Gabriel Norberto Barceló
Ciencia, tecnología y Estado
(Por Gabriel Norberto Barceló) Joseph Stiglitz, ex Vicepresidente Senior y Economista Jefe del Banco Mundial entre 1997 y 2000, y ganador del Premio Nobel de Economía en 2001, dice, en su libro “La Economía del Sector Público” editado en 1986: “Los países occidentales tienen lo que se llama una economía mixta. Aunque muchas de las actividades económicas son realizadas por empresa privadas, otras son realizadas por el Estado. Por otro lado, éste influye, intencionadamente o no, en la conducta del sector privado, mediante toda una variedad de reglamentaciones, impuestos y subvenciones. En cambio, en la URSS y en los países del bloque soviético, el Estado realiza la mayoría de las actividades económicas. Es precisamente el hecho de que las economías mixtas tengan que definir constantemente las fronteras adecuadas entre el Estado y las actividades privadas lo que hace que el estudio de la hacienda pública de estos países sea tan importante e interesante”.
Esta aseveración, proviniendo de quien proviene, confirma que en todas las economías occidentales el Estado realiza actividades económicas directamente, más allá de las tradicionales de la administración. El problema parece ser la definición adecuada de esa frontera entre lo que el Estado debe y no debe hacer, persiguiendo el bienestar general, y, sobre todo, decidiendo por encima de definiciones de purismo ideológico de cualquier signo, por una parte, y de la persecución de intereses sectoriales, por la otra.
Parece, también, razonable suponer que esa frontera se ubicará de manera diferente según la realidad política, económica, social e histórica de los países.
Una de las funciones indelegables de los Estados Nacionales ha sido, desde siempre, prever y proveer las soluciones que las sociedades que los sustentan necesitan para el largo plazo.
Quizá paradójicamente, el Estado se hace más necesario, en esta función de atender al largo plazo, cuanto más difícil sea para los actores sociales prever las circunstancias de ese largo plazo.
Esto es así porque los actores privados no pueden, bajo riesgo de desaparecer del mercado, involucrarse en actividades que impliquen riesgos extraordinarios, y los riesgos son mayores cuanto más impredecible sea la situación política y económica en el largo plazo.
En consonancia con esta línea de pensamiento, si el desarrollo científico tecnológico ha sido uno de los campos en donde, con diversos matices, los Estados Nacionales han invertido siempre, pero esto resulta particularmente necesario para los países en desarrollo, justamente porque la inestabilidad en sus circunstancias políticas y económicas suele ser una de sus características clásicas. De hecho, podría decirse que existe, en los tiempos modernos, una correlación entre estabilidad política, estabilidad económica y desarrollo tecnológico, ya que los países que alcanzan un grado adecuado de predictibilidad en los aspectos políticos y económicos alcanzan al mismo tiempo un grado relativamente avanzado de desarrollo tecnológico en sus empresas e instituciones (Corea del Sur, India, China, los Tigres Asiáticos).
Michael Porter, insospechable de simpatías por las izquierdas, ya que se manifiesta como un acérrimo defensor del protagonismo de las empresas privadas como fuente fundamental de competitividad de los países (la hipótesis fundamental de su texto clave es que no son los países los que resultan o no competitivos, sino sus empresas), dice, sin embargo, en “La Ventaja Competitiva de las Naciones”: “Prácticamente todos los países avanzados, incluidos todos los que hemos estudiado (Estados Unidos, Suiza, Suecia, Alemania, Japón, Italia, Corea y Gran Bretaña), han establecido políticas para fomentar la investigación”.
Si analizamos la evolución histórica de la intervención del Estado en los gastos de Investigación y Desarrollo (I+D) en el mundo, tomando casos como, por ejemplo, el de Japón, Corea del Sur o incluso Brasil, vemos que siempre, en estos países, el Estado Nacional ha tenido un rol preponderante en su etapa de emergencia y consolidación económica.
La proporción del gasto de I+D sobre el gasto total en esa área ha sido, en las primeras etapas del desarrollo económico de entre el 60 y el 70 % al menos, dependiendo del desarrollo del sector privado de cada país.
Luego, y en la medida del avance del desarrollo industrial, la proporción el gasto de I+D encarado por el sector privado ha comenzado a aumentar, pero no por una disminución del gasto real del sector público, sino por un aumento del gasto de las empresas que, ya consolidada una cierta salud financiera y una presencia en el mercado nacional y/o internacional, pueden destinar fondos propios a la innovación en nuevos productos y procesos.
En la etapa consolidada, el estado conserva, en estos países, una proporción del gasto de I+D de alrededor del 30% en todos los casos, desde Corea hasta los Estados Unidos. (1)
O sea que el involucramiento del Estado en la inversión en Ciencia y Tecnología resulta esencial en la etapa de desarrollo de la economía, pero sigue luego, y de manera significativa, en los estados desarrollados.
En la Argentina hemos Cambiado, también, en esto. La inversión en Ciencia y Tecnología, medida en dólares, según los sucesivos presupuestos nacionales, incluido el propuesto por el Poder Ejecutivo para 2019 ha disminuido, respecto del aprobado para 2016, en un 20% para los años 2017 y 2018.
Para 2019 la disminución propuesta es de alrededor del 56% respecto de aquel año.
Si algo no representa la evolución del sector de Investigación y Desarrollo en el gobierno de Cambiemos, es una integración al mundo. Estamos yendo exactamente en dirección contraria.
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