Propuestas para el país que viene

Las condiciones para la educación pública argentina del porvenir

(Por Miguel Duhalde() Especial para Motor de Ideas 11) Un diagnóstico acerca de la situación que atraviesa la Educación Pública tras cuatro años de neoliberlismo: el derecho a la educación ha sido sistemáticamente vulnerado, con énfasis para aquellos sectores más golpeados por las políticas del actual gobierno. Los desafíos y demandas necesarios para que el Estado vuelva a ser el principal responsable y garante del derecho social a la educación.

Desde mucho antes de la elecciones PASO de agosto del corriente año, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ya venía realizado una serie de análisis y reflexiones sobre las condiciones (simbólicas y objetivas) de la educación argentina teniendo en cuenta lo acontecido durante los casi cuatro años de gobierno macrista y las perspectivas a futuro.

La referencia a las “condiciones” está hecha en dos sentidos: por un lado, respecto a las características propias y definitorias de la situación de la educación transcurridos más de tres años de políticas de ajuste y profundización de las privatización del sistema; y, por otro, con relación a las disposiciones, requerimientos o puntos a la hora de establecer acuerdos para pensar un nuevo proyecto educativo en otro escenario político a partir de diciembre de 2019.

Tras conocer los resultados de las PASO que dejaron al descubierto la inminente derrota del proyecto conservador y neoliberal, se comenzaron a articular los espacios para que estos análisis y reflexiones que veníamos haciendo desde nuestro sector se conviertan rápidamente en propuestas concretas para ser consideradas por la nueva fuerza política que muy probablemente gobernará cuando Mauricio Macri finalice su mandato en este año.

Respecto de la situación actual, nos encontramos que los casi cuatro años de macrismo y de restauración conservadora dejan, entre otras, una gran deuda social y educativa. En estos años se ha vulnerado sistemáticamente el derecho a la educación, especialmente, para los sectores de la ciudadanía más excluidos y desamparados.

Entre las principales medidas del desastre educativo podemos mencionar:apertura indiscriminada para la participación empresarial en la definición de las políticas públicas; ajuste del presupuesto para educación, subejecución y desfinanciamiento;clausura unilateral de la Paritaria Nacional Docente; reducción del poder adquisitivo del salario docente; desmantelamiento de los programas socioeducativos de inclusión; cierre de instituciones educativas y desestructuración de la formación docente; ataque y denostación del trabajo docente, persecución a dirigentes gremiales, represión a la protesta pública; incumplimiento de las metas de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de las escuelas; neocolonización del currículum y vaciamiento de contenidos críticos, entre otras cosas.

       En el transcurso de estos años se profundizó la privatizaron y mercantilizaron de la educa ción, y se avanzó en la contratación de fundaciones, ONGs y empresas privadas para prestar servicios que en otros gobiernos estaban brindados por el Estado. En este sentido, también se produjo un desplazamiento de las universidades públicas y de los sindicatos docentes como interlocutores de la política pública, privilegiando a las fundaciones y ONGs privadas dedicadas al “negocio” de la educación.

Frente a este panorama, la CTERA se planteó siempre el desafío de accionar en la construcción de un proyecto educativo alternativo, que parta por reconstituir y resignificar los logros de las últimas décadas y bregar por contar con políticas públicas populares de inclusión y ampliación de derechos. Un proyecto que se nutra de las contribuciones de las teorías críticas y de las perspectivas descolonizadoras del poder y del saber, reivindicando a la educación como praxis para la emancipación de los pueblos y concibiéndola como un derecho social y humano.

Frente a las políticas de la restauración conservadora que se han sostenido en el sistemático incumplimiento y en la vulneración de las leyes educativas conquistadas por la lucha docente en las últimas décadas, el gran desafío es conseguir que el Estado vuelva a ser el principal responsable y garante del derecho social a la educación. Un Estado con la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, obligatoria, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades. Más una nueva Ley de Financiamiento que lleve el presupuesto educativo al 10% del PBI y un marco jurídico que garantice el funcionamiento efectivo de la Paritaria Nacional Docente.

Para ese nuevo contexto, desde CTERA se presentan una serie de demandas concretas que, en su conjunto, son necesarias para comenzar a garantizar el derecho a la educación en la Argentina del porvenir. Entre ellas:

 Construir un Proyecto Educativo a escala nacional, con saberes, conocimientos y contenidos para la soberanía pedagógica y para una educación emancipadora.Que garantice la Universalización de la educación desde los 45 días hasta el Nivel Superior. Y una Educación común para todos/as, que a su vez aloje las diferencias y necesidades propias de las diversas modalidades y contextos.

 Contar con Escuelas seguras, donde niños, niñas, jóvenes y adultos sientan deseos de concurrir y posibilidades reales de asistencia a los establecimientos.

 Ofrecer vacantes suficientes a la población en todos los niveles del sistema educativo y en todas escuelas públicas del territorio nacional.

 Ampliar la cantidad de Escuelas con jornadas completas y extendidas para contar con horarios escolares y espacios de aprendizaje para una mejor organización institucional, que favorezca la articulación familia-escuela.

 Reconocer el Trabajo Docente en todo su valor, responsabilidad, profesionalidad y complejidad. Un trabajo docente con salarios dignos y con disponibilidad de recursos materiales y tecnológicos para la tarea de enseñar.

 Crear cargosdocentes suficientes y garantizar estabilidad laboral, reestructurar la composición de los puestos de trabajo para que estén garantizadas y reconocidas las prácticas áulicas y las acciones de formación, investigación, gestión colectiva, contando con jornadas institucionales para democratizar la educación.

 Garantizar programas de Formación permanente gratuita, en ejercicio y de calidad para docentes de todo el sistema.

 Definir Sistemas de evaluación que contribuyan al mejoramiento de la enseñanza y no se reduzcan a una simple medición de control del rendimiento y desempeño de los sujetos pedagógicos.

Lo aquí planteado exige la resignificación y rearticulación de nuestro Sistema Educativo como una política nacional y la definición de un conjunto de políticas económicas y sociales que acompañen el proceso educativo, fortaleciendo las condiciones de inclusión y ampliación de derechos para la ciudadanía en su conjunto y, especialmente, para los sectores más afectados por las políticas neoliberales aplicadas en los últimos años

(*)Secretario de Educación de la CTERA.

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