Entrevista exclusiva de Motor a Alberto Nallar / Por Estefanía Cendón

“Nadie sale sano de un ataque penal promovido por Morales”

(Por Estefanía Cendón) El abogado Alberto Nallar dialogó en forma exclusiva con Motor Económico en calidad de defensor de los tres miembros del Tribunal de Cuentas de Jujuy contra los que se inició un juicio político. A través de su testimonio pone de relieve la conexión con la Megacausa contra Milagro Sala y el estado actual de la Justicia en la provincia de Jujuy: una estructura legal que protege al gobernador Morales ante cualquier denuncia.

Motor Económico: En Jujuy se ha iniciado un juicio político a tres miembros del Tribunal de Cuentas de dicha provincia: la presidenta, Nora Millone, y los vocales Mariana Bernal y René Barrionuevo. ¿Cuál es el motivo por el que se inician estas acciones?

Alberto Nallar: El juicio político es sobre tres miembros, sobre un total de cinco, del Tribunal de Cuentas. El origen de este juicio es una denuncia de Luciana Velázquez, denuncia que proviene de la Megacausa, la causa penal contra Milagro Sala y sus cooperativistas por el supuesto fraude al Estado producido por lo que, se estima, fue la desviación de $1.300.000.000.000. La cifra es el equivalente a 1.800 viviendas que no se habrían ejecutado. Ésta es una causa en trámite aún, que hace tres años y 10 meses no ha podido concluir en una imputación concreta. La inversión de los fondos provenientes del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria de la Nación se encuentra ampliamente documentada y también la ejecución, o no, de las viviendas a las cuales estaban destinados esos fondos. Esto da la pauta de que no existen pruebas contundentes, de carácter documental, que justifiquen esta causa. Luciana Velázquez es quien promueve las denuncias que dieron origen al juicio político hacia el Tribunal de Cuentas de Jujuy refiriéndose a datos que habría obtenido, supuestamente, en la Megacausa (causa de 16.000 fojas). Velázquez sostiene que el Tribunal de Cuentas habría omitido los controles propios y, a raíz de esto, habilitó a Milagro Sala y los cooperativistas a que cometieran este fraude.

ME: La conexión con la Megacausa de Milagro Sola sería, entonces, que Luciana Velázquez habría obtenido información de esta causa para justificar el juicio político al actual Tribunal de Cuentas de Jujuy. ¿Es correcto?

AN: Sí. Es importante destacar que Luciana Velázquez no tiene nada que ver con la Megacausa ni como imputada, ni como testigo, ni como parte. Lo que ella supuestamente redacta no le pertenece, el pulso de la escritura es del ministro Público de la Acusación Lello Sánchez, quien es una persona muy cuestionada en Jujuy. Sánchez fue utilizado por el gobernador Morales, apenas asumió su gobierno, para usurpar las funciones del Fiscal General del Superior Tribunal de Justicia Alejandro Ficoseco, quien hoy también se encuentra sometido a juicio político.

ME: Usted habló de una estructura legal que habilitaría la protección a Morales ante cualquier tipo de denuncia. ¿Puede describir cómo está compuesta esa estructura?

AN: En el año 2015se apropiaron del Supremo Tribunal de Justicia mediante la ampliación de cinco a nueve miembros. De esta forma colocaron a cuatro miembros, dos de los cuales fueron levantados de la Legislatura para poder asumir, y con esto se obtuvo la mayoría absoluta en el Tribunal Superior de Justicia. Ésta mayoría absoluta no sólo resuelve a favor las cuestiones en las que pudiera estar vinculado Morales, hablamos de una estructura que ejerce el poder disciplinario sobre jueces y funcionarios. Además,mediante una ley absolutamente inconstitucional, fue creado el Ministerio Público de la Acusaciónpara reemplazar en sus funciones al Fiscal General del Superior Tribunal. Es así como se arrebatan las competencias del Fiscal General y el gobernador Morales queda con el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público de la acusación a su favor. A lo dicho se suman dos nuevas creaciones: un Juzgado especial en lo penal para delitos económicos y delitos contra la administración pública, lo cual significa que cualquier denuncia en contra de Morales o su gobierno debe pasar por este nuevo juzgado; y una Cámara de Casación Penal. Ésta última sería el filtro para cualquier desvío de algún juez inferior que pudiera llegar a resolverle en forma desfavorable. Esto nos ayuda a visibilizar que en los primeros siete días de gobierno Morales creó una artillería penal monumental. Nadie sale sano de un ataque penal promovido por Morales, el gobernador se encuentra blindado ante cualquier denuncia por corrupción. Además, se creó una Oficina Anticorrupción que es el filtro administrativo de cualquier denuncia en contra de Morales.

ME: ¿De qué manera se avanzó hacia el juicio político al Tribunal de Cuentas de Jujuy?

AN: El Tribunal de Cuentas es un organismo autónomo creado por la Constitución de la Provincia que tiene como fundamento el control de los ingresos y gastos del Estado. Hay dos formas de llevar adelante este control. Uno es el control preventivo de los gastos y contrataciones que realiza el Poder Ejecutivo. El Gobierno de la Provincia, pero no los municipios, antes de realizar un gasto debe someterlo al control del Tribunal de Cuentas. Hasta el día de hoy esta función la cumplía la Sala 2 del Tribunal de Cuentas. El Tribunal, a su vez, está compuesto por 5 miembros: la presidenta y dos vocales por cada sala (dos vocales en la Sala 1 y dos vocales en la Sala 2). A la Sala 2 le corresponde el control preventivo de todos los gastos que lleva a cabo el Gobierno de la Provincia, mientras la Sala 1 lleva adelante el control de las rendiciones de cuentas que presentan las municipalidades. Estas funciones cada dos, o a lo sumo tres años, rotan: quien controlaba al Gobierno de la Provincia pasa a controlar las municipalidades y viceversa. A fines de este año se tendría que producir la rotación. Hasta la actualidad, la sala a cargo controlar los gastos de Morales estaba integrada por militantes activos del partido del gobernador. Los restantes vocales son personas que trabajan bajo el más estricto orden técnico. Teniendo en consideración que se han llevado adelante operaciones absolutamente irregulares, el gobernador Morales, dos meses antes de finalizar el año, decidió decapitar al Tribunal de Cuentas. De esta forma busca sacarse de encima a las tres personas que no maneja y colocar cinco miembros de su absoluta confianza. El gobernador, a través de esta jugada, busca desactivar los controles a las cuentas públicas, en especial a los desórdenes que cometió en el ejercicio de su función.

ME: ¿En qué condiciones llevó adelante Luciana Velázquez la denuncia sobre los miembros del Tribunal de Cuentas?

AN: Luciana Velázquez debió haber formulado la denuncia bajo lo que se denomina Patrocinio Letrado: la firma del abogado que convalida el análisis jurídico que se lleva a cabo en la denuncia. Todo denuncia por escrito debe llevar la firma del abogado que asesoró, patrocinó. Esta denuncia no tiene patrocinio, lo que implica que el abogado que la escribió tiró la piedra y escondió la mano. La envió sola a tener que arriesgarse, lo que ya es un hecho, de ser responsable por una falsa denuncia, lo que constituye un delito penal.

ME: ¿En qué consiste esta denuncia?

AN: La denuncia de Velázquez establece que el Tribunal de Cuentas de Jujuy omitió llevar a cabo los controles que la ley le impone sobre aquellas inversiones de fondos provenientes del Estado Nacional para la construcción de viviendas. Velázquez hace una transcripción de algunos párrafos de la Megacausa y funda toda su denuncia en constancias de la mismaMegacausa. Por este motivo, estoy seguro de que quien redactó la denuncia fue Lello Sánchez ya que nadie, que no hubiese tenido activa intervención en la Megacausa, podría haber buceado en esos datos. En la denuncia se infiere que si esa obra que se pagó y no se ejecutó hubiese sido debidamente controlada por el Tribunal de Cuentas, eso no hubiese sucedido.

ME: ¿Esto es previo a la gestión de Morales?

AN: Sí, hace referencia a los fondos girados por Nación en 2013, 2014 y 2015. La denuncia es falsa porque esos fondos venían girados a favor de los municipios que eran los que seleccionaban las cooperativasy llevaban adelante las obras. Los municipios presentan en octubre del año siguiente su rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas (por ejemplo, la de 2013 se presenta en octubre de 2014). El Tribunal de Cuentas tiene seis meses para auditar y ver si los gastos están bien o mal realizados. Este Tribunal no tiene organismos técnicos para verificar si las obras que se pagaron se ejecutaron o no, es sólo un control de ingresos y egresos.

ME:¿Cuándo comienza a ver irregularidades en este pedido de juicio político?

AN: Las irregularidades comienzan con la designación de los miembros que integran la Sala Acusadora y la Sala Juzgadora. Jujuy tiene un única Cámara, esa cámara está integrada por 48 miembros: 24 miembros de la Sala Acusadora y 24 miembros de la Sala Juzgadora. La Constitución establece que los 24 miembros deben ser designados en la primera sesión ordinaria de cada año, 1 de abril, por sorteo. En septiembre de 2018 el presidente de la Legislatura, el vicegobernador, sacó una resolución designando a los miembros por imposición. Es ilícito lo que hizo el vicegobernador. La Sala Acusadora está mal conformada, no existe, no ha sido designada en forma legal. Además, la Constitución establece que en el momento que se designa la Sala Acusadora se debe convocar y designar a la Comisión Investigadora compuesta por cinco miembros y un presidente. Jamás se constituyó esta Comisión Investigadora hasta que el 4 se septiembre de este año, sin una convocatoria formal, se reunieron para designarla. Al ver el acta, me doy cuenta de que están nominados 13, pero sólo firman nueve legisladores. De esta forma el acta pierde validez: no se puede sesionar con menos de la mitad de los miembros(la Sala Acusadora tiene 24 integrantes). Por lo tanto, la Comisión Investigadora que designaron el 4 de septiembre no existe, tampoco designaron presidente, ni secretaria. Sumado a lo antedicho, parece que tuviesen facultades premonitorias ya que el día 4 de septiembre se reunieron para designar a la Comisión Investigadora y el día 5 de septiembre entró la denuncia.

ME: ¿Conformaron la Comisión Investigadora antes de que se inicie el juicio político?

AN: Un par de horas antes. La Comisión Investigadora está designada por nueve legisladores que no tienen la mayoría necesaria para sesionar a esos efectos. Tendrían que haber sido 13, como dice el acta, pero firmaron nueve. Al ser ilegibles las firmas no se sabe quiénes concurrieron. Tampoco tiene presidente, ni secretaria esta Comisión. La Comisión Investigadora debió estar legalmente constituida en la primera sesión ordinaria que se llevó a cabo en abril de 2019, no un minuto antes de que ingresara la denuncia Al día siguiente de efectuada la denuncia, el gobernador Morales sentenció desde la sede del obispado que los miembros del Tribunal de Cuentas eran los autores de la matriz de corrupción que dio lugar al desvío de fondos. Si el gobernador sentencia de esta manera anticipada, y los legisladores que le obedecen operaron de la forma que mencioné, la suerte de los tres miembros del Tribunal de Cuentas está echada.

ME: ¿Cómo fue el encuentro del viernes 27 de septiembre entre el gobernador Morales y los fiscales generales tras el cual circuló un video que tuvo amplia difusión?

AN: Los fiscales generales nacionales solicitaron una audiencia al gobernador Morales y éste los citó a las 7, en un lugar distante del centro de la ciudad. Los fiscales sufrieron el maltrato que se ve en el video. El video se editó y se exaltaron aquellas partes en donde Morales los trapeó como perros. Esto es un exponente del modo en que opera el gobernador de Jujuy sobre todos los estamentos institucionales en la provincia. Una exhibición obscena de autoritarismo de su parte.

ME: ¿En qué situación quedaron las matrículas de las cooperativas que pertenecían a Milagro Sala?

AN: Al asumir Morales sacó un decreto donde emplazó a los cooperativistas a regularizar su situación institucional bajo apercibimiento de quitarles la matrícula. Hay un tema a destacar: la matrícula es otorgada por el Instituto Nacional de Asociativismo Social que es un organismo nacional. Con esta falacia comenzó a amenazar públicamente a las cooperativas con que les iba a quitar los subsidios, la construcción de viviendas y que los iba a dejar en la calle. En base a estas amenazas extorsivas las cooperativas comenzaron a someterse al poder de Morales. Eran conscientes de que si continuaban con Milagro no iban a lograr una sola obra más. Quedaron así siete u ocho cooperativas en la plaza y las restantes 500 se fueron. Este fue el nivel de presión que ejerció Morales. Se inventó toda una parodia que jamás se comprobó. Las extorsiones dieron su resultado y muchos se dieron vuelta: lograron que nueve cooperativistas, que habían sido manos derechas de Milagro Sala, sean quienes la denunciaron penalmente. Esto llegó al extremo de que la cooperativista y legisladora Mabel Balconte, a quien amenazaron con meter presos a sus dos hijos, salió públicamente con la historia de los bolsos de dinero que se trasladaban a Buenos Aires para entregárselos al “principito”.

ME: ¿Se puede encuadrar la situación que atraviesa la provincia de Jujuy en un esquema de guerra jurídica, persecución, lo que se conoce comoLawfare?

AN: Esto no tiene nada de jurídico, excede lo jurídico. Parece un ataque de barrabravas, una guerra de patoteros. Lo más grave es que muchos de los que participan en esta organización ilícita son reconocidos abogados del medio.

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