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Una laguna en Argentina se vuelve rosa por los residuos de la industria pesquera
Un color rosa intenso tiñe desde hace días la laguna de Corfo, en la Patagonia argentina, por culpa de los químicos industriales desechados por las empresas pesqueras. Los ambientalistas y vecinos de la región advierten de que no es la primera vez y de que están cansados. El color rosado es debido al sulfito de sodio, un conservante antibacterial que se usa para conservar los langostinos que se exportan.
La laguna, de entre 10 y 15 hectáreas, está ubicada en el parque industrial de la ciudad costera de Trelew y a unos 1.400 kilómetros de Buenos Aires. La empresa pesquera responsable del vertido de este químico es Rawson Ambiental S.A. Logró obtener el permiso "de cooperación" para hacerlo firmado por el Gobierno provincial y con la municipalidad de Rawson. Sin embargo, dicho acuerdo no fue suscrito por Trelew, donde fue vertido el sulfito de sodio. Y este ha sido el desencadenante del conflicto.
Juan Micheloud, el titular de Control ambiental de la provincia de Chubut, le restaba importancia.
"En las lagunas se tratan este tipo de efluentes pesqueros y corresponden a un color de bacterias. El color rojito no es para preocuparse. Es algo normal, no provoca daño y en unos días desaparecerá".
Al paso de sus declaraciones salieron las autoridades de Trelew, quienes exigen al Gobierno provincial que "ponga fin al vertido de efluentes industriales" en Corfo. Trelew se ha convertido "en el patio trasero de la disposición final de industrias no radicadas en el parque industrial", denuncia el Ejecutivo municipal. El secretario de Planificación de la localidad, Sebastián de la Vallina, añade que "no puede ser que se minimice algo tan grave", y es que la laguna lleva días teñida de rosa.
La ley en Chubut obliga a las empresas a procesar la pesca que exporta en la misma provincia. Se trata, sobre todo, de merluza y langostinos. Productos que generan miles de empleos. Pablo Lada es un activista medioambiental argentino y vive en Trelew. Culpa al Gobierno de los daños al ecosistema. "Son empresas multimillonarias que no quieren pagar el flete para llevar los efluentes a una planta de tratamiento que ya existe en Puerto Madryn, a 60 kilómetros, ni construir una más cerca para tratarlos", explica a AFP.
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