Política nacional

Pitu Salvatierra, Nahuel Sosa y Veronica Andreani en el coloquio de IDEA

Un panel para conversar sobre la pobreza

( Florencia Barragán ) La pobreza fue uno de los temas abordados en el Coloquio de IDEA, el encuentro anual que organiza todos los años el establishment, en un contexto donde el 40 por ciento de la población, se encuentra bajo la línea de pobreza. Una de las soluciones sería avanzar en un acuerdo social entre el empresariado, la economía popular y el Estado, como podría ser el Consejo Económico y Social. Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron Alejandro “Pitu” Salvatierra, integrante del Instituto Villero de Formación, Nahuel Sosa, intelectual de Agenda Argentina y Verónica Andreani, empresaria del directorio de IDEA, en uno de los paneles de este jueves por la mañana, llamado “La agenda para una argentina con medio país en la pobreza”. Donde no hay consenso es en el llamado aporte extraordinario.

Pandemia

“La pobreza no es algo nuevo, estamos hace años sin poder resolver este problema, y la pandemia lo agudizó”, contó Salvatierra, quien vive en Ciudad Oculta, y reveló que en el barrio en los comedores se asistía a 400 personas y ahora a 780. “Estos nuevos comensales nunca habían necesitado de un comedor para subsistir, se acercaban con vergüenza de ponerse en la fila”, contó.

Por su parte, Sosa aseguró que la pandemia “desnudó” las desigualdades y sumó otro costado negativo. “Estas catástrofes suelen ser fierra fértil para la estigmatización. El pobre tiene la culpa de su situación, se divide a las personas entre los que trabajan y los parásitos, el otro no es igual, es vago, es choriplanero, es cabeza, o una cantidad de estereotipos”, explicó Sosa, quien es abogado y sociólogo.

En diálogo con PáginaI12, Sosa afirmó que estas agresiones se tratan de discursos de odio, que a nivel global vienen de los partidos de derecha. "En nuestro país provienen de un sector de la oposición, del ala más dura de Cambiemos, y de parte del establishment, que alimenta ese discurso", explicó el intelectual, cercano al Frente de Todos.

Acuerdo social

Así, la pandemia, con su crisis económica y sus discursos de odio, llevó a “revictimizar a la víctima”, en este caso, la población en situación de pobreza. Para Sosa, esto condujo a un “debilitamiento del lazo social” y pidió que se renueve la idea del “acuerdo social” y de los consensos entre el empresariado, el Estado y la economía popular, entendida como los 4 millones de trabajadores que están excluidos del mercado formal de trabajo, y se desempeñan en changas, agricultura familiar, venta ambulante o reciclaje.

Según su mirada, una forma de tender esos puentes es a través del diálogo institucional entre cámaras empresarias, como puede ser IDEA, con organismos como la Unión te Trabajadores de la Economía Popular (Utep), brindado asesoría y capacitación. En la misma línea opinó Salvatierra, quien pidió "tender puentes". En este sentido, le solicitó a los empresarios que los ayuden a detectar oportunidades para emprender en los barrios, y poder ser proveedores de las compañías. “Quisiéramos vender directo, sin intermediarios que encarecen los productos”, afirmó. También dijo que habría que trabajar en las cadenas de pago de las empresas, que suelen ser largas, mientras que los sectores populares “necesitan liquidez”.

Para llegar a un vínculo entre el sector privado y la economía popular, Verónica Andreani de IDEA afirmó: “Nos tenemos que sacar los prejuicios, generar encuentros y confianza. Las empresas no podemos mirar desde afuera”. Agregó que el empresariado tiene una “enorme responsabilidad” en disminuir los niveles de pobreza, y dijo que cuenta con la capacidad para invertir, generar empleo y capacitación. Destacó el rol de la iniciativa Seamos Uno, en donde entre las empresas, los sindicatos y el Estado se entregaron más de un millón de cajas con alimentos en barrios vulnerables.

Impuesto a la riqueza

Salvatierra y Sosa coincidieron en la necesidad de la intervención del Estado para facilitar los puentes entre la economía popular y el sector privado. Por el contrario, en los comentarios públicos con los que cuenta el muro de la plataforma virtual, los ejecutivos comentaron que el Estado se necesita para “adecuar las normas impositivas y laborales”, según escribió Miguel Blanco de Swiss Medical. “Es difícil la integración si no se puede blanquear, y el costo hoy es alto”, escribió el asesor legal Alberto Teinaillon.

Salvatierra y Sosa se mostraron a favor del llamado aporte extraordinario. “Soy parte de la sociedad que sería beneficiado, no puedo estar más que a favor”, opinó Salvatierra. “Este aporte debería ser parte de una agenda activa del empresariado, si la salida del Covid es mayor concentración, va a haber estallidos sociales y estos sectores también se van a perjudicar”, agregó Sosa. Por el contrario, empresarios consultados por PáginaI12 manifestaron en off the record que están en contra. “Debería ser parte de un plan, que incluya también un debate sobre el gasto público y los gestos”, manifestó un ejecutivo del sector petrolero. Otro ejecutivo aseguró que está “mal concebido” porque grava a empresarios pymes, que en los casos donde tienen sus bienes en el exterior, este año pagarán 8 por ciento en impuestos al patrimonio. “Me canso de convencer a gente que no se vaya a Uruguay”, agregó.

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