Nahuel Sosa

¿Proceso destituyente contra Macri o una política represiva con control social?

(Por Nahuel Sosa (Especial para Motor Económico)) El Gobierno plantea, cada vez con más fuerza, que hay sectores que quieren desestabilizarlo para impedir que termine su mandato, sin embargo, gran parte del oficialismo avaló desestabilizaciones y golpes de estado de nuevo tipo que se llevaron a cabo durante el siglo XXI en América Latina .

Frente a un escenario de pérdida de poder adquisitivo y asenso de la protesta social, construir legitimidad para aplicar una nueva política represiva se asoma como la solución inmediata.

En las últimas semanas, la primera línea del PRO respondió a la creciente conflictividad social con una peculiar teoría, la cual consiste en afirmar que habría un plan orquestado por un conjunto de grupos de la más diversas extracciones (piqueteros, docentes, izquierda, kirchnerismo, organismos de Derechos Humanos) que tiene como fin último derrocarlo. En este sentido el Presidente de la Nación afirmó: “claramente hay gente que quiere desestabilizar al Gobierno”, su Jefe de Gabinete Marcos Peña sostuvo “hay un sector al que no le conviene el diálogo porque la violencia lo hace más fuerte” mientras que el asesor todoterreno Durán Barba sumaba su voz y planteaba :“quieren voltear al Gobierno y que vuelva Cristina”.

Si efectivamente estamos en presencia de un intento de golpe sería conveniente analizar sus características para prevenirlo… ¿No?

Los golpes de nuevo tipos son también conocidos como golpes “suaves” o “blandos”, ya que tiene su origen en los textos del sociólogo estadounidense y colaborador permanente de la CIA ,Gene Sharp, quien describe detalladamente las diferentes etapas para ir camino a el nuevo modo de derrocar gobiernos, en la región y el mundo: ablandamiento, deslegitimación, calentamiento en la calle, diversas formas de lucha y fractura institucional.

Uno de sus elementos significativos es que a diferencia de los golpes clásicos, se busca que no sea con las fuerzas armadas en primer plano, sino por el contrario, con algún agente de la sociedad civil, como pueden ser las ONG (sostenidas ideológica y económicamente por los Estados Unidos) partidos políticos de derecha, medios de comunicación concentrados, monopólicos e integrantes del poder real; cámaras empresariales, entre otros).

En los últimos años, en la región se ha renovado la Doctrina de Seguridad Nacional y se han actualizado los esquemas de contrainsurgencia que operaron a través de una guerra de baja intensidad, con mecanismos destituyentes para erosionar y/o destituir a los gobiernos que expresaban procesos de emancipación social.

Una de las características principales de la reconfiguración se expresó con un cambio de táctica a través de los golpes de Estado de nuevo tipo como el “golpe institucional” a Fernando Lugo en Paraguay (2012) y a Manuel Zelaya en Honduras (2009), más los intentos frustrados, con otras modalidades, en Venezuela (2002) , Bolivia (2008) y Ecuador (2010). A su vez, hubo diversos procesos destituyentes a gobiernos democráticos como las amenazas de los fondos buitres, corridas cambiarias y el loock-out de las patronales agrarias al gobierno de Cristina Kirchner. Del mismo modo, se pueden identificar otros procesos como la guerra económica a Maduro o la reciente arremetida de la coalición golpista brasileña, que a través de un juicio político caricaturesco (impeachment) logró derrocar definitivamente a Dilma Rousself al estilo, y con un esquema similar al de Paraguay.

El avance de los procesos populares en la región supuso una nueva distribución del poder que implicó para la derecha innovar en sus tácticas de confrontación, tejiendo una guerra prolongada de desgaste en la cual, no sólo alcanzaba con la violencia física, sino que la cuestión simbólica se tornaba un factor central.

De a poco se constituyó una nueva derecha con carácter bifacético: por un lado ensayaba distintos modus operandi para destituir y condicionar a los gobiernos populares, mientras que por el otro, construía una plataforma electoral-política aggiornada, apropiándose muchas veces de símbolos y términos progresistas para confundir y posicionarse en mejores condiciones en la disputa institucional.

En este marco no deja de sorprender que los mismos que han sido tolerantes o han colaborados con las desestabilizaciones en otros países, hoy se presenten como víctimas de la misma lógica.

Surgen las sospechas que en la Argentina actual estamos muy lejos de un proceso destituyente pero muy cerca de un proceso constiutyente de una política represiva para controlar el conflicto social y los posibles levantamientos populares que se producen históricamente con los modelos de ajuste y exclusión. Si el Gobierno asume como propia la tarea de ser la polea de transmisión de las necesidades del mercado, entonces se torna vital que la protesta social no se canalice en una fuerza política organizada, y es por ello que estigmatizar a quienes reclaman, desacreditar y judicializar a los líderes populares, distorsionando la memoria colectiva del pasado reciente, es una tarea constante.

Mientras más se ajusta y nivela para bajo, más se promueve la distancia y el enfrentamiento entre las capas medias y los sectores bajos, más se pretende construir un relato donde el cambio signifique un retorno de lo individual por sobre el quehacer colectivo, de lo privado por sobre lo público, y de la despolitización por sobre el debate y el compromiso entre pares.

• Licenciado en Sociología (UBA), docente universitario.

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