Por Carlos Heller

Lagarde no viene como turista

(Por Carlos Heller) Christine Lagarde, directora gerente del FMI, llegará a la Argentina la próxima semana. No viene a visitar las Cataratas del Iguazú: ya lo hizo en marzo pasado. Viene a presionar por el ajuste. La formalidad indica que asistirá a la reunión del G-20, pero según varios analistas pretende tomar contacto con referentes clave de un sector de la oposición en reuniones privadas. "Concretamente, apuntan a explorar la viabilidad política efectiva que puede tener el apoyo del peronismo al plan de ajuste de Macri" (Marcelo Bonelli, Clarín, 13.07.18).

Podría decirse, entonces, que comienza el proceso de revisión, aun antes de lo acordado (mediados de septiembre), lo cual configura una visita extra con una manifiesta intencionalidad política. Una "auditoría integral". La visita de los funcionarios del FMI, a mi entender, tiene dos objetivos: uno de ellos es presionar para conseguir el apoyo necesario para que el Presupuesto se apruebe, y el otro es indagar sobre qué es lo que puede suceder, en función de la factibilidad de cumplimiento o no que tiene el acuerdo con el Fondo. Según Bonelli, "en Washington no dudan del cumplimiento técnico del acuerdo, pero en cambio acumulan unos cuantos interrogantes sobre la gobernabilidad de la Casa Rosada".

Este objetivo de mostrar gobernabilidad y cumplimiento del plan fue el eje de la visita de Nicolás Dujovne a banqueros e inversores norteamericanos en Nueva York. Esta reunión se realizó para ratificar que Mauricio Macri cumplirá con las metas de déficit fiscal e inflación. Los principales asistentes: J.P. Morgan, BlackRock, Templeton, Deutsche Bank y Morgan Stanley, entre otros. Estos son algunos de los más importantes "nombres y apellidos" de lo que genéricamente se denomina "los mercados financieros externos".

Queda claro que el eje de todas las preocupaciones es la aprobación del Presupuesto: si este no pasa como lo espera el gobierno, todo el mecanismo de los recortes de los $ 300 mil millones se complicará.

La oposición "razonable", según la denomina el gobierno, se enfrenta a un dilema: cómo aprobar el Presupuesto, pero despegándose en lo político de los efectos sociales del ajuste. Una disyuntiva de compleja resolución. Porque el ajuste implica pymes que cierran, sueldos que se achican, más trabajadores desempleados, caída del consumo interno, más recesión: en definitiva, mayor conflictividad social.

En este entorno, no sería difícil que se intente instalar, desde el oficialismo, una suerte de chantaje para aprobar el Presupuesto: "si se cae el acuerdo con el Fondo los mercados harán un desastre y estaremos en el peor de los mundos". Es decir, elegir entre el ajuste del Fondo o el caos: una premisa que hemos escuchado repetidamente en los noventa y sabemos a qué nos condujo.

Se profundizan los recortes

El plan del gobierno es acelerar el ajuste ahora, en el segundo semestre, y el año que viene volver a decirnos: "lo peor ya pasó". No obstante, resulta difícil que pueda cumplir sus objetivos, puesto que en 2019 debe recortar con profundidad el gasto, y por ello se espera que la recesión siga. Difícilmente puedan enmascarar el freno productivo con obra pública (confiada a los convenios de participación público privada que están encontrando dificultades para concretarse debido a la volatilidad financiera), o con aumentos reales de las jubilaciones que el recorte de gastos no permite, más bien lo contrario.

A principios de la semana el gobierno decretó el primer recorte fiscal tras la llegada del Fondo Monetario Internacional. Unos $ 20 mil millones, que parecen poco –aunque no lo son— al lado de los $ 300 mil millones que anunció Dujovne para 2019 (mucho más que los $ 200 mil millones anunciados poco después del acuerdo con el FMI). ¿Quién puede asegurar que, en unos meses, el recorte no será mayor aún? Pareciera que a medida que el plan avanza, hará falta un mayor ajuste. ¿Cuánto significan esos $ 300 mil millones? Por ejemplo, es cerca del total de lo que pagaría este año el gobierno nacional por salarios de sus empleados. También podemos decir que son equivalentes al pago anual de 3 millones de jubilados que cobren la mínima.

La poda invernal es toda una señal de prioridades. Involucra el congelamiento de contrataciones en el Estado hasta diciembre de 2019 y la anulación desde enero de ese año de convenios con instituciones educativas. Se prohíben las bonificaciones, premios, incentivos y suplementos que percibe el personal del sector público. Pero en paralelo el gobierno se reafirma en su postura de no modificar el esquema de baja de retenciones a la soja. Toda una definición que revela cómo busca influir en la puja distributiva interna.

Las negociaciones recién conocidas con el FMI confirman que el ajuste será durísimo. También las verdaderas prioridades del gobierno argentino, ya que desechó la solicitud del FMI de eliminar la reducción tanto de las retenciones a la soja como de las cargas laborales, beneficiando así a los sectores más concentrados que apoyan la gestión macrista. Una gran preocupación surge al conocerse la intención del FMI de "amortizar" (vender) los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, lo cual podría ser un paso más para alegar la falta de sustentabilidad del sistema previsional público.

Es hora de pagar los platos rotos

La amenazante frase que titula estas líneas está dirigida a las economías emergentes más endeudadas. Así lo sostiene el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés), una influyente organización en el mundo financiero. Genera preocupación, pero también sirve para comprender los riesgos de la dinámica especulativa que abrazó el gobierno de Macri.

Del informe del IIF (Ámbito, 11.07.18), hay tres párrafos que vale la pena resaltar.

1. "El riesgo de refinanciación en dólares es particularmente alto para Argentina, Colombia, Egipto y Nigeria (más del 75% de las amortizaciones), México (62 por ciento), seguido por Sudáfrica (57 por ciento), Brasil (50 por ciento) y Turquía (47 por ciento)."

2. "Dada su alta dependencia de la deuda nominada en moneda extranjera, Argentina, Hungría, Turquía, Polonia y Chile parecen ser los más vulnerables a grandes oscilaciones en los flujos de capitales."

3. El informe también dice que "la deuda pública aumentó más fuerte en Brasil, Arabia Saudita, Nigeria y Argentina" y que el nivel de gasto en intereses ha superado el 2 por ciento del PIB.

Es una información tan concluyente como inquietante: el gobierno logró –en tiempo récord— que el país pasara de estar "excluido" de los mercados internacionales a ser uno de los más expuestos a los vaivenes de los fondos especulativos. Nada meritorio.

Además, y en un contexto de achique del gasto, cada vez más fondos del Presupuesto deberán asignarse al pago de intereses. Ello implica que habrá menores recursos para salud, educación, o seguridad social. Es una de las formas de ver los impactos concretos del ajuste. Los recortes en algunas partidas son centrales para definir un proyecto de país adecuado a la visión del gobierno nacional. Pero otras partidas son indispensables para la supervivencia en el corto plazo y se ven profundamente amenazadas justo cuando más necesarias se vuelven, cuando hay problemas de empleo y contracción de la economía local. A esto se refieren cuando hablan de "pagar los platos rotos". El problema es que este es el esquema con el que comulga el gobierno nacional, que además está dispuesto a reforzar el rumbo de sus políticas, un objetivo que parece difícil de concretar ante la previsible resistencia de los ajustados.

(*) Fuente: Tiempo Argentino

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