ABOGADO DENUNCIA A LA JUEZA JULIA MARQUEZ POR INTIMIDACION PUBLICA

José Luis España, Presidente del Foro Nacional de Abogados Penalistas, denunció a la Jueza Marquez por “difundir datos falsos y/o a tergiversar u ocultar los verdaderos, con el fin de generar en la sociedad en su conjunto alarma y preocupación”

Sostengo que la denunciada mediante sus afirmaciones en distintos medios de comunicación, al parcializar los datos afirmando entre otras cosas que “…desde la pandemia liberaron a 176 personas acusadas de delitos de abuso sexual…”, sin aclarar que no todos ellos se debieron por el riesgo de COVID-19, buscaba solapadamente confundir a los eventuales informados y con ello infundir temor.

La metodología de la denunciada ha sido similar, dar cifras que confunden a los potenciales destinatarios de las noticias, sin ningún apoyo documental, y en muchos casos con meras especulaciones tendenciosas, como cuando se afirma: “…que con la excusa de evitar el contagio por coronavirus permitieron la salida de unos 176 violadores y abusadores…Muchos de los detenidos que están en prisión tienen más de 60 años y posiblemente sus causas son abuso sexual con características intrafamiliar. Es muy raro que haya una persona de esa edad y cometa un robo: generalmente son abusos, explicó…”.

El reproche es mayor si tenemos en cuenta la alarma social que generan los altos índices de inseguridad en el territorio nacional, y en momentos como los actuales donde la sensibilidad social frente a estas noticias alarmistas penetran fuertemente debido a las condiciones de aislamiento social y masivo consumo de noticias, de las que se hacen eco los grandes medios de comunicación replicando la alarma.

Lo mismo ocurre para con las víctimas de los delitos cometidos por quienes hoy se encuentran encerrados, y los efectos psicológicos que trascienden el marco de la ciudadanía general y despiertan situaciones de angustia innecesarias particulares a quienes sufrieron los ilícitos y sus familiares.

También debe ponderarse la afectación institucional que la conducta desplegada genera, con el consiguiente descrédito del mismo poder del estado que la denunciada integra.

En definitiva, al tratarse de una funcionaria pública debió tener una mayor responsabilidad, de la que evidentemente se desentendió a los efectos de lograr el resultado esperado con su conducta, QUE NO ES OTRA QUE GENERAR ALARMA SOCIAL E INTIMIDAR PUBLICAMENTE.

Dr. JOSÉ LUIS ESPAÑA, Presidente del Foro Nacional de Abogados Penalistas

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