Por Marcos Doño/ Propuestas
TRANSPARENCIA DEMOCRÁTICA: nuevas formas de participación ciudadana.
( Por Marcos Doño ) Como sistema de gobierno, la democracia ha ido derivando en una estructura cada vez más compleja y sujeta a las presiones de los distintos poderes reales que conforman una sociedad. Hablamos sobre todo del poder económico concentrado que, en mayor o menor medida y según la permeabilidad de un gobierno a las presiones, termina trastocando las estructuras jurídicas, sociales y políticas hasta conformarse en un entramado cultural profundo que determina los hábitos y las formas de una sociedad como de los representantes que han sido elegidos para gobernar.
La democracia, ya sea la que se ejerce en una república como en una monarquía constitucional parlamentaria, por dar dos ejemplos típicos de los siglos XX y lo que va del XXI, ha sido inficionada de manera directa por ese poder económico que, dadas sus características funcionales, se fue transformando de hecho en una forma de gobierno paralelo. Este poder real, casi siempre contrapuesto al poder de gobierno o estatal, se ha beneficiado en gran medida de la permeabilidad de algunas de las estructuras periféricas como los son el poder judicial y la prensa corporativa, sobre las que se asienta.
A partir de finales de la década de 1980, el poder real se fue transformando en un sistema de control y presión por excelencia, al punto de determinar gran parte de las maniobras de un Estado e incidiendo de manera directa en sus decisiones. Eficiencia que no se debe sólo a la capacidad económica sino al aprovechamiento de los artilugios matemáticos y materiales que le ofrece la tecnología informática, lo que le ha permitido desplazarse de manera ubicua y oculta, como nunca antes en la historia.
En esta realidad, los ciudadanos de a pie tenemos cada vez menos recursos de control del sistema así como de nuestros representantes, de tal manera que se nos hace difícil concluir que estamos viviendo bajo una democracia representativa. Digamos entonces que entre las causas principales que acotan el margen de maniobra de un gobierno para aplicar políticas beneficiosas para las mayorías, está la opacidad con que suelen manejarse las democracias, sobre todo en su puja de poder con el capital concentrado, aun a pesar de que las intenciones de la administración de turno sean loables y sinceras.
Se nos impone algunas preguntas: ¿Qué se discute en una reunión de gabinete o entre el gobierno, los sindicatos o los empresarios? ¿De qué se ha hablado en realidad, cuando sólo y siempre tendremos la versión indirecta e intencionada, para bien o para mal, de los actores de la reunión? ¿Qué es lo que los ciudadanos tenemos vedado saber o comprender? ¿En un sistema en el que las decisiones políticas se discuten y se toman casi siempre a espaldas de las mayorías, cuál es la garantía que tenemos de enterarnos del verdadero sentido?
Una democracia directa, algo imposible o difícil de practicar en sociedades masivas como la nuestra o cualquier otro mega conglomerado urbano, tiene, en los pocos lugares donde aún es viable, el beneficio de que la participación directa de los interesados anula o reduce sustancialmente la reinterpretación maliciosa o falaz del contenido. Y si, como se sabe, todo lenguaje es en sí mismo un sistema fallido de comunicación, la falla de base se vuelve necesariamente más perniciosa y maniquea cuando el intercambio sucede entre partes cuya versión siempre estará sesgada por los intereses en pugna. De tal manera que los terceros, la ciudadanía, nos volvemos los convidados de piedra, sujetos a un predicado ajeno e imposible de descifrar, al menos en su versión original.
¿Un sistema democrático no debería entonces contemplar nuevas formas de autocontrol y transparencia? ¿Por qué no beneficiarnos de la misma tecnología con la que se robustecen los poderes discrecionales? Una forma de hacerlo, de acercarnos al beneficio de las democracias directas, sería implementar transmisiones en vivo y en directo de todas las reuniones de gabinete y las que un gobierno mantenga con los sindicatos, los empresarios o las distintas organizaciones civiles en cuestión. Sólo ameritaría no hacerlo cuando se trate de temas de seguridad nacional.
Con esto se evitarían gran parte de las fakenews como de los dimes y diretes basados en ficciones y rumores infundados. La falacia estaría por una vez en jaque, además de que cada reunión se volvería, en sí misma, en una declaración jurada de las partes y los individuos participantes.
El único argumento para impedir la implementación de una mecánica de estas características no estaría fundado en nada beneficioso, sino en el afán por mantener a las mayorías alejadas de la verdad como también de la posibilidad de sacar su propio juicio.
De lo que no hay dudas es que de implementarse este sistema, los grandes ganadores seríamos nosotros, mientras que entre los perdedores estarían las corporaciones de prensa, el lobby empresarial y los Estados paralelos.
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