Por Carlos Heller

La batalla tarifaria

(Por Carlos Heller) La política tarifaria es un eje central para evaluar los objetivos y las prioridades del gobierno nacional. Si bien la decisión de que los usuarios compensen a las productoras de gas, por la diferencia cambiaria en períodos ya cobrados, fue parcialmente desandada, las ganancias jamás fueron cuestionadas. El Estado es el que se termina haciendo cargo de ese costo, lo que significa que lo paga toda la ciudadanía.

El intento de generar una sensación de alivio en la gente forma parte de una estrategia que aplica a muchos anuncios que han realizado Macri y sus funcionarios. Es un buen complemento de la estrategia del "si pasa, pasa": lanzar varias medidas, recular ante las que generan fuerte rechazo, mientras que otras tantas terminan siendo implementadas.

Esteban Bullrich lo explicó con detalle cuando era ministro de Educación de la Nación. En una conferencia en la Academia Nacional de Educación (febrero de 2017), se refirió abiertamente a su método para intentar frenar las reivindicaciones de los sindicatos docentes. "¿Qué es lo que hacemos para vencerles la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo, porque el gremio focaliza (…). Estoy develando la estrategia si se quiere, pero no importa porque la estrategia es poco atacable igual (…). El gremio focaliza en una, le abriste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dieron cuenta que había una que se implementó, van atrás de esa y avanzás con las que no habías avanzado." Nada para agregar.

Algunos anuncios buscan aparentar una posición activa en temas que preocupan, pero no van al fondo de la cuestión. Justamente, el viernes el presidente Macri comunicó medidas vinculadas a la vivienda, en particular una nueva ley de alquileres, que ya tenía media sanción en el Senado, y límites al incremento de las cuotas de los créditos ajustables por UVA: "muchos temen que se disparen las cuotas y que su crédito sea impagable", afirmó el jefe de Estado.

Si bien faltan los detalles, en lo esencial se hizo referencia a que la cuota no podrá ajustarse por inflación en más de diez puntos por encima de lo que lo haga el coeficiente de variación salarial (CVS). Hasta el momento, en caso de que ello ocurriera, la normativa preveía extender las cuotas. Ahora lo que se agregaría, según la norma que adelantó El Cronista en su edición Web (12/10/18), es que las entidades "podrían proponerle" una regla a sus clientes para que el excedente quede como deuda y se agregue a la cuota en períodos sucesivos. La habitual filosofía del "podrán", no del "deberán". El mecanismo del libre mercado, intacto, al igual que las políticas que reducen el empleo y el poder adquisitivo del salario, los principales escollos a la hora de afrontar el pago de las cuotas hipotecarias.

Volviendo a los anuncios que verdaderamente impactan, está el tema del gas. Toda la discusión se generó por un injusto cargo a los usuarios de gas, a cobrarse en 24 cuotas con interés (a las elevadas tasas actuales), mientras que su posterior retiro pareció generar un beneficio para los usuarios. Casi como una victoria. Pero toda esa discusión evitó que se analicen los elevados aumentos de tarifas en CABA aplicados días antes de la medida, con un promedio del 35%, según informa la Secretaría de Energía. Una medición artificiosa, porque los dos segmentos de menor consumo tienen un aumento en octubre del 60 por ciento (justo en este momento de profunda recesión que afecta a las clases medias y a las más necesitadas), mientras que el segmento de mayor consumo apenas supera el 21 por ciento. Para todo el año, las tarifas aumentaron un 124,5 por ciento y un 56,5 por ciento respectivamente, contrariando toda la lógica que vincula el pago con la capacidad económica del usuario.

La discusión giró en torno a los $ 95 mensuales (según la información bastante imprecisa de la Secretaría, podría haber sido un monto mayor) y desplazó, en buena medida, los grandes aumentos tarifarios, que no sólo gravan a los usuarios domésticos, sino también a las empresas, con su impacto sobre la viabilidad de muchas de ellas y sobre los precios de la gran mayoría de los bienes de consumo.

Esta estrategia tiende a distraer de lo principal, que es discutir todo el cuadro tarifario, porque, en un exceso intolerable, consolidan las tarifas del gas en niveles impagables para muchísima gente y empresas.

En tanto, también hay que tener en cuenta el enfoque ideológico.

Por un lado, el apoyo personal del presidente Macri a esta medida, sosteniendo que "el aumento es porque es lo que vale", una variación de "haciendo lo que hay que hacer". Esta visión intenta desideologizar todas las acciones del gobierno, y esta en particular, como si hubiera una lógica matemática o física que lleva a que el gobierno implemente sus políticas económicas. Y que no existe otro camino posible. Un enfoque incorrecto, pues la economía es una ciencia social, y por lo tanto, la gran mayoría de las medidas tomadas son políticas.

La postura tan férrea que adoptó Macri sobre la necesidad de que los usuarios soportaran sobre sus hombros (o, más precisamente, en sus bolsillos) gran parte del ajuste de tarifas por la devaluación, tiene que ver con un mensaje a los inversores y organismos internacionales: el cumplimiento del ajuste es intocable, aun a costa de una mayor presión sobre los índices de precios y de un menor consumo por parte de la ciudadanía.

Tal es así que Christine Lagarde, coincidentemente, destacó "la disciplina demostrada por el gobierno del presidente Macri" para acelerar el ajuste fiscal y llevar las cuentas públicas a registrar equilibrio fiscal primario en 2019.

Otro de los temas que se sostienen desde el gobierno es la idea de que es el precio internacional el que debe regir, que los subsidios son una mala palabra, y que todos los usuarios deben pagar las mismas tarifas. Esta es una avanzada cultural que pretenden instalar. Lo había dicho Macri en su momento (3/10/18), en plena reunión de Gabinete: "el tema tarifas es lo más importante, el centro de la batalla cultural".

La luz, el gas, el agua, y otros más, son servicios públicos porque su consumo resulta esencial para sostener una vida digna. Además, indican la necesaria utilización de la idea de universalidad: cualquier ciudadano o ciudadana debe poder utilizarlos, pueda o no pagarlos. El servicio público no puede depender de la capacidad económica del usuario, porque se llegaría a la perversidad de que la persona que se queda sin trabajo o tiene ingresos escasos, o directamente no los tiene, no tendría además derecho a tener ni luz, ni agua, ni gas.

Quiero recordar que el Parlamento aprobó una ley que retrotraía las tarifas a diciembre de 2017, planteando la necesidad de una reelaboración de todo el cuadro tarifario, teniendo en cuenta las distintas situaciones a atender, como se expresó. Texto que el Presidente vetó rápidamente, tal como había prometido mientras se trataba la ley.

Las ganancias empresariales de las productoras de gas se incrementaron significativamente con este gobierno, y los valores de sus acciones en la Bolsa así lo confirman. Las políticas vienen siendo su condición de posibilidad. Tal es así que al revertir el cobro de la diferencia por devaluación a los usuarios se decidió que el Tesoro aportara ese importe a las empresas productoras, en 30 cuotas. Un gasto que saldrá del erario estatal, en pleno ajuste fondomonetarista.

Esta decisión refuerza el estilo de la reducción del déficit fiscal impuesta por Cambiemos: un gran ajuste para la mayoría, con excepción de una minoría privilegiada de grandes empresas y fortunas que, incluso, ve incrementadas sus ganancias.

• Presidente Partido Solidario

(*) Fuente: Tiempo Argentino

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