Por Horacio Rovelli

Dos modelos

(Por Horacio Rovelli) En la Argentina actual hay sólo dos modelos posibles, uno, el representado por el denostado “populismo”, que consiste en la defensa del consumo interno como acicate y estímulo de la inversión y la creación de puestos de trabajo, defensa del consumo incluso por encima de indicadores de productividad, esto es, no importa tanto cual es el costo, sino que se produzca en el país, que por otra parte en el estado de situación en que se encontraba la economía y la sociedad en el año 2003 (después del gobierno de los mercados desde 1976, con la sola excepción de la gestión del Dr. Bernardo Grisnpun en el inicio del gobierno de Raúl Alfonsín), fue lo mejor que se pudo hacer. Al basarse en el mercado interno se crece cuando se incrementa el consumo, el problema reside en que por cada punto que se aumenta el PIB industrial (para satisfacer el mayor consumo) las importaciones lo hacen en tres veces más. El camino consiste en sustituir las compras externas por producción local a como dé lugar. Del punto de vista del costo implica cierto incremento pero que está más que compensado con el aumento del trabajo y la producción nacional y se puede administrar con políticas públicas que tengan claro ese fin. Se conforma un modelo de crecimiento auto sostenido que implica una mejor distribución de ingresos por definición. Cuanto mayor poder adquisitivo tenga la población, mejor funcionará el multiplicador de la inversión, siempre que existan planes que comprendan una inteligente política cambiaria y comercial con tipo de cambio competitivo, y defensa arancelaria y para arancelaria del mercado interno. Ese modelo fue el que se buscó destruir con el golpe militar de 1976, que no pudo revertir el primer año de gestión de la vuelta de la democracia cuando Bernardo Grinspun era el ministro de economía de Alfonsín, pero sí lo hizo el “kirchnerismo”. Ese modelo no sólo no está agotado (como se quiere hacer creer) sino que es el único camino posible para generar trabajo y producción local.

El otro modelo es el de subordinarse como socio menor al capital financiero internacional, a la lógica de altas tasas de interés mayor que la depreciación cambiaria (carry trade) para garantizar ganancia en moneda dura; amplia e irrestricta apertura de la economía (no otra cosa es la importación indiscriminada y los tours de compras al exterior, un claro ejemplo es la importación de automóviles de Brasil), apuntalada por el persistente atraso cambiario; todo ello “anestesiado” por el endeudamiento sin límite de la Nación y de las provincias como si esa deuda alguna vez no hubiera que pagarla.

La fácil y rápida renta de los LEBAC (Letras del BCRA) y otros títulos de deuda emitido por el Estado Nacional superan ampliamente cualquier inversión productiva, por ende la misma se reduce a donde tienen ganancias por mercados cautivos, pero que a su vez no pueden aumentar la oferta por las restricciones a la demanda. En el caso de los bienes salarios por el descenso de los mismos en términos de poder adquisitivo y en el caso de los bienes suntuarios, porque el mercado es una minoría enriquecida que incluso puede comprar (y lo hacen) esos productos del exterior.

La combinación del atraso cambiario y el mal llamado “costo argentino”, que no es otra cosa que los altos precios (y los altos márgenes de ganancia que de ello se desprende), por los insumos que son utilizados como materias primas o materiales en la elaboración de los bienes finales que se producen en el país (caso acero, aluminio, cemento, petroquímicos, etc.) y productos terminados como alimentos, medicamentos, combustibles y servicios como el de comunicaciones y energéticos, quienes cuentan con mercados cautivos o semi cautivos, fruto de una fuerte concentración económica que les permite fijar los valores con una tasa de ganancia en promedio más alta que la internacional. En ese modelo sólo se garantiza la súper ganancia de una minoría rentística, monopolista y parasitaria, a costa de la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados en actividad o en pasividad, de la fuente de trabajo, del descenso de la producción y los inevitables aumentos de la desocupación, de la pobreza y de la marginalidad.

Para asegurar que el modelo de subordinación al capital financiero internacional sea aceptado necesitan vulnerar derechos de los trabajadores y de los jubilados y pensionados e incrementar la presión tributaria sobre los que menos tienen, para poder disminuir los gravámenes al capital (y a sus poseedores), lo que el empresario sojero Gustavo Grobocopatel definió como empoderar a los empresarios, facilitarles la vida y la toma de decisiones, pero a costa de complicársela al resto de la población que es ampliamente mayoritaria.

Reformas previsional, laboral y tributaria

No otro es el sentido de los proyectos de reformas previsional, laboral y tributaria, incluso con serios problemas de redacción, los fundamentos de los proyectos dicen una cosa y el articulado otra; por ejemplo en el proyecto 20-PE-2017 de Reforma Tributaria impulsa una reducción generalizada de aportes patronales, pero en los enunciados dice que será en forma gradual, y en el artículo 164 del título IV del proyecto, propone partir directamente de un tope de $12.000.- (Mínimo No Imponible de contribuciones patronales) desde la sanción de la ley y ajustable por la inflación (variación anual del Índice de Precios al Consumidor Nacional del Indec) desde el 1 de enero de 2019. Lo que es gravísimo, porque desde el 1 de enero de 2018, cuando el gobierno de Macri quiere que rijan las medidas, el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) va a quedar desfinanciado por la amplia mayoría de asalariados que cobran menos de $ 12.000.- por mes, recordemos que el salario mínimo vital y móvil mensual es de $ 8.860.- para julio de 2017 y desde el 1 de enero de 2018 de $ 9.500.- y que los empresarios van a pagar en “blanco” esa suma o similar, y el resto en “negro” para evadir los aportes previsionales.

Lo mismo pasa cuando en los anuncios de los proyectos el ministro Dujovne afirmaba que la idea era ir disminuyendo el impuesto al Débito y al Crédito Bancario, incluso que podía ser tomado a cuenta para el pago del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo dado que a las provincias le devuelven el 20% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias (Art. 104 de la ley t.o.) por el “Consenso Fiscal” firmado por todas ellas menos la Pcia. de San Luis que iba a la ANSES, en compensación la Nación cede el 70% de la recaudación del Impuesto al Cheque al sistema previsional, que es una suma similar.

Pero los jubilados y pensionados presentes y futuros son los principales damnificados por el desenganche del ajuste de los haberes previsionales (y también las asignaciones familiares, la AUH y las pensiones no contributivas) del salario, para que se ajusten sus haberes en un 70 por ciento por el índice de precios al consumidor determinado por el INDEC y el 30 por ciento restante por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con el solo efecto de que ese ajuste sea menor que el real con lo que no sólo van a cobrar menos dinero sino, y principalmente, el poder adquisitivo será menor, rompiendo de paso la alianza entre los trabajadores en actividad y los que dejaron de serlo.

El cambio de coeficiente de ajustes representa un ahorro en el gasto previsional en torno a los U$s 6.000 millones por año, por ejemplo, para el 2018 la estimación del ministerio de hacienda es de no menos de $ 100.000 millones, que al tipo de cambio de $ 19,30 que es el promedio del año 2018 según el proyecto de ley de presupuesto, implica esa suma en moneda norteamericana, que es exactamente lo que no se le cobra anualmente a los exportadores por la eliminación de las retenciones (derechos de exportación) y la disminución gradual en la soja. Es todo un símbolo del macrismo, de cómo entienden ellos la distribución del ingreso, condonación del pago a los grandes exportadores y disminución del haber de los jubilados y pensionados cuya mínima es hoy de $ 7.246.- por mes.

El proyecto de reforma laboral busca precarizar el trabajo, entre la creación de “bancos de horas” para eliminar las horas extras; la creación del “Fondo de cese laboral”(por más que los aportes lo hace el empleador); la tercerización de los trabajos de limpieza, seguridad, mantenimiento general, servicios médicos y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía e informática; los contratos basuras por locación de servicios, pasantía laboral y prácticas formativas, con lo que muchos trabajadores van a ser reemplazados por otras personas sin derechos laborales bajo alguna de estas modalidades de contratación; el hecho de que una persona de más de 65 años puede seguir trabajando hasta los 70, pero sin realizar los aportes previsionales, abarata el costo laboral y es una competencia desleal contra un trabajador nuevo.

La reforma tributaria le reduce en forma gradual y en cinco años la alícuota del Impuesto a las Ganancias a los empresarios del 35 al 25% y obliga a las provincias por el “Consenso Fiscal” firmado el 16/11/2017, a ir reduciendo el Impuesto a los Ingresos Brutos a todas las actividades y hasta eliminarlos para la industria, la agricultura y ganadería y las petroleras y mineras. Lo mismo con el Impuesto a los sellos que se comprometen a reducir su alícuota hasta su eliminación para el año 2022. El problema es que ambos gravámenes representan no menos del 80% de la actual recaudación propia de las provincias, quienes se van a ver obligadas a ajustar sus cuentas, para beneficiar a los empresarios que van a pagar menos.

El gobierno hace alharaca del gravamen a la “renta financiera”, que aparece como un artículo perdido e impreciso en la reforma tributaria. Los trascendidos periodísticos plantean un mínimo no imponible del equivalente de renta financiera (un activo financiero que genera ganancias al año de más de $ 65.700.-) por lo que recién a partir de esa suma se grava si es en pesos con un 5% y si es en divisas o en pesos ajustable en un 15%, el mismo gobierno estima que la recaudación esperada sería de sólo el 0,2% del PIB, pero dado que no se tiene definido quienes serían los agentes de retención (los bancos se quejan del mayor gasto administrativo), su instrumentación recién sería para el año 2019.

Reformas previsional, laboral y tributaria

En síntesis

Una vez más el modelo “Hood Robin”, lo afirma sin tapujo el ministro Dujovne cuando sostiene que el modelo económico del gobierno “hay una transferencia de recursos desde las familias hacia las empresas”. Pero llegan a niveles impensados, sacarles recursos a los jubilados para garantizar que los exportadores de granos reciban el 100% de sus ventas. Plantean “blanqueos” y perdones fiscales de los capitales no declarados o por haberse quedado con los aportes previsionales de los trabajadores y precarizan las condiciones de trabajo. Planteaba Macri en la campaña proselitista del año 2015 que en su gobierno los trabajadores no iban a pagar el impuesto a las ganancias, bien en el año 2015: 1.177.104 trabajadores pagaban el impuesto, mientras que en marzo de 2017, lo hicieron 1.765.975, con lo que revierte un dato histórico del impuesto en nuestro país, antes de Macri el 60% de la recaudación correspondía al pago de las empresas y 40% a las personas físicas. Con Macri es exactamente al revés, 60% contribuyen las personas y 40% las empresas, tendencia que se profundizará con la reforma tributaria planteada al disminuir la alícuota a la ganancia empresaria.

Esta brutal redistribución del ingreso está demostrada históricamente no significa mayor inversión y sí significa mayor fuga de capitales. Desde que asumió el gobierno de “Cambiemos” el 10 de diciembre de 2015 hasta el 31 de octubre de 2017 se fugaron, según las cuentas del MULC (Mercado Único y Libre de Cambio), 29.455 millones de dólares, que es casi la mitad de la Inversión Bruta Fija anual del país.

Cumplidos dos años de mandato, tras ganar las elecciones con el 41% de los que votaron y al calor de la complicidad de sindicalistas, políticos y sobre todo de los grandes medios, avanzan desprolija y cruelmente sobre los que menos tienen. La situación es tan burda que hasta a Susana Giménez le parece un atropello, los sindicalistas y los políticos olfatean que algo no cierra y piden rever por lo menos lo más alevoso, el gobierno contraataca con el delirio de Irán, Nisman y Bonadio, lo que se conoce como “bomba de humo”.

Sólo la resistencia popular en la calle y obligando a nuestros representantes a que los sean, se puede frenar esta ignominia, encabezada por los hijos y ceos de los empresarios creados al calor del “Proceso de Reorganización nacional” al cual imitan.

Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía. Miembro de EPPA (Economía Política para la Argentina)

(*) Fuente: Tecla Eñe

···

Opinión

Por Horacio Rovelli

Dos modelos