Política nacional

Debates y reflexiones

Los pibes para la liberación

El desafío de un movimiento popular, en un mundo tensado hasta el extremo por la mezquindad de los grandes grupos financieros y corporativos, que además tiene al discurso neoliberal como ariete de penetración en la conciencia de las masas, es integrar a las nuevas generaciones a la política y a estructuras transformadoras de las formas de producción de bienes y servicios.

Una sociedad más justa no es solo discurso y derechos volcados al papel, sino esencialmente esos derechos traducidos en modificaciones prácticas y bien concretas, de la forma en que se atienden las necesidades básicas de la comunidad, en que se distribuyen los resultados positivos, en que se cuida a quienes más lo necesitan.

La ya famosa y conmovedora consigna que convocó a los jóvenes a la política es de tremendo valor, pero en tanto y en cuenta se advierta que debe ser la punta del iceberg. Detrás de ella deben sumarse muchos más jóvenes al trabajo en decenas de facetas nuevas, que modifiquen cada uno de los aspectos dañinos de las relaciones económicas y sociales de este país.

Si eso no sucediera, el tiempo demostrará que se ha puesto el foco en algunas decenas de miles de “jóvenes viejos” que reemplazan la anterior generación política solo en términos biológicos, pasando a conducir las mismas estructuras que nos agobiaron por décadas y que de tal modo lo seguirán haciendo.

Vale la pena insistir en una idea simple.

No es renovación lo que se necesita, es transformación.

El desafío en el plano laboral es bien complejo. Si se aumenta el número de policías, con los protocolos tradicionales, por ejemplo, se está agregando jóvenes a un sistema pensado para reprimir el desorden social, más que para evitarlo.

Si se advierte el problema, como ha ocurrido más de una vez desde 1973, y se incorpora materias a la formación policial en un sentido nuevo, éstas normalmente son devoradas por la inercia de una máquina que va en otra dirección.

Si como tercer camino, se formara jóvenes para administrar los conflictos sociales, sin vocación ni posibilidad de usar la fuerza, por fuera del corsé policial, ¿dónde trabajarían? ¿Quién los llamaría y contrataría? ¿Para hacer qué? ¿Podrían desempeñarse fuera del Estado, como consultores o docentes?

Son preguntas que no tienen contestación aún, porque no se ha decidido avanzar en esa formación, salvo en facetas asistenciales del trabajo social, que no cuestionan la estructura, sino que contienen a los derrotados.

Otro escenario paradigmático es el de la economía social y solidaria.(ESyS)

Hay decenas de universidades que ofrecen tecnicaturas y cursos de especialización en el tema. Se trata de un espacio de trabajo que, con justicia, se ha idealizado como un mundo distinto, donde las decisiones no residen en el dueño del capital; los frutos se distribuyen con ecuanimidad; el objeto central del emprendimiento es atender necesidades comunitarias o ambientales.

Es cierto. Absolutamente cierto. Sin embargo, aparece la pregunta: ¿ese espacio existe? ¿O deseamos que exista?

¿Cuáles son las fuerzas políticas y sociales que están construyendo los caminos prácticos para implementar y apuntalar esos proyectos, para que los jóvenes egresados del sistema educativo puedan volcar allí sus saberes?

Tenemos espacios institucionales para inscribir cooperativas o mutuales y para controlarlas, como el INAES.

Tenemos áreas del Ministerio de Desarrollo Social que otorgan subsidios de diversa magnitud a cooperativas, a empresas recuperadas, a emprendedores de base social.

Pero no existe un ámbito de Gobierno que construya e implemente una doctrina estratégica de la ESyS, con la correlativa identificación física del sector y del lugar que en su evolución deben ocupar los técnicos que las Universidades puedan preparar.

¿Cómo no desalentarse frente a una concepción ofertista, donde se califica jóvenes para tareas que luego nadie demanda?

Hasta en los sectores excluidos del capitalismo concentrado se advierte que algo no anda bien con el trabajo.

Es clara la vocación y capacidad de agrupamiento de esos compatriotas para conseguir una visibilidad política y su correspondiente representación en la distribución del poder. Esa vocación se mostró, se consolidó y se ejerce, con éxito.

Sin embargo, en el mundo del trabajo, no se incorpora a los jóvenes para diseñar los senderos que lleven a una mejor calidad de vida.

Se reemplaza los jardines maternales por centros de cuidado improvisados.

Se cuida la salud de los cartoneros, pero se mantiene su relación de dependencia con quienes compran su material recuperado en condiciones de trabajo insalubre, sin que aparezcan ámbitos de formación para que se cuente con técnic@s que organicen sistemas de reciclado dignos.

Se defiende la agricultura familiar pero el Estado sigue ignorándola en sus compras y no hay técnicos egresados de escuelas agrícolas que se apliquen a estudiar las soluciones técnicas de todo tipo, que están pendientes.

La lista podría seguir en cada faceta del trabajo popular.

Como colofón, la representación política de los excluidos no comprende este problema, no está por lo tanto en condiciones de encararlo y su trabajo se descoloca, buscando acumular fuerza política en el mismo sistema que los excluye o sumerge.

Es un orgullo que el sistema político de acceso a legislador@s de 20 años a un cargo legislativo o aún ejecutivo. Pero si eso no sirve para que miles y miles de otros jóvenes se integren a un trabajo digno, conducidos en el territorio por aquellos otros jóvenes que se han preparado para eso, no solo se frustra el intento de liberación proclamado, sino que además la carrera política se convierte en un modelo aspiracional de única salida, lo cual ni es deseable, ni virtuoso.

Ing. Enrique M. Martínez

IPP – 12.11.2020

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