Por Pablo Carlos Martínez

Urgencia pública y negocio privado

(Por Pablo Carlos Martínez (*)) La lluvia de dólares fue sólo una promesa y el inicio de las obras públicas prometidas como un alivio para el estancamiento económico, se posterga para un comienzo aún incierto en el 2017. Esperar los fondos del blanqueo impositivo no es una alternativa viable para poner en marcha la inversión y la prometida reactivación, con vistas a un año electoral que está a tiro de piedra, exige algo más que promesas. El gobierno de Mauricio Macri debía jugar una carta fuerte, que ya había preparado desde marzo de este año. Llegó entonces momento de sancionar en el Congreso el régimen de contratación de obras públicas con participación público-privada (PPP), que habilitará a las empresas a proponer proyectos de inversión en infraestructura en sociedad con el Estado.

Desde los noventa los organismos financieros internacionales vienen aconsejando esta forma asociativa que fortalece no solo la ingerencia privada en las políticas públicas, sino muy especialmente la importancia del capital financiero en el diseño de las iniciativas relacionadas con la infraestructura. Ahora con la colaboración del massismo y de una parte de diputados y senadores del mismísimo Frente para la Victoria (FPV), Cambiemos logró colar el ambicionado PPP. Este nuevo frankestein ha cobrado vida y se hace necesario desentrañar como habrá de funcionar.

La primera inquietud que suscita es de nuevo –como ha sucedido con las tarifas del gas y la electricidad- es la dolarización de la obra pública al menos en los términos y magnitudes en que se aplique el PPP. Los contratos con empresas internacionales de la construcción, con los bancos y los fondos de inversión como indispensables articuladores, se referenciarán en dólares añadiendo una nueva restricción a la ya menguada autonomía relativa del Estado argentino. Los inversores querrán llevarse sus ganancias en dólares y fijar los precios de las obras y de los servicios que presten luego de finalizadas las mismas, en esa moneda.

Ya sucedió en los noventa. Las tarifas dolarizadas se hicieron impagables. La saga comenzó con Aguas del Aconquija, proveedora de ese servicio en Tucumán. La mora en el pago de las facturas alcanzó niveles insoportables y se convirtió en un problema político insoluble. En la cercana Bolivia fue peor. El pago del agua potable y de riego fue explosivo y la resistencia no se hizo esperar. Cochabamba lideró la resistencia, y la compleja ingeniería legal y financiera que ordenó el negocio, saltó por los aires. Intervino el ejército y se sumaron los muertos en lo que se calificó periodísticamente como “la guerra del agua”. Con antelación a la crisis argentina del 2001, el presidente de ese país, Gonzalo Sánchez de Losada había sido eyectado del gobierno y se había refugiado en Miami. Bolivia había cambiado, pero no para convertirse en cambiemos. No es aconsejable exagerar, ni hacer comparaciones retorcidas. Pero el peligro está: la dolarización de las tarifas y de los valores de repago de las obras, en un país que tiene la reconocida vulnerabilidad externa de la Argentina, ahora más con la espiralización de la deuda en moneda ajena, es temerario atarse al dólar como valor de referencia ineludible.

Ya sabemos que las empresas hacen exactamente lo contrario. Sus propuestas tienen como espejo siempre presente la rentabilidad de los bonos en moneda dura que emiten los países desarrollados. Así actúan los inversores, y la industria los sigue fielmente. Si después los costos son insoportables para la actividad productiva local y, obviamente, para los ingresos de los asalariados, le tocará al Estado resolver el entuerto.

Pero todo tiene su explicación. Conviene detenerse en las cláusulas de salida de estos contratos. A veces parece que hay más interés en protegerse de conflictos futuros que en asegurar la sustentabilidad de los emprendimientos. Uno se pregunta si en realidad firmaron un contrato o se aseguraron la victoria en un juicio futuro.

Entonces aparece el salvavidas invulnerable. Ante un conflicto con el comitente –el Estado- el PPP aprobado dispone en su artículo25 que ante “el surgimiento de controversias que pudiesen surgir con motivo de la aplicación, ejecución o interpretación de los contratos” se podrá determinar “la posibilidad de mecanismos de avenimiento y/o arbitraje”. Eso sí, para quedarnos tranquilos, “si se opta por la prórroga de jurisdicción” –en lenguaje llano, abandonar toda pretensión de recurrir a la justicia argentina como lo manda el artículo 116 de la Constitución Nacional- se requerirá “la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional y comunicarlo al Congreso”.

El tan conocido CIADI (tribunal internacional de arbitraje organizado en el marco del Banco Mundial) o el Tribunal de Comercio de París, se encargarán de resolver las controversias. Este arbitraje ha sido costosísimo para la Argentina, pues casi siempre los fallos han sido adversos, plagados de arbitrariedades, apelando a procedimientos oscuros e improvisados, con recurrente olvido del derecho vigente. La magnitud de los conflictos y el monto de los reclamos acumulados fueron calificados como una segunda deuda externa y en realidad lo fueron. La República Argentina firmó en su momento –los noventa- más de cincuenta tratados de protección de inversiones, con las grandes potencias y hasta con países de muy menor influencia en la escena internacional. Ello le dio protección a esa claudicación nacional que, incluso en el caso que nuestro país denunciara esos tratados, tendrá plena vigencia por una década más, debido a la “ultraactividad” que se estableció en los tratados.

El escenario se completa con los avales que seguramente dará el estado a los préstamos que soliciten las empresas en el exterior, pues los bancos o fondos de inversión que financien a los constructores siempre se asegurarán que alguien con espalda, y el Estado Nación siempre lo es, asuma la responsabilidad del pago de la deuda. Es decir que los negocios privados se hacen con respaldo público y siempre los resultados se trasladan a la ciudadanía toda.

(*) Periodista. Colaborador de Motor Económico

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