina y Brasil) experimentan un giro brutal a la derecha en sus conducciones nacionales. Es justo en este momento, cuando el acuerdo se ha sellado con profundas concesiones unilaterales que no atienden los impactos que tendrá en los aparatos productivos locales, ni en términos sociales.

Entonces es válido preguntarse, ¿Por qué? ¿A quiénes beneficia este acuerdo? Basta con ver quiénes se manifestaron a favor: en nuestro país, el Foro de Convergencia Empresarial, dentro del cual confluyen la Sociedad Rural y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entre las entidades representativas de los grandes productores rurales, la Asociación de Bancos Internacionales (ABA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea principalmente a las grandes empresas monopólicas, entre otras. El capital concentrado: los mismos intereses que representa Mauricio Macri y que se ha encargado de favorecer desde su arribo al gobierno nacional.

Un punto que será trascendental en el análisis es que este acuerdo sería un factor complementario para la aprobación de una reforma laboral futura: la flexibilización es condición necesaria y extremadamente funcional para la lógica neoliberal de firmar tratados de libre comercio con las economías hegemónicas.

Lo hasta aquí planteado supone un panorama devastador y, como se ha descrito, implicaría la muerte de la industria nacional, la concentración de la economía y la condena a la actividad primaria. En este sentido, es conocido que el sector primario genera muy poco empleo en comparación con la industria, que es el motor de desarrollo laboral. Sin producción y sin empleo, ¿de qué vamos a vivir los argentinos? ¿Cuáles serán las consecuencias en términos sociales de un modelo que sólo genera exclusión?

Pero a este análisis le queda un detalle: no todo está perdido. El acuerdo debe ser ratificado por los parlamentos de los países miembro y es en esa instancia donde debemos exigir que sea discutido con los sectores de la sociedad civil. Es allí donde colectivamente y de forma democrática debemos poner todos nuestros esfuerzos para frenar esta vuelta a la época colonial.

Nuestros países no necesitan nuevas y modernas formas de opresión sino, muy por el contrario, la decisión estratégica de potenciar la industria nacional como camino definitivo hacia sus respectivas soberanías. Es tarea de todos defender lo que supimos conseguir.

(*) Presidente de Asociación Pyme y referente del Frente Productivo Nacional

···